Política

Ortega se enrumba hacia “poder popular”

A través del decreto presidencial número 03-2007, el Ejecutivo creó cuatro instancias de participación ciudadana: Consejo de Políticas Públicas, de Desarrollo de la Costa Caribe, de Seguridad y Garantía Alimentaria, y de Comunicación y Ciudadanía. Estas instancias fueron aprobadas por el Parlamento, en la reciente reforma a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), a pesar del manifiesto temor de algunos sectores, que lo relacionan con los CDS del anterior gobierno sandinista.

La creación de varias instancias consultivas de instituciones públicas, surgidas por mandato de la recién reformada Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), causó desconcierto en algunos sectores, que dijeron temer el resurgimiento de los extintos Comité de Defensa de Sandinista (CDS); o la instauración de asambleas populares, ofrecidas por el presidente Daniel Ortega durante su campaña electoral.
También causó resquemor a esos sectores, que el Presidente se atribuyera más funciones de las establecidas en la Constitución, sin embargo, a petición de Ortega, los diputados ante la Asamblea Nacional, aprobaron el pasado 24 de enero, la creación de los consejos de Políticas Públicas, de Desarrollo de la Costa Caribe, de Seguridad y Garantía Alimentaria, y de Comunicación y Ciudadanía, que dirige Rosario Murillo, esposa del mandatario.
El sociólogo Orlando Núñez, que dirige el Consejo de Seguridad y Garantía Alimentaria, explicó que esos organismos se formarán en cada departamento del país y serán instancias estratégicas, porque pretenden potenciar los recursos que existen en las instituciones, y organismos civiles de cooperación, a fin de promover proyectos conjuntos, que beneficien a la población más pobre, sobre todo del campo, dónde se concentra el 75 por ciento de la pobreza del país.
Ese Consejo cuenta con varios componentes: construcción de 200 mil viviendas por un período de cinco años; bono productivo alimentario a ejecutarse a través de las alcaldías, que iniciará en su primera etapa en mayo próximo, y generará empleos, primero para dos personas por cada una de las 15 mil familias que serán favorecidas al año en las comunidades más pobres.

Créditos en especies
Consiste en otorgar a cada familia campesina un crédito de dos mil dólares o su equivalente en especies, es decir, entregarles animales de corral, semillas y asistencia técnica, plantas frutales y otros vegetales, para producción de alimento animal, entre otros.
El programa contempla la repoblación ganadera con 75 mil cabezas de ganado vacuno, generado 150 mil empleos y construcción de 200 mil viviendas a familias de escasos recursos, durante los próximos cinco años, además de otros beneficios, como procesamiento del estiércol animal, mediante un biodigestor, para generar bioabono y gas metano, lo que evitará el consumo de leña.
“Queremos generar recursos y capitalizar a las familias campesinas productoras de alimentos, con una serie de bienes de capital, que a su vez producen una serie de alimentos, como la vaca que produce leche, queso, crema y carne; la gallina, que produce huevos y carne, además que lleva un componente de sanidad ambiental”, destacó Núñez.
Anotó que aunque ese programa tiene un enfoque productivo, no descuida la nutrición de los niños en edad escolar, quienes recibirían una galleta nutritiva y su vaso de leche.

Nuevo esquema: las asociaciones
“El gobierno anterior priorizaba a las corporaciones. Este gobierno priorizará las asociaciones, porque el sujeto principal es el productor, principal generador de la riquezas, empleos, alimentos y divisas; entonces, tenemos la posibilidad de impulsar una estrategia productiva de combate a la pobreza, y no solamente de asistencia social”, comentó.
Según Núñez, su funcionamiento no implicará abultar la burocracia ni aumentar el gasto del erario, considerando que sólo se crearán células que integrarán a cuatro o cinco personas, encargadas de coordinar acciones con las instituciones públicas, ONG, y cooperativas de ahorro y crédito que laboran con el campesinado nacional.
“Otra ventaja que tenemos es que este programa cuenta con el consenso de la comunidad donante y los objetivos de desarrollo de la Cuenta del Milenio, que busca combatir la pobreza. Están con nosotros las 14 agencias de las Naciones Unidas, que tienen como prioridad el combate a la pobreza, igual el gobierno de Nicaragua, ONG y cooperativas, entonces, tenemos consenso, andamiaje institucional y social, así como los recursos”, expresó Núñez.
Sin embargo, algunas representantes de sectores sociales, como la diputada Mónica Baltodano, directora de la Fundación Popol Na, y el secretario ejecutivo de la Coordinadora Civil, Mario Quintana, cuestionan la viabilidad de estas estructuras. Estiman que se duplicarán las funciones ante la existencia de los Comités de Desarrollo Municipal, creados por la Ley de Participación Ciudadana.
El artículo 38 de esa norma indica que el Poder Ejecutivo puede crear las instancias consultivas de participación ciudadana, como espacios de participación, denominados Consejos Nacionales Sectoriales. Estos consejos servirán de “espacios de convergencia sectorial entre el Estado de Nicaragua y la sociedad”.

Resoluciones vinculantes
Según Baltodano, estos consejos “sirven para trazar las grandes líneas del desarrollo del municipio y para elaborar planes de desarrollo municipal, lo que permite que los diferentes sectores se armonicen, y busquen mejorar el nivel de vida de las personas”. Considera que lo normal es que las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil trabajen por su cuenta, y el trabajo sea menos funcional.
Para Quintana, las resoluciones de los Consejos a crearse deben tener carácter vinculante, es decir, que sus resoluciones deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios públicos.
“Necesitamos establecer un equilibrio para que las resoluciones de esos Consejos sean vinculantes, de lo contrario, puede haber muchas consultas sobre un tema de interés, pero poca responsabilidad de asumir por parte de las instituciones, de las propuestas hechas por la sociedad civil”, alertó.
Núñez replica y asegura que de todos los programas de combate contra la pobreza existentes a la fecha, los pobres se benefician con apenas un diez por ciento de la ayuda que recibe el país, mientras el restante 90 por ciento se queda en burocracia, y puso como ejemplo, que diez consultores que devenguen 20 mil dólares mensuales, consumen 220 mil dólares por mes.
Según Núñez, con el salario de cuatro de esos consultores o asesores podría financiarse el funcionamiento anual del Consejo.
Posiblemente haya muy buena intención del gobierno en impulsar el combate a la pobreza, pero no toda la comunidad donante conoce ese programa, pese a la aseveración de Núñez, ya que Juan Sebastián Chamorro, representante de la Cuenta Reto del Milenio, dijo desconocer sus objetivos.

Ortega: “Le tienen terror a los Consejos”
“No tenemos conocimiento, sólo lo que ha salido en los medios. Como Cuenta del Milenio, lo que hacemos es ejecutar los fondos de la donación estadounidense, de 175 millones de dólares, que se ejecutarán para ayudar a los productores de Occidente, y construir carreteras, resguardar áreas protegidas y otorgar títulos de propiedad”, explicó.
Según Núñez, los Consejos tuvieron su origen en un decreto presidencial que emitió el entonces presidente Arnoldo Alemán, que posteriormente fue modificado por Enrique Bolaños.
“Le tienen terror a los Consejos. Lo democrático es hacerlo todo de consenso. Los Consejos sirven para llamar, discutir y tomar decisiones con ellos”, comentó el presidente Daniel Ortega, durante su comparecencia ante el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua.
El mandatario explicó que éstas no son más que una forma de participación ciudadana. “No queremos que un ministro o el presidente se crea rey”, expresó.
Ortega dijo que los Consejos permitirán que los involucrados tomen e decisiones. “Todos (los sectores) son parte y deben hacerse escuchar. Queremos que todos estén claros de que somos simples empleados, antes que nada, el Presidente es un empleado”, reiteró.
Recordó que el Consejo Nacional de Planificación Económica Social (Conpes) fue impulsado durante la Administración de Arnoldo Alemán, por instancia del Frente Sandinista (FSLN).

Paquete alimentario para 75 mil familias
El costo global del Programa es de 30 millones de dólares anuales, a un ritmo de 15 mil familias atendidas, para una meta quinquenal de 75 mil familias y 150 millones de dólares.
La mujer es quien recibe la propiedad de los bienes, los que deben entregarse en especie (bonos para proveedores).
El organismo que acompaña debe dar asistencia técnica. En caso de donación, se debe recuperar el valor de los bienes (25% a 50%), para formar-capitalizar una cooperativa de ahorro y crédito. En caso de crédito externo, cobrar como máximo el 10% de interés anual.
Los bienes entregados sirven como garantía y se legalizan al cancelar la deuda.
Paquete total: 75 mil vacas, cinco mil toros y alambre de púas, 75 mil cerdas, cinco mil verracos y porquerizas, 75 mil módulos avícolas, 75 mil huertos familiares, 75 mil cocinas de gas con dos tanques, material para producción de alimentos, animales, transporte. Más 20% en gestión y capacitación.

La estrategia
Producción diversificada intensiva y autosostenible de alimentos. El punto de partida de una estrategia alimentaria consiste en lograr que a un año plazo, la familia campesina esté produciendo el alimento de origen animal y vegetal que necesita para su alimentación, así como rubros para forraje, sombra, medicinales y de ornamentación.
La producción de alimentos por parte de la familia campesina va más allá de la subsistencia familiar, pues la misma tiene la capacidad de suministrar abundantes alimentos a los sectores urbanos, contribuyendo así a mejorar la alimentación de toda la nación.
La importancia de la producción de alimentos se refleja, además, en la generación de ingresos para el campesinado por la comercialización de sus excedentes, en el aumento de la demanda efectiva y en el fortalecimiento del mercado interno, hechos que contribuyen al mejoramiento del bienestar social de la población rural.

Resultados en el primer año
10.8 millones de litros de leche.
32.4 millones de huevos
15 mil terneros.
375 mil aves.
300 mil cerdos.
500 mil árboles frutales y energéticos.
Un mil manzanas de hortalizas de patio.
Reducción del 50% del consumo de leña.
Formación de más de 500 cooperativas (servicios, ahorro y crédito).
Mitigación del hambre y la pobreza en las familias rurales y suministro de excedentes alimentarios para las ciudades.

(Fuente Cipres)

Marco legal de los Consejos
El decreto presidencial número 03-2007 define los Consejos de Políticas Públicas como “sucesor sin solución de continuidad de las funciones asignadas con anterioridad a este decreto, a la Secretaría de la Presidencia, asesores y Secretaría de Asuntos Legales”.
Entre las funciones de estas instancias está elaborar para la aprobación del Presidente, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia, una “estrategia de políticas nacionales dentro del marco de la democracia directa”.
El Consejo de Políticas Nacionales debe coordinar “los procesos de decisión y gestión de las políticas nacionales prioritarias en estrecha colaboración con los actores e involucrados del gobierno y de la ciudadanía participante como expresión de la democracia directa en una democracia de ciudadanos”.
Al Consejo de la Costa Caribe se le designa encargarse de la coordinación de las políticas públicas, dirigidas a programas y proyectos específicos para los habitantes de las regiones autónomas, lo que contempla el rescate de su cultura.
Rosario Murillo, explicó que el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que ella dirige, tendrá la facultad de “trabajar para que cada ciudadano nicaragüense conozca sus derechos constitucionales y pueda ejercerlos. Es lo que representa la construcción de Ciudadanía y Democracia, que podamos vivir en un país donde cada persona tiene conciencia plena de sus derechos, y sabe cómo ejercerlos”.
El Decreto Presidencial establece que este Consejo tiene como potestad: “diseñar políticas, planes, programas y acciones, para promover una cultura para la realización de los objetivos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, mediante la conservación de los valores y costumbres nacionales, y la realización de la creatividad y capacidad de innovación de los nicaragüenses, a ser fortalecidos con la democracia directa de la democracia de ciudadanía”.

(Colaboración de Matilde Córdoba y Ary Neil Pantoja)