Política

Presidente CSJ clamorea por baja de los salarios

* La reducción salarial “es una mentira, una fantasía, una ficción”, declara magistrado presidente Manuel Martínez * “Si mañana me ofrecen mil dólares y no me parece, me voy a mi finca”, desafía

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, criticó la reducción salarial que el Ejecutivo decretó, diciendo que cree que “es una mentira, una fantasía, una ficción”, que sólo sería aceptable si es que es ordenada por la Asamblea Nacional por medio de una ley, porque “no pueden” estar sujetos a decretos que pueden ser cambiados mañana.
“¿Han preguntado adónde van esos fondos? Si es la juventud, ¿quién los va a recibir?¿Cómo?”, interrogó Martínez, quien señaló que si a él le dicen mañana que va a dar un mil dólares de su salario, como no, si me parece me parece, sino me voy a mi finca”.
Martínez apuntó que la reducción salarial no es un asunto de voluntad, sino de ley, “porque yo no me impuse el salario. Hay una ley que impuso el salario. Si cambian la ley, yo la acato, y si me la aumentan, también. Ése es un estado de derecho. No se trata de estar inventando que yo me preocupo más por el pueblo. Yo me preocupo por el pueblo, pero de verdad”.

Iniciativa de Porras
Mientras Martínez ofrecía estas declaraciones, el diputado Gustavo Porras introducía ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley destinada a reducir los salarios de los magistrados de los miembros de los poderes Judicial y Electoral, así como el de los diputados, procuradores, contralores, alcaldes, asesores y consultores nacionales e internacionales.
La propuesta de Porras incluye el decreto que recientemente emitió el pasado 22 de enero el presidente Daniel Ortega, donde redujo sustancialmente los salarios de las instituciones bajo su jurisdicción, el cual estipulaba 3,200 dólares al Presidente y 3,100 al Vicepresidente.
En el artículo 6, la propuesta del diputado para los magistrados de la CSJ, el CSE, el Procurador General de la República, de Defensa de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República, ministros, diputados y secretarios de la Presidencia será de 3,000 dólares mensuales.
El salario de los presidentes o directores ejecutivos de los entes autónomos y descentralizados será de 2,900 dólares; viceministros, Fiscal General Adjunto, presidentes o directores de entes autónomos descentralizados, superintendente de Bancos, procurador de Justicia, subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el intendente de la Propiedad tendrá un salario mensual de 2,800 dólares.

Vicepresidentes o directores de entes
En el artículo 9 del proyecto se define un salario de 2,700 dólares a los vicepresidentes o subdirectores de los entes autónomos descentralizados, mientras que los sueldos del vice superintendente de bancos y secretarios generales será de 2,600 dólares.
En el artículo 11 del proyecto se establece un salario de 2,400 dólares para los directores generales y gerentes de los distintos poderes de Estado y descentralizados, mientras que para los subdirectores y vicegerentes de los poderes de Estado y los entes autónomos será de 2,200 dólares.
El salario de los asesores y consultores de los distintos poderes de Estado, entes autónomos y descentralizados será de 2,000 dólares mensuales, según la propuesta.

Nadie podrá ganar más que Ortega
El proyecto establece en el artículo 14 que ningún funcionario de la administración pública o de los otros poderes de Estado podrá recibir un salario superior al que devenga el Presidente de la República.
Agrega también que a los funcionarios públicos que gozan de pensión vitalicia pagada con dinero del Presupuesto Nacional, en virtud de cargos ocupados anteriormente y lleguen a ocupar un cargo público en cualquiera de las instituciones de la administración pública, se les suspenderá automáticamente. Las pensiones serán reactivadas únicamente a partir del momento en que los funcionarios dejen de percibir salario proveniente del Presupuesto de la República.

Inventario de vehículos
Además, el proyecto propone que 30 días después que la ley entre en vigencia los poderes de Estado e instituciones públicas y las alcaldías del país, “deben entregar un inventario de todos los automotores a la Contraloría y a la Policía Nacional para su debido control y fiscalización”.
La ley le dará facultades a la Policía de requisar y retener los vehículos propiedad del Estado, la licencia del conductor e imponerle una multa de mil córdobas y cinco mil al funcionario o empleados que autorizó la circulación de un vehículo estatal fuera de horas laborales.

Ahorro sería de treinta millones de córdobas al año
Con esta reducción salarial el Estado se ahorrará anualmente 30 millones de córdobas, dijo el proyectista, quien afirmó que el mayor número de dinero se ahorrará en los salarios que reciben los consultores de parte de los organismos internacionales.
En la legislatura de 2005, la Asamblea Nacional aprobó una iniciativa similar de reducción salarial de los altos funcionarios públicos, pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley, alegando que los diputados no
pueden establecer disposiciones hacia otros poderes de Estado.