Política

Justicia actúa hasta que ocurren los colmos

* Si los medios de comunicación no denuncian, nadie en el sistema judicial toma medidas

Tania Sirias

La justicia en Nicaragua está muy por debajo de la crisis económica y de otros déficit, estimó el jurista Sergio García Quintero al analizar el caso publicado por EL NUEVO DIARIO, donde el juez de Audiencias del Distrito Penal de Rivas, Edward Peter Palma, es señalado por la población rivense como corrupto.
El connotado abogado dijo que en estos casos es en los que la democracia se encuentra en peligro, pues la corrupción ha encontrado un caldo para proliferarse. “Ahora los medios llaman mafiosos a estos jueces, pues no reciben sanción alguna de parte de la Corte Suprema de Justicia”, expresó García.
Lamentó la situación en que se encuentra la justicia en nuestro país, donde un magistrado del Poder Judicial dice que “hay retardación de justicia porque la política incide enormemente. Éstas son confesiones que se prevarican dentro de la Corte y se continúa de una manera inalienable en la administración de la justicia pública”, dijo García Quintero.

Población tolerante ante atropellos
Aseveró que desde hace tiempo en nuestro país la justicia debe aplicarse también a jueces y magistrados, pues se deben sentar precedentes para quienes atropellen la justicia, sin embargo, algunos comenten infinidad de delitos y se retiran con grandes fortunas ante la tolerancia del pueblo.
Por su parte, el jurista Cairo Manuel López afirmó que el papel de la ciudadanía debe influir de tal manera que logre inquietar al Poder Judicial para que tome las medidas correspondientes, y así realice una previa investigación sobre estas irregularidades.
La Corte Suprema de Justicia está interesada en mantener a personas que tengan honorabilidad y sobre todo honestidad en el manejo de sus funciones. En el caso del juez que no esté actuando con apego a la ley, las personas afectadas pueden introducir recursos, dijo López.

CPP deja en desprotección a víctimas
Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), dijo que desde que se comenzó a emplear el Código Procesal Penal (CPP), los resultados indican que deja en desprotección a la víctima o a los ofendidos, pues garantiza primeramente los derechos de los procesados.
El CPP afirma que la última medida cautelar es la privación de la libertad, pero desde el lado del ofendido, esta acción no es tomada de buena manera. Además agregó que otras veces las leyes se aplican a discrecionalidad de quien imparte justicia
“Hay situaciones donde el detenido goza de privilegios a pesar de que la ley no los contempla. En el caso de tráfico de drogas y lavado de dinero, existen prohibiciones, las cuales llegan al grado de absolutas, e incluso se consideran leyes draconianas, sin embargo, la autoridad competente no aplica esa garantía con personas que sufren enfermedades terminales, por lo que algunas mueren en los penales”, dijo Carrión.

Discriminación deliberada
Aseguró que existe una discriminación deliberada de la justicia, citando el caso del ex presidente Arnoldo Alemán, que cuando quiere apelar a la legalidad, se apega al derecho de la vida plasmado en nuestra Constitución Política.
Carrión afirmó que Peter Palma tiene dos quejas ante el Poder Judicial, siendo una de éstas la liberación de dos guatemaltecos que fueron capturados en Peñas Blancas con un millón 200 mil dólares escondidos en el compartimiento de una camioneta.
Asimismo, lamentó que este juez haya otorgado arresto domiciliar al mexicano-americano Eric Volz, acusado del asesinato de Doris Ivania Jiménez, oriunda de San Juan del Sur. “Como defensores de los derechos humanos, daremos seguimiento a este caso, para exigir justicia, especialmente en el caso de la joven asesinada”, concluyó.