Política

Impugnaciones, zona de peligro

* Centro Carter teme impugnaciones políticas, más que jurídicas * Ceela cree que si proceso es limpio y transparente, no habrá razón para reclamar * Ética y Transparencia no cree en impugnaciones masivas y más bien se apunta por las quirúrgicas

Ary Pantoja

Observadores electorales nacionales e internacionales coinciden en que las impugnaciones a los resultados electorales que hagan los fiscales de los partidos políticos participantes en la contienda
electoral deben hacerlas ape-
gadas a la ley y a la normativa establecida por el Consejo Supremo Electoral.
El representante del Centro Carter en Nicaragua, Jaime Aparicio, llamó a los fiscales de los partidos políticos a no realizar impugnaciones de resultados electorales con fines político-partidarios.
“Hacemos un llamado a lo que nosotros llamamos impugnaciones responsables, es decir, que no haya políticas premeditadas de impugnar votos o impugnar actas (de conteo) con fines partidarios o políticos, porque eso daña a la democracia, retrasa el proceso y aumenta la desconfianza de la gente en un ambiente ya polarizado”, expresó.
Para Aparicio, el que lleguen a presentar impugnaciones masivas de Juntas Receptoras de Votos (JRV) sin aparente asidero jurídico “agravaría los problemas e incrementaría la desconfianza entre la población”.
“Con un solo caso que hubo en las elecciones municipales (de 2004) en Granada se volvió emblemático. Si esto lo reproducimos en varios lugares, entonces creo que la preocupación es genuina, sobre todo en el Consejo Supremo Electoral que espera que no haya una avalancha de impugnaciones”, explicó.
Aparicio cifró sus esperanzas en que no haya “impugnaciones irresponsables”. Aseguró que la normativa emitida por las autoridades del CSE limita las posibilidades de impugnación fuera del marco jurídico.
“Las causales de impugnación de resultados están predeterminadas y eso va a reducir las impugnaciones que no tengan un carácter obviamente ligado a lo que prescribe la ley”, dijo.

Normativa no incluye recuento de votos
Aparicio resiente el hecho de que la Normativa de Impugnaciones no incluye que en última instancia, en caso de una objeción a los resultados en una JRV, se recurra al recuento de votos.
“Lo que queda como preocupación es que no haya una especificación de que en caso de una alteración de un acta de escrutinio se vaya a recurrir como última instancia al recuento del voto que creo que es la fuente legítima de una elección”, expresó Aparicio.
Agregó que los aspectos que no queden claros en la normativa debieran aclararse previo a la elección, precisamente para evitar confusiones que conlleven una impugnación sin fundamento.
“Si hay actas alteradas y hay un acta que cumple con todas las reglas, que ésta sea la válida. Y si no es así, que exista la posibilidad de ir al recuento de votos”, insistió.

Una tentación
Para el representante del Centro Carter es difícil prever si habrá impugnaciones masivas, sin embargo, es un hecho que no descartó totalmente, sobre todo como “una tentación para ganar votos”
“Es difícil saber si habrá o no una impugnación masiva. En un caso de elección muy reñida, como ocurrió en México, no se descarta totalmente que haya la tentación de los partidos políticos de acudir a las impugnaciones, como una forma, más que de señalar defectos, para ganar votos”, señaló.
A juicio de Aparicio, en una elección cuyo margen de votos entre el primero y segundo lugar es grande, no necesariamente se darán impugnaciones. “Siempre el peligro se da cuando una impugnación puede cambiar el resultado, como es la historia del caso de Granada y es aquí donde se da el problema”, reiteró.
En este sentido, Aparicio insistió en que en casos como el de Granada el CSE debería recurrir al recuento de votos para garantizar la transparencia del proceso.
El representante del Centro Carter dijo que el peor escenario, en caso de impugnaciones masivas, sería una confusión en los resultados de la elección, lo que se convertiría en un total retraso en la publicación de los resultados finales.
“Siempre en la incertidumbre, en un ambiente polarizado y de desconfianza, éste es el peor de los escenarios y esperamos que eso no ocurra”, dijo.

Ceela: “En un proceso transparente no habrá necesidad de impugnar

El representante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), Wilfredo Penco, explicó que el recurso de impugnación es el instrumento jurídico con el que cuentan los partidos políticos para “rectificar errores o irregularidades de una elección”, pero advirtió que este recurso puede también convertirse “en un medio fundamentalmente político”.
A juicio de Penco, el objetivo de la impugnación como un medio político es crear inestabilidad, y ello, según dijo, podría provocar problemas en el proceso electoral.
Penco no descartó la posibilidad de impugnaciones masivas si el resultado de la elección del cinco de noviembre es muy estrecho, sin embargo, recordó el reciente caso en Perú, cuando los entonces candidatos presidenciales Alan García y Lourdes Flores se disputaban el segundo lugar para pasar a la segunda vuelta electoral.
Penco dijo que durante el conteo de los votos, cuando se marcó con claridad que quien pasaba a segunda vuelta era Alan García, el partido de Lourdes Flores retiró los centenares de recursos de impugnación que había interpuesto.
“Esto es una prueba de que en realidad el interés político estaba predominando sobre el eminentemente jurídico para rectificar un error o una irregularidad”, expresó.
Según Penco, si se introduce un recurso de impugnación por cuestiones meramente políticas se ponen en peligro las elecciones y el sistema electoral en su conjunto.

Hacer buen uso del recurso
Penco hizo un llamado a los partidos políticos a hacer un buen uso del recurso de impugnación. “El recurso de impugnación existe para rectificar errores o irregularidades y es imprescindible usar este procedimiento con absoluta responsabilidad”, enfatizó.
En este sentido, dijo, la legislación que regula este procedimiento debe ser clara. “El hecho que da lugar a la impugnación debe ser un hecho verificado y documentado. Si se trata de la anulación de un voto, el fiscal que después va a promover esa impugnación tiene que dejar constancia en el acta correspondiente”, explicó.
Penco hizo hincapié en la importancia de que los fiscales dejen constancia del error o anomalía que detecten en las actas de escrutinio, a fin de argumentar posteriormente la impugnación que pretenden realizar.
“El órgano electoral que está llamado a decidir sobre el asunto en cuestión no va a poder dar lugar a una impugnación, cuyo hecho no ha quedado documentado”, insistió.
Coincidió con Aparicio en lo perjudicial que resultaría para el proceso electoral una impugnación masiva de resultados, sobre todo si éstas se originan por argumentos políticos, más que jurídicos.
“No se puede impugnar por impugnar. El recurso de impugnación tiene que aportar los elementos probatorios que den lugar a una resolución por parte del órgano competente, de lo contrario quedaría en evidencia una finalidad distinta que es la de corregir la eventual irregularidad cometida”, explicó.
Ante la posibilidad de que fiscales de algunos partidos políticos mal interpongan recursos de impugnación producto de una deficiente capacitación, Penco dijo esperar que los partidos políticos hayan tomado las providencias necesarias para que esto no ocurra.

Ética y Transparencia no cree en objeciones masivas

El director ejecutivo del Organismo Cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney, dijo no creer en que se vayan a dar impugnaciones masivas, al menos en la elección que corresponde a Presidente de la República. Courtney se inclinó más a “impugnaciones estratégicas”.
“El tema de las impugnaciones no es el problema que sean masivas, sino que sean estratégicas, quirúrgicas. La posibilidad de que las impugnaciones tengan un efecto es en aquellas diputaciones que sean decididas por resultados muy estrechos”, explicó.
Courtney insistió en que las impugnaciones se podrían dar en la elección de diputados y no en la de presidente y vicepresidente; pero además, considera que no serán masivas.
“Por ejemplo, si la diferencia entre obtener un diputado o no obtenerlo es de 10 mil votos no hay impugnaciones posibles, porque tendrían que ser masivas; tendrías que impugnar 200 Juntas Receptoras de Votos en las que perdiste ampliamente para cambiar el resultado, entonces no hay espacio para impugnaciones masivas”, explicó.
Agregó que no ocurre lo mismo en lugares donde la diferencia de votos es mínima y que la impugnación de una sola JRV puede cambiar el resultado, “convirtiendo al ganador --si se cuentan todos los votos-- en el perdedor, si se elimina una que otra JRV”.
“No es la masividad de las impugnaciones, sino, al contrario, la selectividad de que se impugne en ciertos lugares, lo que va a cambiar el resultado y va a dar a uno u otro partido el diputado que requiere”, enfatizó.

El temor
Courtney justificó el temor de los partidos políticos en torno a las impugnaciones y solicitud de nulidad de un resultado, cuya potestad recae en los partidos Frente Sandinista (FSLN) y Liberal Constitucionalista (PLC), que controlan el Consejo Supremo Electoral (CSE).
“El reglamento de impugnaciones hace relativamente fácil solicitar que el Consejo Supremo Electoral decida si anula o no una JRV y la preocupación de los partidos políticos es la composición partidaria del CSE, que le da todo el poder a dos partidos y deja a tres en la más absoluta indefensión”, señaló.
Agregó que la composición partidaria del CSE provoca temor en la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Alternativa por el Cambio (AC), “sobre todo cuando es al CSE al que le toca decidir a quién le corresponde tal o cual diputado”.
Para Courtney lo importante no está en qué partido introduce más impugnaciones, sino qué impugnaciones son aceptadas o rechazadas por el CSE. “Es fácil solicitar que se anule una JRV, pero el que decide si se anula esa JRV es un tribunal electoral compuesto por dos partidos y con fuerza mayoritaria de uno solo y eso preocupa a los demás partidos”, expresó.

En elección para diputados
Courtney insistió en que las impugnaciones se darán en la elección de diputados y no necesariamente en la de presidente, por una sola razón: la enorme cantidad de Juntas Receptoras de Votos que tendrían que anularse para cambiar un resultado adverso en el caso de la elección presidencial.
“La elección presidencial tiene un padrón de 3.5 millones de personas. Supongamos que votan 3 millones; el 10 por ciento de 3 millones es 300 mil personas; el uno por ciento, son 30 mil votos; el medio por ciento es 15 mil votos; una cuarta parte del uno por ciento son siete mil 500 votos. Para anular 7,500 votos, a 300 por cada JRV, tendrías que anular 20 juntas”, explicó.