Política

Fiscales pueden berrear, pero no decidir

Cinco agrupaciones políticas que se disputarán la silla presidencial y el control del gobierno en las elecciones del próximo 5 de noviembre, han puesto todo su empeño en designar y capacitar a sus fiscales, sobre cuyos hombros recaerá la responsabilidad de garantizar que la contienda se desarrolle de manera transparente. Excepto el representante del Frente Sandinista, los representantes de las agrupaciones políticas participantes en la contienda electoral, han exteriorizado sus temores de un posible fraude en los comicios, incluyendo el PLC, a pesar que cuenta con magistrados ante el Poder Electoral.

William Briones

La posibilidad de un fraude electoral está latente en la mente de las dirigencias de las organizaciones políticas participantes en las elecciones presidenciales, máxime con el reciente caso de México, en donde el candidato Manuel López Obrador, quien apenas había colocado el 70 por ciento de los fiscales en las mesas electorales, fue derrotado por un estrecho margen.
De ahí a la importancia y determinación de los directivos de las cinco organizaciones políticas, por designar a los 11,274 fiscales en igual número de Juntas Receptoras de Votos (JRV), quienes harán la diferencia entre el triunfo y la derrota electoral de cada una de las agrupaciones políticas participantes en la contienda del próximo 5 de noviembre.
Ese día se elegirán a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados nacionales y departamentales, y 20 legisladores ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La sospecha de un eventual fraude electoral, recae sobre el Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), instituciones políticas que de acuerdo con la Ley Electoral, controlan las estructuras del Consejo Supremo Electoral (CSE).
No obstante, el Poder Ejecutivo tampoco se escapa de la lista de sospechosos.
De acuerdo con el fiscal nacional del FSLN, Juan José Úbeda, el Gobierno del presidente Enrique Bolaños podría incidir en los resultados electorales, mediante los cortes de energía eléctrica, en caso de que la tendencia sea negativa para su candidato presidencial de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre.
De ahí, que el FSLN, el PLC, ALN, Alternativa por el Cambio (AC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hagan especial énfasis en la capacitación de todo un ejército de fiscales, que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar la transparencia electoral para evitar un fraude.
Los fiscales han sido dispuestos para vigilar todo el proceso electoral, desde la elaboración de las boletas, que concluyó oficialmente el pasado jueves, hasta su embalaje.
Igual cosa se proponen hacer con el empaque de las maletas electorales y la transportación de ambos, hasta los Consejos Electorales Departamentales (CED), Consejos Electorales Municipales (CEM) y las JRV.
Posteriormente fiscalizarán el proceso de votación y escrutinio, transmisión y procesamiento de datos, archivo, revisión aritmética, impugnaciones.
Cabe destacar que un alto porcentaje de fiscales, son veteranos en esas lides, pues han participado en similar responsabilidad en anteriores comicios; además, cuentan con mayor capacitación, brindada por las organizaciones contendientes.
Adicionalmente, el CSE tiene registrados a unos 13 mil observadores nacionales e internacionales.
Juan José Úbeda, fiscal nacional del FSLN, rechazó que su partido pretenda un fraude.
“El FSLN es el más interesado en que las elecciones sean limpias, porque tenemos las mejores posibilidades de ganar. Queremos que el triunfo electoral sea lo más legítimo posible”, manifestó.
30 mil fiscales
Destacó la importancia de que los fiscales y observadores corroboren los resultados electorales, “no queremos ganar con fisuras, para que no haya señalamientos de fraude. Los fiscales del FSLN no estamos para hacer trampas, sino para garantizar transparencia”.
Úbeda desestimó la posibilidad de que en Nicaragua se repita el caso mexicano. “La defensa del voto es sumamente importante, considerando que en elecciones como en México, Manuel López Obrador no haya puesto fiscales en una buena cantidad de juntas, perdiera una elección que la población le había brindado, pero la falta de organización y la capacidad de defender el voto lo llevó a perder las elecciones”, observó.
Según el fiscal del FSLN, el Poder Ejecutivo tiene mayor posibilidad de sabotear las elecciones, a través de la suspensión del servicio energético, para tratar de evitar un triunfo electoral de su partido.
PLC teme a control del CSE
Oswaldo Arteaga, director nacional de Control Electoral del PLC, desestimó que se produzca un fraude electoral, debido a que cuentan con toda una estructura capacitada que, “por principios”, no bajará la guardia ante posibles sorpresas, aunque deja claros sus temores por lo que puedan hacer sus contendientes.
Explicó que el PLC cuenta con 11,500 fiscales que supera en 226 el número de JRV, excedente que servirá para cubrir la supervisión de las juntas virtuales que podrían crearse; además, que cuentan con una reserva adicional de aproximadamente un diez por ciento para atender los departamentos de Matagalpa, León, Chinandega y Managua.
Dijo que el PLC cuenta con una estructura que denominan Centros de Operaciones Liberales (CEOL), que funcionan en todo el país.
Pese a toda esa organización, Arteaga no descartó que durante el escrutinio pueda suceder que “un fiscal vea que su partido va perdiendo, y haga como cuando estábamos chavalos: no le gustan los resultados, arrebatan las actas, las daña y arruga”.
“Puede ocurrir que en vez de 66 votos ponen 76, eso mancha el documento y causa nulidad. Eso nos preocupa, es a lo único que le tengo miedo, por eso hemos insistido en la capacitación”, sugirió.
Considera peligroso que a un candidato le falten pocos puntos para alcanzar el 35 por ciento de los votos escrutados requeridos por la ley para alzarse con el triunfo electoral, porque podrían hacer de todo para lograrlo.
Según Arteaga, esa posibilidad podría ser ejecutada solamente por los que controlan el CSE, en clara alusión al Frente Sandinista, obviando que también el PLC está representado en ese Poder del Estado.
ALN: no habrá fraude, pero teme
Carlos García, fiscal nacional de ALN, asegura que cuentan con suficientes fiscales para ubicarlos en las JRV, de los cuales el 80 por ciento ha sido capacitado.
García confiesa sus temores por un fraude electoral ante las exigencias y supuestos obstáculos que estarían poniendo las autoridades electorales departamentales a la acreditación de sus fiscales, porque les están exigiendo la presentación de dos fotografías.
“La ley pide como único requisito copia de la cédula de identidad. Ese es un nuevo obstáculo”, observó.
García sospecha que este requisito pretenda impedir el acceso de los fiscales que no pertenezcan al PLC y FSLN, con miras a un fraude electoral.
“Les hemos dicho que deben estar al pie del cañón al momento del cómputo. Tenemos un proceso de conteo rápido, y la única forma (que ocurra el fraude) es que nos alteren las actas, por eso les hemos instruido a los fiscales a que no se despeguen de los presidentes de las JRV”, confirmó.
Mientras tanto, Ana Quirós, fiscal electoral del MRS, comentó que no existe certeza de que se produzca un fraude electoral, y coincidió con sus homólogos de otros partidos en la importancia de los fiscales, por lo cual, han capacitado a 18 mil fiscales de JRV.
“Buscamos cubrir primero las JRV urbanas y tratar de contar con la mayor cantidad de fiscales en las JRV rurales, no es que no tengamos gente, sino que hay lugares extraviados para la capacitación”, admitió.
Identifican fuentes del fraude
Según Quirós, existen varios momentos en que puede producirse un fraude electoral. “Los fiscales tienen derecho al berreo, pueden criticar o impugnar, pero no tomar decisiones. Ahí hay una primera fuente de fraude”, identificó.
Otra forma de fraude, según la fiscal del MRS, radica en el atraso en la entrega del padrón electoral, porque contiene a muchos difuntos, cuyo número no está cuantificado, aunque calculan que oscila en un 5 por ciento.
Desdeñan a fiscales suplentes
Uri Rojas, encargado de Asuntos Electorales de AC, confesó que solamente acreditarán 11,245 fiscales propietarios, quienes no contarán con suplentes porque subestiman la labor que realizan.
Explicó que la misión de los fiscales suplentes es la de dormir en el local de las JRV la noche anterior de la contienda, para cuidar las boletas y el material electoral, “pero realmente eso le corresponde a los tres miembros de las JRV, así que esta vez no lo vamos a hacer”.
Rojas considera que no existe posibilidad de fraude electoral. “Las elecciones tienen una serie de fases que se han perfeccionado; no obstante, consideró que “el fraude no está descartado, es un hecho eventual, que puede darse en cualquier JRV. No podemos descartarlo”, dijo Rojas.
Asegura que ocurrió durante las pasadas elecciones municipales en Granada, San José de los Remates y Cuapa. “Ahí hubo un fraude legal, producto de la maquinación de los miembros de los partidos que controlan el CSE. El fraude nunca es burdo, sino un manejo dentro del marco legal, con visos de legalidad, que lo hace inexistente, nulo o fraudulento, pero como cobra carácter legal, queda como un acto legal”, manifestó.
Insistió que en esos tres municipios se produjo “un acto de inteligencia. Se comieron a los fiscales por falta de vigilancia o desconocimiento de la ley. En AC estamos preparados para evitar estas cosas y tenemos fiscales experimentados, aunque creo que es imposible que se repita”, confió.

Función de los miembros de JRV y los fiscales:
El presidente de la JRV verifica la legitimidad de la cédula o documento supletorio y le explica al ciudadano cómo votar.
Corresponde al primer miembro de la JRV manejar el padrón electoral, mientras el segundo miembro espera que el ciudadano vote, y posteriormente le marca el dedo pulgar con tienta indeleble.
Los fiscales deben permanecer detrás del primer miembro, observando la correcta verificación de la cédula, y que la foto del ciudadano corresponda a la que está en el padrón fotográfico que tiene en su poder el presidente de la JRV. Cada fiscal debe tener su guía para verificarlo paso a paso.