Política

“Que investiguen a Pedro Solórzano”


William Briones

El aspirante presidencial de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, se manifestó anuente a que la Contraloría General de la República (CGR) investigue al ex titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Pedro Solórzano, por los señalamientos de malos manejos durante su gestión en dicho ministerio.
“Nadie está por encima de la ley. La CGR está obligada a investigar, siempre y cuando no sea con fines o persecución política, de lo que yo soy objeto todos los días. Existen instancias correspondientes para investigar”, comentó.
Montealegre rechazó responsabilidad en el alto costo de la carretera Guasaule. “Ése no era mi papel. Quieren echarme la culpa”, advirtió.
Explicó que siendo titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) no era su función hacer de ingeniero o contratista. “No podía decidir montos de inversión en cada proyecto, lo que hizo el MHCP fue recibir la carta y decir: encontramos que el proyecto necesita más recursos para que no se usen los recursos del Estado”, dijo.
Candidato se reúne con Cámara de Turismo
El candidato de ALN se entrevistó ayer con directivos de la Cámara de Turismo, sector al que manifestó disposición de respaldar, en caso de ganar las elecciones en noviembre.
“El turismo es uno de los pilares del desarrollo del país. Debemos enfocarnos en políticas sectoriales que necesitan promoción del gobierno, para que a nivel externo se conozca de sus bondades. Hay que trabajar en el desarrollo institucional del país, lo que requiere inversión. Para eso es importante que haya tranquilidad”, consideró.
Lucy Valentí, Presidenta de la Cámara Nicaragüense de Turismo (Canatur), explicó que expusieron la preocupación de ese sector, de cara a las elecciones de noviembre.
Comentó que abordaron particularmente el tema de los Bonos de Incentivos Turísticos. Asimismo dijo que los legisladores argumentan estar a la espera de un estudio de impacto fiscal, por parte del MHCP. “Hemos hecho nuestro propio estudio, y sabemos que no causa impacto fiscal, por eso pedimos a los diputados que demuestren en la práctica lo que dicen, antes de las elecciones, aprobando ya la ley”, dijo.

"Yo no autoricé"

Licenciado
Francisco Chamorro
Subdirector
EL Nuevo Diario

Estimado licenciado Chamorro:

Es grato dirigirme a usted para referirme al artículo noticioso suscrito por el periodista Oliver Bodán y publicado en la edición de ayer de EL NUEVO DIARIO bajo los titulares “Montealegre aprobó sobreprecio de Solórzano a TRADECO” y “Montealegre le dio OK al Guasaule”.
(…) Deseo aclarar que los referidos titulares no se ajustan a la realidad de los hechos ni al contenido de la propia noticia, ya que asignan al suscrito en calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público, responsabilidades y atribuciones que no me correspondieron legalmente en el ejercicio de ese cargo.
No es facultad del Ministro de Hacienda revisar ni autorizar los costos iniciales ni las variaciones de costos de los proyectos de carreteras, salud, educación y demás obras de inversión que ejecutan los ministerios. La responsabilidad del Ministro de Hacienda, atendiendo solicitud de los ministerios ejecutores, es garantizar que esos proyectos sean financiados a través del Presupuesto General de la República y, si se van a financiar mediante un préstamo externo, gestionar los recursos y asegurar que sean otorgados en condiciones financieras concesionales.
En el proyecto de Rehabilitación de la Carretera Chinandega –Guasaule me correspondió, como Ministro de Hacienda y gobernador de Nicaragua ante el BCIE, autorizar el inicio de las negociaciones entre el BCIE y el MTI para la obtención de un crédito adicional que permitiera concluir el proyecto y asegurar que ese crédito tuviera el debido nivel de concesionalidad.
Tal como se evidencia en la carta que envié al BCIE el 23 de junio de 2003, cuya copia se publicó en el reportaje, cumplí dichas funciones con estricto apego a la Ley, máxime en ese momento, cuando estaba negociando la condonación de la deuda externa a través de la Iniciativa HIPC.
También es oportuno aclarar a la ciudadanía que esa autorización para que el MTI iniciara la gestión de un crédito adicional con el BCIE fue emitida en junio de 2003, antes que se iniciara la ejecución de la carretera. Por ello, esa autorización no tiene ninguna relación con las dificultades y retrasos que se produjeron en los años siguientes durante la ejecución del proyecto.
Como Ministro de Hacienda no autoricé, porque no me correspondía legalmente hacerlo, la contratación de la empresa que ejecutó la obra ni la variación de los costos previstos inicialmente, ya que estos aspectos son competencia del Ministerio ejecutor del proyecto.
Por tal razón le solicito muy atentamente publicar la presente aclaración, que permitirá a los lectores de su prestigioso medio estar verazmente informados sobre mi actuación como funcionario público.
Al agradecer su atención, le saluda con las muestras de mi consideración y estima.

Eduardo Montealegre R.

Ex ministro del MTI desafiante

Esteban Solís -Pedro Solórzano aseguró ayer que no goza de ninguna protección especial del presidente de la República Enrique Bolaños, simplemente su escudo es la honradez. Incluso, llegó a afirmar que EL NUEVO DIARIO está frustrado porque no ha podido decir ¡bingo! porque el ex titular de Transporte hizo algo indebido.
Sobre las revelaciones hechas por este rotativo alrededor del “Coyotepazo”, dijo que todo se hizo bajo la ley. “Hablan de una propiedad de Los Rosales, y ésa es la propiedad que se compró porque está a la orilla de la carretera y son precios que fijaron las alcaldías de Nindirí y Masaya, son precios catastrales”, remarcó.
Chifleta a Alemán
En ese sentido afirmó que fueron 79 familias las beneficiadas y que en su momento, delegó al Secretario General del MTI esa labor. “Antes, en tiempo de Arnoldo Alemán, se decía que si usted quiere que en su sector el progreso esté presente, entonces regálele tierras al Presidente, eso quería decir que había que venderle barato al mandatario”.
Solórzano añadió que bien pudo aplicarse a esas familias la Ley de Derecho de Vía de 1952 que declara de utilidad pública la propiedad. Aseguró que todo lo hizo apegado a la ley y que ya contestó todo lo relacionado con ese asunto a la Contraloría General de la República, y que se hicieron más de 70 auditorías.
END constató que ninguna de las 74 propiedades adquiridas por el MTI en las cercanías de la antigua fortaleza de El Coyotepe han sido escrituradas a favor del Estado.