Política

Tres mil observadores en Nicaragua

* CSE tiene reglamento que delimita claramente sus funciones

Consuelo Sandoval

Casi trece mil observadores nacionales e internacionales integran la lista de fiscalizadores que vigilarán el buen desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, proceso que podría convertirse en el más vigilado de la historia de Nicaragua.
Esa cantidad de observadores rebasará el número que participó en los comicios del 25 de febrero de 1990, cuando resultó victoriosa Violeta Barrios, en los que solamente asistieron observadores extranjeros, debido a que no existían los organismos nacionales, mismos que fueron instituidos hasta en 1995.
Según el registro preliminar del CSE sobre los observadores internacionales, han sido acreditados 168 integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA); de la Unión Europea, 10, cifra que podría elevarse a 100 en la medida que se aproximen las votaciones; el Centro Carter, 18 miembros; el organismo Testigos por la Paz, 35; el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos (Ceela), 35; el Protocolo de Tikal, 20, y el Protocolo de Quito, otros 20.
En cambio, el CSE tiene inscritos a observadores nacionales por el Cedehca, 284; 74 del Cepad; Comisiones de Justicia y Paz, 101; el Instituto para el Desarrollo (Ipade), 585; Ética y Transparencia 8,888 miembros de un total de 11 mil que tiene previsto acreditar; además del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que todavía no ha registrado a ninguno de sus integrantes.
Normativa muy clara
El magistrado del Consejo Supremo Electoral, Luis Benavides, aseguró que han proporcionado total apertura al registro de los observadores, quienes únicamente deberán someterse a la normativa y reglamento electoral, la Ley y la Constitución.
El cuerpo colegiado dictó un reglamento de la observación electoral que contempla que los observadores deberán “reconocer y respetar la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos que de conformidad con la Constitución Política, la ley, normas y disposiciones emanadas del CSE, son competencia exclusiva de las autoridades electorales”.
El reglamento también señala que los observadores deberán actuar con “imparcialidad y neutralidad partidaria en los objetivos y actividades de la observación. Ésta debe ser objetiva, moderada y discreta”.
No observar más de la cuenta
Destaca que “por naturaleza y carácter complementario, las valoraciones de la observación electoral no vinculan ni repercuten jurídicamente en los resultados”.
“Ello implica, entre otras cosas, que ninguna persona o institución que actúe en calidad de observador en el proceso electoral podrá pretender suplantar o igualar, y mucho menos, adjudicarse atribuciones que legal y constitucionalmente son de la competencia exclusiva del Poder Electoral y de sus órganos subordinados.