Política

Inconsistencias en impugnaciones

* Ipade pide al CSE aclare qué va a prevalecer, si el acta original de escrutinio o las copias del acta en caso de alteraciones

Ary Pantoja

El director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, advirtió ayer sobre la “inconsistencia” que presenta, según él, la Normativa de Impugnaciones que emitió el Consejo Supremo Electoral al no dejar establecido claramente el mecanismo para anular la votación en una Junta Receptora de Votos (JRV).
“La principal inconsistencia es que no establece qué es lo que va a prevalecer en el caso de la documentación alterada, si va a prevalecer el acta original o la copia de la misma que no ha sido alterada, o la copia alterada, ese es el principal vacío y lo que hay que resolver”, señaló.
“El problema es que un fiscal o un miembro de mesa, si no le gusta la votación en esa mesa, puede alterar, dañar, cercenar o adulterar el acta (de escrutinio), y el procedimiento no dice si prevalece el resto de copias que está sin alterar, y si se le puede dar fe a la que fue alterada intencionalmente y anular la votación”, explicó.
Normativa muy rígida
Para el representante legal de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y ex magistrado electoral, Mauricio Montealegre, el problema es que la actual normativa “es muy rígida”.
“En el caso de alteraciones de actas (de escrutinio), en el anterior reglamento se establecía que el CSE tenía la facultad de escoger el acta que más reflejara la realidad de la JRV; en este reglamento se suprimió”, explicó.
Montealegre considera que la normativa tampoco contempla el hecho de que la Fiscalía Electoral pueda seguir de oficio el delito electoral que cometa cualquiera de los fiscales que altere intencionalmente la copia del acta de escrutinio.
Normativa se presta a malas interpretaciones
Por su parte, la representante del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Ana Quiroz Víquez, opina que la Normativa de Impugnaciones “es muy escueta y se presta a malas interpretaciones”.
“Prácticamente repite la Ley Electoral, y el papel de una normativa es precisar lo que la ley no dejó claro, sin violentar su espíritu, pero en este caso la normativa actual es menos precisa, va dejando más vacíos y espacios abiertos para que se solicite nulidad (de una Junta Receptora de Votos)”, explicó.
Quiroz considera que en la normativa deben detallarse con claridad las causales de nulidad “para no tener solicitudes de nulidad o impugnaciones que lo que busquen es simplemente atrasar el proceso o no respetar la voluntad popular”.
Fiscales mal capacitados
En tanto, Miguel Rosales, representante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), adujo que los dos partidos (ALN y MRS) que critican el documento emitido por el CSE, son los que precisamente han mal capacitado a sus fiscales y “lo único que pretenden es culpar al CSE”.
Para Rosales, si bien la normativa tiene algunas debilidades, no toda la responsabilidad es del órgano electoral. Rosales insistió en que la mayor respon-sabilidad la tienen los representantes de la ALN y el MRS por la mala capacitación que recibieron sus fiscales de parte del Instituto Republicano Internacional (IRI).