Política

Normativa electoral ambigua y nebulosa

* Así como están las reglas del juego, a la hora de las actas y las impugnaciones pueden acarrear nubarrones el día de las elecciones

La normativa electoral no establece ciertas disposiciones básicas que se requieren para que el proceso electoral este próximo noviembre sea claro y ordenado, según explica Mauricio Zúñiga, Director Ejecutivo del Instituto para la Democracia, Ipade.
El manual presentado por el Consejo Supremo Electoral y que aún puede ser modificado, no dice qué ocurrirá en caso que las actas de escrutinio sean alteradas. “Si se altera un acta original, por ejemplo, no dice qué pasa, con cuál se va a regir el Consejo (Supremo Electoral)”, expresa Zúñiga.
Lo grave de las inconsistencias es que “el día de las elecciones, si la normativa no establece los pasos claros, se puede provocar una anarquía”.
La selección del acta, en caso que la original o la que es entregada a los fiscales sea alterada, explica Zúñiga, sería una elección “discrecional” de los centros electorales municipales. “La normativa debería establecer qué acta prevalece, si la original, si la copia alterada no valerá o, en caso que la original también esté alterada, cómo se va a proceder”.
Evitar impugnaciones sin justificación
Para Zúñiga los vacíos que tiene esta normativa pueden provocar que los fiscales impugnen las Juntas Receptoras de Votos (JRV). “Un fiscal puede alterar un acta, y esa acta alterada a propósito podría ser causa de nulidad de los votos que se han emitido, lo que crea mucha inquietud”.
Es una práctica común de los fiscales impugnar las JRV cuando en las elecciones los resultados no les favorecen. “Cuando hay una elección cerrada, el mecanismo de las impugnaciones es muy usado, sobre todo en aquellos que tienen puntos muy cercanos para eliminar al voto contrario.
“Lo que se debe hacer es un recuento de los votos”, dice Zúñiga, para que no se dé “una malversación de la democracia y que los votos de los ciudadanos que han acudido a las urnas no sean eliminados”.
En dicho manual no se establece que la alteración de las actas y del material electoral constituye un delito electoral. “La normativa no define qué va a pasar”.
“Una normativa positiva”
Para evitar impugnaciones sin justificación el Ipade realizará el foro “Las impugnaciones en el proceso electoral: un análisis del marco jurídico nicaragüense y presentación de experiencias de casos internacionales”.
Los resultados del foro permitirán que el CSE reelabore o incorpore los aspectos inexistentes y así “construir una normativa positiva”.
Especialistas extranjeros, entre ellos Patrick Merloe, del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos (NDI); Jesús Orozco, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial mexicano, y Luis Alberto Cordero, Director Ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz y el progreso Humano, de Costa Rica.
Aunque el magistrado Rivas no ha confirmado su presencia, sí lo han hecho los representantes legales y fiscales de las organizaciones políticas participantes, observadores nacionales e internacionales, entre otros.