Política

Courtney ve fallas en normativa electoral


Sergio Aguirre

El director ejecutivo del grupo cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney, opinó que la normativa para las impugnaciones aprobada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) deja mucho que desear, específicamente en el artículo relacionado con la solicitud de nulidad de las votaciones de una o más Juntas Receptoras de Votos (JRV).
El punto cuatro de este artículo tiene como causal de nulidad cuando la documentación electoral se haya alterado o esté incompleta --daños, cambios en datos de las actas de constitución y apertura, cierre y escrutinio, o se suplanten u omitan firmas de los miembros de la JRV--, por lo que Courtney advierte que con esta disposición se pudiera estar cayendo en una trampa, dado que los miembros que integran las mesas electorales pertenecen a partidos políticos, y éstos al darse cuenta de que van perdiendo en su JRV, podrían actuar para impugnar la votación.
“Cada partido político tiene un acta de constitución, apertura, cierre y escrutinio, esto significa que si cualquiera de estas copias que les queda a los miembros de la JRV tiene algún daño, se cambia o tiene datos modificados o sustituidos, en ese caso se puede anular la votación en esa mesa electoral”, expresó.
Prevalece la ley
También queda abierta la posibilidad de que cada partido que pierda puede mandar a su representante a hacer algún daño a la documentación que le corresponde como miembro de la JRV, con el fin de anular las votaciones.
Lo mismo ocurre con la suplantación u omisión de firma de los miembros de la JRV. Aunque hay penalidades en la Ley Electoral --incluso hasta de cárcel--, para los miembros de las mesas electorales que no
firmen las actas, sería interesante observar qué pasa si falta la firma de algún miembro de la mesa electoral, que son nombrados por los partido políticos”, indicó.
En ese sentido, Courtney sugirió que en este punto de la normativa, el CSE debería ser enfático en hacerle ver a los miembros de las JRV que existen penalidades y sanciones en la Ley Electoral por no trabajar debidamente o por no cumplir con su trabajo.
Según el director de Atención a Partidos Políticos del CSE, Julio Acuña, no ha habido ninguna objeción por parte de los representantes legales de los partidos políticos a la normativa de impugnaciones.

La normativa establece que los fiscales de los partidos políticos o alianzas participantes, debidamente acreditados, podrán interponer recursos de impugnación, de revisión y apelación.
El recurso de nulidad de las votaciones de una o más Juntas Receptoras de Votos (JRV), se hace a través del fiscal acreditado ante la JRV mediante las causales previstas en el artículo 162 de la Ley Electoral.

Las causales
Estas causales son: “Cuando una JRV se haya constituido ilegalmente; cuando se hubiere hecho la votación en locales distintos a los señalados por las autoridades correspondientes; cuando sin haber existido causa justificada sean entregados los resultados de la votación fuera de los plazos establecidos por la Ley, lo que a su vez constituirá delito de conformidad con la Ley Electoral.
Asimismo, cuando la documentación electoral esté alterada o incompleta, dañada, modificados los datos de las actas de constitución y apertura, cierre y escrutinio, o se suplanten u omitan firmas de los miembros de las JRV y las prohibiciones reguladas en el artículo 113 de la misma Ley Electoral.
El recurso contra determinada JRV se enviará junto al expediente electoral al Consejo Electoral Municipal (CEM) de su circunscripción, el que tendrá un plazo de 24 horas, a partir de que se recibe más el término de la distancia, para remitirlo al Consejo Electoral Departamental (CED), Consejo Electoral Regional (CER), y éste a su vez tendrá un plazo de 48 horas para resolver a partir de su recepción.
De la resolución dictada por el CED o CER, el fiscal departamental o regional podrá interponer ante esa instancia, en el acto de notificación o dentro de las 24 horas siguientes, recurso de apelación que deberá acompañar la expresión de agravios. El CED o CER, dentro de las 24 horas siguientes, remitirá las diligencias al CSE, que tendrá que resolver dentro de 72 horas después de recibidas.