Política

Dejan colgados los 9 millones


Ary Pantoja

Los diputados liberales se quedaron cortos de votos en la sesión extraordinaria parlamentaria de ayer para aprobar un aval financiero de 9 millones de dólares que serían destinados a la Comisión Nacional de Energía (CNE), y que, según diputados sandinistas, serían redestinados para cubrir la deuda que tiene la empresa distribuidora Unión Fenosa con las empresas generadoras de energía.
El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Wilfredo Navarro, reconoció que su bancada no cuenta con los votos suficientes para aprobar el monto mediante un proyecto de ley que introdujo el Poder Ejecutivo.
Según Navarro, tampoco los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) cuentan con un consenso para apoyar esta iniciativa, lo que obligó a los liberales a romper el quórum de ley para sesionar y evitar que la bancada sandinista rechazara definitivamente la propuesta.
Los liberales solicitarán, en los próximos días, a la Junta Directiva del Parlamento que convoque a una nueva sesión extraordinaria, mientras los legisladores del PLC y de ALN se logran poner de acuerdo para aprobar la moción de entregar el dinero a la CNE.
Aprueban reformas
Mientras tanto, los temores de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) retuviera recursos financieros a Nicaragua se desvanecieron luego que la Asamblea Nacional aprobó la reforma al Código Tributario y la modificación del Presupuesto General de la República del año 2006.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Flores, dio la bienvenida a ambas reformas asegurando que con ellas se garantiza la continuidad del programa financiero con el FMI.
Lo único que rechazaron los legisladores en la propuesta de reforma al Código Tributario que presentó el Ejecutivo, fue la intención de mantener las multas dolarizadas y el incremento de éstas día por día e igualmente en dólares.
Los diputados Wálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro coincidieron en que no se puede establecer una multa dolarizada al contribuyente, y encima establecer un aumento de la misma por cada día de retraso en el pago.
Los diputados también rechazaron la eliminación del silencio administrativo que propuso el Gobierno. Una vez más, Wálmaro Gutiérrez argumentó que no se le puede quitar al contribuyente la opción de que la Dirección General de Ingresos (DGI) resuelva las quejas y reclamos en un tiempo prudencial.
El silencio administrativo, dijo Gutiérrez, sirve para que una vez hecho el reclamo, si la DGI no responde en el plazo establecido, la resolución sea automáticamente a favor del contribuyente. “Si se elimina el silencio administrativo se perjudica al contribuyente”, señaló.

CNU recurre de amparo

Leonor Álvarez

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) declaró ayer que interpondrá un recurso por inconstitucionalidad debido a que los diputados están violentando la Constitución Política y la ley al no asignar lo que corresponde al seis por ciento en la reforma presupuestaria 2006.
“El Ejecutivo subvalora los ingresos de las universidades, por lo cual nos tendremos que ir por la vía legal”, dijo Telémaco Talavera, Presidente del CNU. Según él, el Ejecutivo argumenta que se debe a la “falta de recursos económico para asignar el presupuesto de las universidades”.
Sin embargo, Talavera explica que “sólo para al Gobierno saliente se están asignando 51 millones de córdobas”, lo que considera contradictorio con el hecho de que “no hay recursos”.
El CNU había declarado un techo de mil 694 millones de córdobas, pero sólo le fueron aprobados mil 564 millones 264 mil 492 córdobas. Además de eso piden el seis por ciento constitucional correspondiente a las universidades en la reforma presupuestaria, el cual representa 93 millones.
Vienen protestas
Telémaco Talavera espera que el recurso que van a introducir sea contestado lo más pronto posible, de no ser así iniciarán protestas cívicas en todo el país, que según él, omitirán la violencia que ha caracterizado a los universitarios.
Por otra parte, Talavera expresó que el CNU, en un acto de solidaridad, también protestará contra la asignación de recursos a la distribuidora de energía Unión Fenosa, y exigirá que se le cancele el contrato, ya que “ofrece un pésimo servicio a la población y aun así se le pretende asignar parte del presupuesto público”.