Política

Sorpresivo “chamarrazo”

* Mientras los diputados PLC empujan un referendo desafiando el sí o el no, los del FSLN proponen volver al punto inicial * Los del gobierno están felices

Consuelo Sandoval

La bancada sandinista presentó ayer una contrarreforma a la Carta Magna para derogar las enmiendas constitucionales que quedaron suspensas por la Ley Marco, en un afán de medición de fuerzas en período electoral con sus adversarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que interpusieron una iniciativa de referéndum.
“Deróguese y déjese sin efecto la Ley 520, Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, publicada en el diario oficial La Gaceta, ejemplar número 35, correspondiente al día 18 de febrero del año 2005”, cita el proyecto de contrarreforma.
Es evidente que tanto el Frente Sandinista como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) reniegan de las enmiendas ratificadas a comienzos del año porque desean deshacerse del estigma que implicaron para ambas agrupaciones, cuya decisión les permitiría mejorar su imagen frente a la ciudadanía, pues ninguno quiere pagar un costo político tan alto en este período electoral.
“Chamarrazo” FSLN
Pues todo hace indicar que se trata de un “chamarrazo” sandinista porque la derogación de esas reformas constitucionales requeriría del voto de 56 votos, número que solamente lograrían conseguir con el apoyo de sus colegas liberales, quienes reivindican su proyecto de referéndum para someter las enmiendas a consulta de la ciudadanía.
El diputado José Antonio Zepeda declaró que presentaron la contrarreforma para evitar que el país gaste innecesariamente más dinero en la organización del referéndum, y emplazó a los liberales a sumarse a ese esfuerzo.
“Para qué vamos a someter a la población a un referéndum cuando podemos derogar las reformas. Vamos a ver si los que están promoviendo el referéndum quieren realmente institucionalizar el país y van a respaldar esta derogación de la Ley 520”, desafió Zepeda, quien negó que el proyecto haya sido consensuado con el gobierno.
“El Frente Sandinista de Liberación Nacional manifiesta su apertura, madurez política y flexibilidad para encontrar mecanismos de entendimiento y solución, eficaces, rápidos y sin costos para la precaria economía del país, por lo que los suscritos consideramos que aprobando la derogación de la Ley 520 estaríamos dando una respuesta rápida, eficaz y económica”, señala parte de la exposición de motivos del proyecto.
Es “bandicencia”
“Lo están metiendo (el proyecto de contrarreforma) para que sean los dos partidos los que nos la echemos (aprobemos), pero no hay chance en esta legislatura, todo esto es una “bandicencia” de los sandinistas, pero además nosotros no vamos a apoyar esto para que sea el pueblo el que decida si las respalda o las rechaza; y además para que no nos sigan señalando que el pacto eliminó las reformas”, admitió el diputado liberal Wilfredo Navarro.
El gobierno del presidente Enrique Bolaños aplaudió el proyecto rojinegro, y según su vocero, Lindolfo Monjarretz, prefieren la derogación de las enmiendas constitucionales que restaban facultades al Poder Ejecutivo.
Monjarretz asemejó las reformas con el veneno y el referéndum como el antídoto, y por esa razón consideró que es preferible la derogación.
“El referéndum es como un antídoto para combatir el veneno que son las reformas constitucionales (suspensas), y habría que esperar a organizarlas para que el pueblo se pronuncie masivamente en contra; mientras que las reformas constitucionales se convirtieron en una especie de veneno que al no existir no se necesitaría el antídoto y por eso sería mejor derogarlas; apoyamos la derogación”, manifestó Monjarretz.
Todo a posición anterior
La contrarreforma constitucional dejaría sin efecto las reformas a los artículos 138, 143 y 150 de la Carta Magna, que implicaron solicitar informes de su gestión a los funcionarios públicos, quienes además podrían ser interpelados y sancionados por la Asamblea Nacional, quien podría ordenar al gobernante la remoción de sus cargos.
También establece que el Parlamento ratificará por mayoría absoluta, a solicitud del presidente de la República, el nombramiento de los ministros y viceministros de Estado y jefes de misiones diplomáticas.
El Parlamento también se arrogó la potestad de proponer a candidatos a superintendente y vicesuperintendente de Bancos y otras instituciones financieras, y además a propuesta del presidente de la República, quien antes de la reforma constitucional ostentaba exclusivamente esa facultad.
Además quedarían anuladas la creación de la Intendencia de la Propiedad y la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).