Política

No podrán privatizar los aeropuertos


Edgard Barberena

La Asamblea Nacional le puso “candado” a la Ley de Aeronáutica Civil que aprueba en lo particular, y donde consignó la prohibición de privatizar cualquier aeropuerto del país sea por el gobierno que está por salir o por los venideros.
Roberto González fue el legislador que presentó la moción de consenso donde se consignó la prohibición de privatizar cualquier aeropuerto del país. La moción fue respalda por diputados de las diferentes bancadas del Legislativo.
El legislador dijo que la aprobación de la Ley de Aeronáutica Civil contempla una serie de modernizaciones en la aeronáutica civil, para fortalecer el desarrollo económico y de infraestructura de los aeropuertos del país.
Dijo que por primera vez Nicaragua dispondrá de una ley completa que regulará todo lo relativo a la aeronáutica civil “en términos públicos, privados y militares, en la parte que les corresponde, como es la aeronavegación”.
Terminales son patrimonio del Estado
El diputado González dijo que la infraestructura de las terminales aéreas del país es patrimonio del Estado de Nicaragua, las que pueden ser remodeladas y solamente podrán estar sujetas a arriendo para mejorar la eficiencia administrativa, “pero quedó claro que por imperio de esta ley no puede privatizarse la infraestructura de los aeropuertos”.
Dijo que una vez que la AN apruebe en su totalidad la ley, “Nicaragua alcanzará una categoría internacional muy importante, que le preemitirá ser competitiva, sobre todo porque va a gozar de todas las prerrogativas que gozan los demás países del mundo, en cuanto al tratamiento de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil para todos los efectos de la operación de los aeropuertos”.
Sobre las naves decomisadas
La segunda jornada de debates de la referida ley se levantó después que se produjeron diversas exposiciones sobre un artículo de la ley que establecerá que las naves aéreas capturadas al narcotráfico pasen a formar parte del Ejército.
Jaime Morales Carazo respaldó el planteamiento de que esas naves deben pasar al Estado y que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda las subaste.