Política

Trasiego de reses en la frontera


Esteban Solís

El alcalde de Somotillo, Agresio Osejo, denunció a nombre de los ediles del borde fronterizo de la zona norte del departamento de Chinandega que hay una banda bien organizada que está acabando con la ganadería de esa zona, trasegando reses hacia Honduras.
Osejo dijo a EL NUEVO DIARIO que los gobiernos locales de esa zona del norte chinandegano, en conjunto con sus colegas de 11 municipios del lado hondureño, intentan crear una alianza binacional para, conjuntamente con las autoridades militares y policiales de ambos países, buscar cómo golpear a esos delincuentes.
Dijo que el temor se ha apoderado de los habitantes y en especial de los productores de ganado, que solamente, según registros de la Policía, un diez por ciento de ellos denuncia los robos.
Temen colapso
Sin embargo, asegura que hay un elemento que está jugando en contra de esos planes y es la falta de recursos para la Policía y el Ejército. “Al paso que vamos nuestra ganadería va a colapsar y ese es uno de los rubros más importantes con que contamos en la zona”, dijo.
Informó que la semana recién pasada contabilizaron el robo de 60 reses, y ese es el promedio semanal. “Todo el destacamento del Ejército en la zona fronteriza ni siquiera tiene un medio para movilizarse, nosotros, desde la alcaldía, hemos facilitado vehículos, combustible para que policías y militares patrullen la frontera”, destacó.
Dramático llamado
Dijo que en diciembre del año pasado pusieron en práctica ese dispositivo y les dio resultado. Osejo hizo un dramático llamado al Gobierno Central para que destine recursos y se siente con las autoridades locales para hacer frente al problema porque todos esos municipios están en una emergencia ganadera.
Incluso, dijo que Bolaños debe llevar en agenda a una próxima cumbre con sus colegas del área este tema, porque ese tipo de delitos sumado al de los asaltos a mano armada en varias localidades rurales está desangrando las economías de esos municipios.
Dijo que en Somotillo hay unas 8 mil propiedades, muchas de ellas también son agrícolas, pero hay temor entre esas familias de que el delito no sea castigado y hasta tengan que abandonar sus tierras.