Política

Gobierno expuesto a cuantiosas demandas


Edgard Barberena

La primera secretaria de la Asamblea Nacional, María Auxiliadora Alemán, declaró ayer que como el plenario no aprobó el Estado de Emergencia Económica que impuso el Ejecutivo en la RAAN, RAAS y Río San Juan, la suspensión de garantías no fue legal, por lo cual, consideró que los afectados pueden demandar al presidente Enrique Bolaños por los daños provocados.
Alemán dijo que el decreto de emergencia jamás llegó a su despacho, y que “si llegara sería extemporáneo, porque no fue presentado ante la primera secretaria dentro de las primeras 72 horas de su emisión.
“Esa Ley de Emergencia Económica no existe, y todo lo que ha hecho con ese decreto el gobierno puede ser demandado por los que están siendo afectados, y si ellos (los afectados) llegan a demandar al Poder Ejecutivo, bienvenido sea, porque eso está dentro de la ley”, destacó.
El gobierno ha manifestado en varias ocasiones que enviaron el decreto al Parlamento en tiempo y forma, y que lo depositaron en las oficinas de la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Pero los estatutos del Parlamento señalan que toda documentación debe ser entregada en la Primera Secretaría.
Por su parte, el diputado Orlando Tardencilla, tercer vicepresidente, dijo que esa emergencia “ya no es ni legal ni ilegal, simplemente ya no existe.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Emergencia, si el Decreto de Emergencia no es ratificado, modificado o rechazado por la Asamblea Nacional, durante un plazo no mayor de las 72 horas, éste desaparece por sí mismo”.
“Técnicamente al tenor de la ley esa emergencia económica ya no existe para la Costa Caribe y Río San Juan, lo que implica directamente una situación de responsabilidad personal para cada funcionario que aplique una norma de restricción de derecho constitucional a nicaragüenses, exponiéndose a responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales, que podrían acarrear cárcel y afectaciones patrimoniales para los funcionarios”, precisó.
Tardencilla orientó que los ciudadanos afectados primero deben recurrir contra los funcionarios que directamente apliquen una medida que afecte derechos, porque ni el plenario de la Asamblea Nacional conoce de la existencia de ese Decreto de Emergencia Económica.
Según Tardencilla, la aplicación de ese decreto inexistente “convierte en cuasi delincuencial la actuación de algunos funcionarios que afectan derechos constitucionales en la Costa Atlántica”.