Política

Cuantiosas pérdidas por pugna de poderes


Consuelo Sandoval

Millonarias pérdidas económicas genera al país, la pugna que protagonizan las dirigencias del Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), situación que ha provocado una parálisis casi total en los poderes Legislativo y Judicial, y parcial en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
El segundo secretario del Parlamento, José Figueroa, urgió a la primera secretaria del Parlamento, María Auxiliadora Alemán, convocar a sesión plenaria en el Parlamento, porque según él, cuenta con una autorización del presidente Eduardo Gómez, quien se encuentra fuera del país por razones de salud. Algo similar solicitó el diputado Edwin Castro.
“La Asamblea Nacional no funciona porque hay un supuesto boicot y un chantaje al trabajo parlamentario de la bancada del PLC que ha condicionado la discusión de varias leyes a que primero se interprete el artículo seis de la Ley Electoral. El presidente (Gómez) salió del país y dejó la convocatoria en la Primera Secretaría para que la hiciera, y no la hizo porque no quieren que sesione la Asamblea Nacional”, acusó Figueroa.
El diputado liberal, Wilfredo Navarro, negó que Alemán haya engavetado la autorización para sesionar, pero admitió que continuarán demandando la interpretación auténtica del artículo 6 de la Ley Electoral.
Le echan culpa a Gómez
“Quien paralizó las sesiones fue el presidente (Gómez) que no convocó, y parte de la voluntad de que no sesione la Asamblea es porque no quieren darle paso a la interpretación del artículo 6 que echa por tierra los abusos que cometió el Frente Sandinista en el CSE”, alegó Navarro.
El diputado Orlando Tardencilla aseguró que la parálisis institucional está generando millonarias pérdidas a los contribuyentes, quienes tienen que pagar el salario de los 91 diputados, de los magistrados judiciales que mantienen un pugilato por la designación del nuevo presidente, así como de los magistrados electorales, aunque solamente una parte está laborando porque los liberales dispusieron retirarse de las sesiones del CSE.
Estas erogaciones, explicó, no incluyen el gasto de los servicios básicos, combustible y del pago y prestaciones sociales de los empleados de estas instituciones.
“La huelga de transporte, de los médicos, el problema de los caminos, la problemática de los maestros y los altos salarios de los funcionarios. ¿Cuánto nos cuesta la parálisis de los otros poderes?, son miles de millones de córdobas, pero da una sensación que este país está huérfano de instituciones, suelto al garete y que no hay gobernabilidad”, criticó Tardencilla.
¿Se autoconvocarán?
Aseguró que 52 diputados, al margen de sus 40 colegas liberales, se autoconvocarán para el próximo martes, a fin de reiniciar las sesiones plenarias.
Las sesiones plenarias serían dirigidas por el vicepresidente René Núñez, quien se encargaría de promover la aprobación de siete decretos financieros que implicarían recursos líquidos externos que ingresarían a las arcas nacionales, además de otras legislaciones que se encuentran dictaminadas favorablemente, pero que, según Figueroa, están estancadas por decisión de sus colegas liberales.
Navarro advirtió que solamente se incorporarán a las sesiones plenarias si son convocadas por la Junta Directiva.
“Nosotros estamos esperando la convocatoria legal, pero si no la hacen las autoridades correspondientes, no vamos a estar. No he recibido el telegrama, a mí me tiene que citar la Secretaría, no me puede citar otra persona”, sentenció Navarro.
Caprichos millonarios
Todo empezó por el enfrentamiento entre magistrados electorales, quienes mantienen posiciones encontradas respecto a la aplicación de los artículos 41 y 116 de la Ley Electoral y que, según los de tendencia liberal, su aplicación de los artículos provocó el fenómeno del “Ratón Loco” en las elecciones municipales del año 2004.
La disputa electoral se trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando los magistrados electorales liberales recurrieron de amparo en el Tribunal de Apelaciones, contra sus colegas Roberto Rivas y Emett Lang, y además dispusieron ausentarse indefinidamente de las sesiones.
Por su lado, Lang recurrió de amparo por omisión en contra de los magistrados José Marenco, Luis Benavides y Julio Osuna, y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió autorizar al CSE nombrar magistrados suplentes para destrabar la crisis en esa institución.
Los suplentes y la discordia
La incorporación a las sesiones de los magistrados suplentes incorporados, Marisol Castillo, de tendencia sandinista, y el conservador Emiliano Enríquez, permitió establecer el quórum y reiniciar las sesiones para reelegir a Rivas y Lang, en la presidencia y vicepresidente del Poder Electoral y además, resolvieron autorizar el cambio de nombre del Movimiento de Salvación Liberal a Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se opuso a ese cambio de nombre a ALN, que dirige su principal adversario político de tendencia liberal, Eduardo Montealegre.
En un intento por revocar todo lo actuado por Rivas y sus colegas sandinistas, los diputados liberales solicitaron ante la Asamblea Nacional una interpretación auténtica del artículo 6 de la Ley Electoral, referida a la incorporación de los magistrados suplentes, disputa que actualmente mantiene paralizado al Poder Legislativo, así como al Judicial, que aún no elige a su nuevo presidente y a los presidentes de las Salas.