Política

Ley de Acceso a Información toca terreno electoral


Edgard Barberena

El miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, reaccionó a un comunicado de la Fundación Violeta Chamorro, asegurando que los cuestionamientos de ésta son de “corte electorero, vinculado a un candidato presidencial”.
Dijo que lo planteado por la Fundación “es totalmente falso porque la Comisión de Justicia ha estado trabajando y recordó que esa fundación solicitó el retraso al proceso de dictamen de esa iniciativa, porque ellos estaban haciendo revisiones y querían hacer cabildos”.
Dijo que, al contrario, la Comisión de Justicia le ha incorporado nuevos datos a la iniciativa, como el “habeas data”, que los autores del proyecto no lo hicieron, además que creamos una serie de mecanismos para que el acceso a la información pública no sea un postulado emblemático, sino que verdaderamente el ciudadadano tenga un verdadero acceso a la información pública…”
Vacíos
Estimó el legislador que en el proyecto la comisión deberá llenar los vacíos que dejaron los autores de la iniciativa, en el sentido de que la oficina de acceso a la información pública tenga representaciones en todos los departamentos del país donde los pobladores de esas localidades puedan recurrir.
Dijo que los cuestionamientos lanzados a la comisión son una manipulación política en el contexto de la campaña electoral, al argumentar que la Comisión de Justicia no está interesada en este trabajo”.
Precisó que la fundación Violeta Chamorro ha estado a la disposición de una determinada candidatura en este año electoral, “la de Eduardo Montealegre porque he escuchado a ese candidato intentando convertir este tema en una bandera que se le va a convertir en un banderín, porque la Comisión de Justicia va a sacar un excelente dictamen para aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública”, dijo.
Los argumentos de la fundación
La fundación Chamorro en su comunicado dijo que la Comisión de Justicia en su pre dictamen sobre la iniciativa elimina la posibilidad de no invocar el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales, delitos de lesa humanidad.
Además, excluye de la considerada Información Pública Reservada lo relativo a la información que esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes y marcas en poder de las autoridades correspondientes, así como lo referente a secretos industriales. La propuesta del Grupo Promotor era que se señalara expresamente en la LAIP para no dejar lugar a interpretaciones.
No hace referencia a la autoridad encargada de la clasificación de la información, deroga todo tipo de recursos administrativos ante la resolución negativa de acceso, “es decir, el agraviado sólo tiene la opción de recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia”, indica entre otras cosas.