Política

Editorial


Danilo Aguirre

Del derecho a huelga y el respeto al pueblo

Por primera vez en la historia de Nicaragua, la Constitución de 1987 consagró el derecho a la huelga de los trabajadores sin el agregado “de acuerdo con la ley” que estuvo presente en la Constitución reformada de 1950 y la Carta Fundamental de 1974.
Desde la existencia del Código del Trabajo y durante los 25 años más que sobrevivió el somocismo, ese “de acuerdo con la ley” se constituyó en un engorroso trámite que hacía imposibles las huelgas legales, al extremo que sólo una vez se dio una declaración en ese sentido y se trató de la lucha sindical contra una transnacional en la que no tenía intereses la dinastía gobernante.
El derecho a la huelga sin sujeción a ley alguna ha pasado sin modificación por todas las reformas que ha tenido la Constitución de 1987, sin embargo el Ministerio del Trabajo con los reflejos condicionados a la época somocista sigue arrogándose la facultad de declarar ilegal cuanta huelga promuevan los trabajadores.
El Código del Trabajo --y esto lo saben muy bien algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ayudaron a elaborarlo-- sólo establece sin violentar el derecho constitucional, algunos condicionamientos lógicos a las huelgas, los cuales son que sus reclamos sean estrictamente laborales y expresión de la mayoría de los trabajadores, sin que sean condicionantes para su legalidad el agotar trámites conciliatorios o procedimientos similares.
La huelga es un derecho de los trabajadores y no de los funcionarios de Mitrab, e incluso la legislación laboral y la Constitución no establecieron ninguna prohibición para los servicios públicos, incluyendo los de la Policía y el Ejército.
La responsabilidad de las organizaciones sindicales y empresariales para no tener de rehenes, como viene ocurriendo, a la movilización de los pobladores, a su salud pública y hasta lo que pudiera ser su seguridad y la defensa nacional con la posibilidad de paros en la Policía y el Ejército, pertenecen a otro ámbito de esos conflictos, pero nunca a la discrecionalidad y a los alegres decretos de los ministros de Estado.
Ni el conflicto de los transportistas con el encarecimiento de los combustibles ni los miserables salarios de los médicos, ni ninguna otra confrontación de esa naturaleza puede tener a un Estado “dejando hacer, dejando pasar”, ni a una población usada en sus carencias más sentidas para reivindicaciones empresariales o salariales, mucho menos enfrentando sectariamente a los profesionales con los trabajadores en un mismo ramo de asistencia pública.
Peor aún, que de fondo, en semejantes dramas nacionales, estén diciendo las voces más caracterizadas del gobierno --Ejecutivo, Asamblea-- que nada pueden hacer frente a las recomendaciones convertidas en imposiciones de los organismos internacionales sobre los límites del gasto público.
Algo así como salvar el barco del naufragio sacrificando a toda su tripulación.