Política

Miguel López: “¡Demanda va!”


La directiva de Alianza por la República (APRE) acusará por los delitos de injurias y calumnias a Roberto Zelaya Blanco, ex titular de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), después que éste aseverara que dinero de esa institución fue desviado para la campaña electoral de esa organización por órdenes del presidente Enrique Bolaños.
El presidente de APRE, Miguel López, dijo a EL NUEVO DIARIO que la Junta Directiva decidió por unanimidad proceder con la demanda porque Zelaya nunca se retractó de sus declaraciones.
“No ha habido una retractación pública, como lo habíamos pedido, porque siempre dejó la duda. Pensamos que sería claro y contundente, sin embargo queda la duda y los abogados opinan que debemos proceder judicialmente”, explicó.
Dijo que la demanda será interpuesta en los juzgados capitalinos una vez que concluyan las vacaciones de fin de año, mientras tanto, los asesores de APRE preparan la demanda, con la cual pretenden desmentir a Zelaya Blanco.
Pruebas documentales
“Somos absolutamente claros de que no hay evidencias del uso de los recursos del Estado. Ha sido una política institucional de APRE no aceptar recursos estatales para financiar campañas políticas”, resaltó López.
Aseguró que no darán treguas al ex titular de la EPN porque en su momento APRE le dio a Zelaya Blanco un plazo de 48 horas para que se retractara, pero al no hacerlo “ese plazo ya expiró y no hay nada más que esperar”. Dijo que paralelo a la acusación judicial, APRE estará a la expectativa de la auditoría que efectúe la Contraloría General de la República (CGR) en la empresa portuaria, para evitar algún tipo de manipulación.
Advirtió que posee la auditoría de una firma privada de la rendición de cuentas de APRE ante la CGR y el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE). “Ya hay un examen, una resolución, tanto de la CGR como del CSE. Ésa es parte de la documentación que presentaremos para demostrar que nunca se recibió fondos del Estado”, adelantó.
Dijo no temer las investigaciones que realiza la CGR en la EPN, porque los gastos en que incurrieron durante las elecciones municipales fueron detallados al ente fiscalizador, y fueron avalados por el CSE, al entregarles el reembolso de más de cinco millones de córdobas.