Política

Demandan enjuiciar a “peces gordos”

* Francisco Rosales alega falta de procedimiento para el caso de los magistrados * “Si alguno se involucró o tuvo cualquier injerencia, fue superficial, no fue de fondo”, justifica Guillermo Selva

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Francisco Rosales y Guillermo Selva, justificaron ayer la exclusión de algunos de sus colegas en la resolución judicial por la sustracción ilegal de más de 600 mil dólares, supuestamente procedentes del narcotráfico.
Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional, manifestó que los magistrados Manuel Martínez y Róger Camilo Argüello, pese a que estaban involucrados en el caso, fueron excluidos de la resolución que sancionó a jueces y abogados, porque no existen procedimientos para procesarlos, aunque hubiese mérito para ello.
Reconocen conspiración
“La CSJ no puede iniciar un proceso contra ningún magistrado, porque está fuera de su competencia, aunque existan méritos (para hacerlo). La única que tiene competencia para procesarlos es la CSJ una vez que la Asamblea Nacional aprueba su desafuero, pero antes no podemos”, alegó Rosales.
Selva reconoció que hubo conspiración de jueces suplentes y abogados para utilizar una sentencia falsa, elaborada por Argüello, para liberar a Leyla Bucardo y retirar el dinero de una cuenta de la CSJ. “Esto fue una conspiración bien urdida entre seis o siete personas, entre los que hay jueces suplentes, abogados y notarios, si algún magistrado se involucró o tuvo alguna injerencia, fue superficial, no fue de fondo”, justificó.
Rosales considera que sus colegas se extralimitaron al suspender por cuatro años en el ejercicio profesional, que aplicaron a la abogada Astrid Bracamonte, quien cotejó una fotocopia de proyecto de sentencia elaborada por Argüello.
Ambos magistrados confirmaron que mañana sesionará la Corte Plena, para discutir la sentencia que dictarán contra los implicados, quienes podrían afrontar penas de cárcel. La CSJ resolvió destituir a cuatro jueces suplentes y suspender del ejercicio profesional a dos abogados y notarios, que participaron en la trama jurídica para apropiarse del dinero ocupado al colombiano Jorge Eliécer González y/o Luis Ángel González Largo y su novia Leyla Bucardo.
Diputados de las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Azul y Blanco cuestionaron la resolución judicial, por limitarse a aplicar medidas administrativas contra los implicados.
FSLN: “Respetamos resolución”
Wilfredo Navarro, Primer Vicepresidente del Parlamento, calificó de insuficiente la resolución, y dijo confiar en que la Fiscalía concluirá las investigaciones del caso. Agregó que con esa resolución se abre la puerta para que comience a funcionar la Comisión de Probidad del Legislativo, “y se continúe en la persecución de los verdaderos responsables”.
Aseguró que la comisión legislativa debe llamar a todos los involucradas en el escándalo, para que expresen sus consideraciones. “La CSJ está sancionando a los peces chicos, y hay que sancionar a los peces gordos”, consideró el vicepresidente del PLC.
Miguel López, jefe de la bancada Azul y Blanco, considera que la resolución quedó restringida a sanciones administrativas, y demandó procesar penalmente a los involucrados.
José Figueroa, Secretario Ejecutivo de la bancada del Frente Sandinista (FSLN), dijo que ellos respetan la decisión de la CSJ e igualmente respaldarán las investigaciones que realice el Ministerio Público.