Política

Trilogía que indispone imagen de Nicaragua


Sergio Aguirre

Ética y Transparencia (EyT) manifestó su preocupación sobre tres aspectos negativos para la imagen del país, en un informe sobre corrupción en Nicaragua: la creación de una Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), así como su efímera existencia; la búsqueda de impunidad de Arnoldo Alemán y sus allegados ante delitos que le sindican; y la pérdida de 609 mil dólares incautados al narcotráfico, de las cuentas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En el primer aspecto, EyT señala que su creación degeneró en un burdo conflicto entre las mayorías parlamentarias y el Poder Ejecutivo. A consideración de este organismo, su creación respondía al interés de controlar recursos estatales y buscar prebendas para los dos partidos que asistieron a la repartición: PLC y FSLN.
Sostiene que la conducción de la Sisep le fue entregada a intendentes con una cuestionable capacidad técnico-académica y notable trayectoria partidaria, generando gastos superfluos, escandalosa inseguridad y eventos de clara corrupción, sobre instancias que cuatro meses después fueron clausuradas con más pena que gloria a partir de la Ley Marco para la estabilidad del país.
Sobre la búsqueda de impunidad para Alemán, recuerdan el proyecto del PLC para establecer “perdón y olvido” a los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos que en los últimos 14 años hubieren cometido delitos de peculado, fraude, malversación, delitos sexuales, electorales y lavado de dinero.
Combatir corrupción
Indican que en busca del consenso a estas pretensiones, los diputados del PLC tiraron “carnadas” en todas direcciones. Recomienda retomar la Convención Interamericana contra la Corrupción y exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, por lo que es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y establecer como mandato prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, de ahí que exhorten al Estado de Nicaragua y a las fuerzas políticas a cumplir y respetar los compromisos internacionales.
En el mencionado informe, Ética y Transparencia se refiere a la pérdida de los 609 mil dólares de la CSJ. Señalan que cuatro meses después de este escándalo, no se conocen los resultados de la auto-investigación, ni de sanciones que sean disciplinarias, administrativas o penales. Es más, no hay indicios de que se pretenda iniciar un proceso penal contra los miembros del sistema judicial que participaron en la trama.
EyT instó a la CSJ, Ministerio Público, Procuraduría General de la República (PGR) y Comisión de Probidad del Parlamento a cumplir con el mandato constitucional y sus atribuciones, dejando de lado todo comportamiento cómplice y displicente en la investigación de este caso.
Llama al Estado de Nicaragua a reformar la Ley de Inmunidad, crear una ley para determinar el procedimiento para la destitución de todo funcionario público frente a los perjuicios jurídicos legales, éticos y, fundamentalmente, por los abusos, falta de probidad y omisión en el ejercicio de sus cargos.
Por otro lado, este organismo manifestó intranquilidad por la acreditación de observadores nacionales e internacionales para los comicios de marzo y noviembre de 2006, el acceso a los centros municipales y departamentales de votación, centros de cómputos, la entrega con suficiente tiempo del Padrón Electoral y la base de datos de cedulación.
Las preguntas de EyT
En carta enviada al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, EyT comunicó sus objeciones a la propuesta de reglamento elaborada por ese poder del Estado.
“¿Por qué esa propuesta de reglamento no establece que los organismos observadores no puedan acreditarse para la duración completa del calendario electoral 2006, para observar en todo el proceso las actividades más sensibles de ambos comicios?
¿Por qué el acceso de los observadores queda restringido a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el día de las elecciones, pero no incluye, antes y después de esa fecha, los centros electorales municipales y departamentales, así como centros de cómputos donde se realizarán actos de gran interés para los observadores y la integridad del proceso?
¿Por qué no contempla la entrega a los observadores de instrumentos técnicos de necesaria evaluación, como copias del Padrón Electoral y bases de datos de la cedulación, con tiempo suficiente como para poder conocer su calidad?”, pregunta EyT.