Política

Código Militar no resta facultades presidenciales


El coronel César Largaespada, jefe de Auditoría Militar del Ejército de Nicaragua, defendió la aprobación en la Asamblea Nacional del Código Penal Militar (CPM), porque, según él, no resta autoridad al Presidente de la República.
Explicó que la aplicación del nuevo Código, que aún no ha sido sancionado, ni promulgado por el presidente Enrique Bolaños, se limita únicamente al ámbito penal a lo interno de la institución, y que la subordinación de las fuerzas armadas hacia el mandatario está definida en la Constitución y el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar.
Señaló que el nuevo CPM “se corresponde con el Dictamen del Código Penal de la República, aprobado en lo general por la Asamblea Nacional”.
El antecedente del nuevo CPM es la Ley Provisional de los Delitos Militares, aprobado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción en diciembre de 1980.
El Código Penal Militar define la teoría del delito. Establece las diversas formas de comisión de delitos (consumado, tentativa, frustración), establece las responsabilidades individuales, contempla la imposición de una sola pena (privación de libertad) y regula otras consecuencias de la pena que no están contenidas en la Ley de Delitos Militares.
Jurisdicción castrense
La universalidad es uno de los principios que sustentan este código. “Significa que un militar puede estar fuera del territorio nicaragüense y está sujeto a la jurisdicción penal de Nicaragua”, señaló Largaespada.
Según él, este principio se basa en que el Ejército de Nicaragua puede cumplir misiones más allá del territorio nacional. “Ya hemos ido a Irak, además, los militares también estamos en misión cuando cumplimos cursos en cualquier academia en el extranjero”, dijo.
“Si para obtener el crédito presupuestario el militar falsificare estados financieros, libros u otro documento militar, aumentando el efectivo de tropa, semovientes, equipo, vestuario, armamento u otro material de guerra, o exagerando el consumo de víveres, avituallamiento u otros consumos, o cometiere cualquier otra falsedad en materia de administración militar, será castigado con la pena de cinco a diez años de prisión”.
Éste es uno de delitos en contra de las Finanzas del Ejército, los cuales están penados en el artículo 201, Título IX, Delitos Militares Económicos.
El CPM destaca que “el militar que sustrajere o recibiere de forma ilícita material o efectos que, sin tenerlos bajo su cargo o custodia, estén al servicio de las fuerzas del Ejército, será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión”.
Penas a militares transgresores
De acuerdo al nuevo CPM, si el delito de Espionaje Militar se comete en situación de conflicto armado, la pena oscila entre los quince y veinticinco años de prisión. Si ocurre en tiempo de paz, se establece una pena de entre diez y veinte años.
El Código también introduce penas para los delitos de Desobediencia, Traición Militar, Revelación de Secreto Militar, Sabotaje Militar y Derrotismo. La pena máxima que contempla el código es de 25 años de prisión.
Largaespada detalló que si un militar comete algún abuso en contra de la población civil, “lo más probable es que éste sea juzgado por un tribunal penal común”.
Sin embargo, no descartó que le sea aplicado el CPM, en dependencia si el militar estaba prestando servicio o cumpliendo una misión.
Según el artículo 46 del CPM, “serán sujetos activos del delito y faltas militares los miembros en servicio activo del Ejército de Nicaragua”. “Esto quiere decir --explicó el coronel-- que nunca un civil puede ser objeto de proceso penal militar”.
La Policía Nacional tampoco podrá ser objeto de aplicación del nuevo CPM, el cual contiene 41 tipos delictivos.