Política

“Hay ley, y los magistrados, todos, deben ser procesados”

* Hace extensivos sus señalamientos por lenidad o encubrimiento a la Fiscalía

Edgard Barberena

El jurista Sergio García Quintero acusó ayer a los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de haber cometido delitos en lo relacionado a la sustracción de los 609 mil dólares, incautados a personas vinculadas con la narcoactividad.
Al hablar con EL NUEVO DIARIO, García Quintero, además de exigir a la Fiscalía que cumpla con lo que le ordena la ley, de pedir al Parlamento la desaforación de los magistrados, rechazó el argumento de algunos miembros de la máxima instancia judicial de que no existe ley alguna para destituir a magistrados de la CSJ.
“Quienes han dicho que esos magistrados son indestituibles, le han mentido a la población, porque la ley es bien clara acerca de dónde está el camino para proceder a enjuiciar a los integrantes de la máxima instancia judicial de Nicaragua”, estimó.
Definido en la ley
Dijo que en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 1, se establece que esa institución tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y las víctimas, en los delitos dentro de un proceso penal a través del Fiscal General de la República, “el cual sólo estará subordinado a la Constitución Política y las leyes”.
“De tal manera que cuando la CSJ decide paralizar a la Fiscalía, yendo más allá de sus atribuciones, configura una figura delictiva, como es estar resolviendo en contra de ley expresa”, dijo el jurista.
Precisó que en la misma ley de ese ministerio, en el artículo 6, dice que el Ministerio Público actuará independientemente y en cumplimiento de sus funciones sin subordinación a ningún organismo del Estado, “por lo que la Fiscalía no tenía obligación de acatar la resolución de la CSJ. Ahí quedó demostrada una vez más la actitud que le ha caracterizado al Fiscal General del Estado”.
En este sentido, insistió en que también queda demostrado que en los casos en que el fiscal tiene que actuar políticamente, “actúa de una manera en la que constituye o un encubrimiento o a veces en una complicidad, ya que la Fiscalía General del Estado tenía la obligación de haber tomado cartas en el asunto, pues el artículo 7 de la ley le da a la Fiscalía el derecho de poder pedir la colaboración de cualquier otro organismo del Estado.
Magistrados delinquieron
Recordó que desde el primer momento en que la Fiscalía le solicitó la información a la CSJ sobre el escándalo de los dólares, “ésta (la CSJ) estaba obligada dentro de los tres días posteriores a proporcionarle toda la información a la Fiscalía. Los magistrados al no hacerlo, incurrieron en los delitos de desacato, desobediencia y prevaricato”.
A esto “hay que agregarle lo que señala el reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el que en su artículo 8 dice: ‘En la investigación y persecución de los delitos ejecutados por funcionarios públicos, se promoverán de oficio…’, por lo que no había vuelta de hoja donde el Fiscal tenía que haber abierto la causa y no quedarse paralizado a como ocurrió”.
El jurista reforzó su planteamiento al señalar que el artículo 164 de la Constitución dice que son atribuciones de la CSJ las demás atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes, por lo que esto deja abierto el que pueda introducirse las figuras penales que estén en otras leyes como las que existen en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El artículo 144 señala que los magistrados y jueces que incurran en las prohibiciones señaladas en el presente artículo “serán sujetos de destitución… sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que deriven de su conducta”.
Recordó que en la Ley de Carrera Judicial existe el capítulo de las causas penales cometidas por los magistrados de los Tribunales de Apelación y CSJ. De hecho, en uno de sus artículos dice: “La Sala Penal de la CSJ conocerá en primera instancia los delitos cometidos por los magistrados una vez que a éstos se les haya suspendido la inmunidad, por lo que se procederá de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 334 al 336 del Código Procesal Penal (CPP)”.
Sala Penal debe juzgarlos
“Aquí queda meridiana y absolutamente claro que los magistrados de la CSJ pueden ser procesados de acuerdo a lo establecido en el CPP, que trata sobre los delitos cometidos por el presidente o vicepresidente de la República. Todo este procedimiento se homologa al procedimiento que debe seguirse en contra de los magistrados de la CSJ o del Tribunal de Apelaciones”, dijo.
Aclaró que los magistrados que cometieron delito deben ser juzgados por la Sala Penal de la CSJ, y la resolución que se dictara, si fuera en contra de ellos, pudiera ser apelable hasta resolverla en la Corte Plena, “por lo que no existe la menor laguna” en cuanto al procedimiento para procesar a magistrados de la CSJ. “Deberían ser procesados los 16 magistrados”.
García Quintero dijo que ante esta situación “también se debe iniciar una causa penal en contra del fiscal, Julio Centeno Gómez, “por haber pecado de lenidad y estar actuando de una manera en que encubre los delitos que se han cometido, y no existe forma alguna que permita la impunidad de los magistrados, lo que sí causa vergüenza y bochorno es la deleznable actitud asumida por los 16 magistrados de la CSJ e incluso aquellos que dieron voto razonado, pues su silencio está constituyendo la figura clásica del encubrimiento”.
García Quintero ha estado conversando la situación con varios abogados para que la Fiscalía cumpla sus funciones, y no “continúe en una acción encubridora de los delitos cometidos por la CSJ, y se pueda de oficio presentar la acusación respectiva, la cual tiene que tramitarse obligadamente de acuerdo a todos los procedimientos señalados”.
“Yo como ex presidente de la Barra de Abogados, hago un llamado para que acusemos a los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de haber incurrido en gravísimos delitos”, añadió.
El jurista dijo a la comisión de la Fiscalía que preside la vicefiscal María Lourdes Bolaños que debe solicitar a la Asamblea Nacional la desaforación de los 16 magistrados de la CSJ, y una vez que los diputados hayan despojado de sus inmunidades a esos funcionarios, los magistrados deben ser llevados a un juicio sin jurado formado por los conjueces.