Política

Diputado opuesto a Ley de Acceso a la Información Pública

* Bayardo Arce argumenta que será una carga presupuestaria * “Significa un incremento de la burocracia, porque requerirá de personal y computadoras”, agrega

Consuelo Sandoval

El diputado sandinista Bayardo Arce, se pronunció ayer contra el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, porque según él, incrementará la burocracia estatal.
“El supuesto derecho a la información te obliga a crear una oficina para atender a todo el que llegue a pedir información en cada institución. Significa un incremento de la burocracia, porque requerirá de personal y computadoras”, alegó.
Dijo que también se requiere aprobar una ley de confidencialidad, para determinar qué información será de acceso público y cuáles documentos estarán restringidos. “En aras del derecho a la información, no podés pedir (consultar) al Ejército dónde tiene guardados los SAM-7, o que se entreguen los alegatos que preparamos para presentarlos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que no nos roben el río San Juan”, agregó.
Wálmaro Gutiérrez coincidió con Arce en que no toda la información estatal debe ser de acceso público. “Tiene que haber información restringida por efectos de protección al Estado. Hay información clasificada y restringida por efectos de Seguridad Nacional, como la documentación militar y los procesos judiciales internacionales”, observó.
Estimó que la legislación que se encuentra en la fase de predictamen en la Comisión de Justicia constituye un instrumento jurídico que proveerá a los ciudadanos de capacidad para acceder a la información del Estado. “Debemos tener una ley que cree mecanismos, canales y procedimientos que garanticen el verdadero acceso a la información pública. Que no sea necesario que los ciudadanos que viven en los departamentos tengan que venir a Managua para obtener la información que solicitan”, dijo Gutiérrez.
Agustín Jarquín cree que esa ley permitirá una mayor transparencia en la gestión pública, porque complementará la Ley de Participación Ciudadana. “Va a permitir que el ciudadano conozca la información y documentación de las instituciones del Estado, pero también las vinculadas al ciudadano que manejan las entidades privadas, que dan servicio público, es decir, Unión Fenosa, Telefónicas”, ejemplificó.