Política

Magistrados pueden ser desaforados

* Si son encausados y despojados de su inmunidad, serían procesados

Lester Juarez

El diputado sandinista Bayardo Arce aseguró ayer que la Asamblea Nacional puede destituir a cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en caso que resulte implicado en la sustracción ilegal de 609 mil dólares incautados a delincuentes internacionales.
Arce invocó el artículo 138, numeral 11 de la Constitución Política, que establece la facultad de los legisladores para “conocer y admitir las renuncias y resolver sobre destituciones de los funcionarios mencionados en los incisos 7, 8, y 9, por las causas y procedimientos establecidos en la ley.
Sin embargo, la ley que establecía las causales para la destitución de contralores y magistrados judiciales y electorales, aprobada en enero de 1995, fue declarada inconstitucional por la CSJ.
No obstante, existe el mecanismo legal para enjuiciar a los magistrados implicados en la sustracción de ese dinero, mediante la suspensión de la inmunidad en el Parlamento.
En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) podría interponer la solicitud en los juzgados capitalinos o directamente ante la Asamblea Nacional para despojar de la inmunidad a los involucrados.
Exigirán sanciones
Arce anunció que el Parlamento exigirá sanciones tanto para los magistrados como para el resto de implicados, sin embargo, dijo que la comisión legislativa de probidad que preside el liberal Noel Pereira Majano, ni siquiera ha iniciado las primeras averiguaciones.
“No hay un fallo definido y nosotros estamos exigiendo que salga un fallo, porque no nos explicamos cómo el presidente de la Corte, Manuel Martínez, del PLC (Partido Liberal Constitucionalista), firmó ordenando que entregaran 609 mil dólares a unos narcos. Queremos una investigación, queremos los resultados, pero todavía no conocemos ninguno”, apuntó.
Advirtió que “la corrupción tiene que investigarse, sea en el año electoral, en año bisiesto, en año mariano, pero se tiene que investigar, porque así como los elegimos los podemos cambiar”.
El legislador desmintió a varios magistrados judiciales, quienes aseguraron que habían aplicado las sanciones correspondientes a los jueces y abogados que participaron en la sustracción de ese dinero.
Arce aseguró que ni siquiera existe una sentencia firme contra los supuestos implicados y responsabilizó a los miembros de la comisión de probidad de negligentes, porque aparentemente se rehúsan a indagar las anomalías cometidas en Poder Judicial, debido al vínculo partidario con el presidente de la CSJ, quien firmó la orden para que entregaran los cheques a los narcos.