Política

Aprueban veto a Ley de Industria Eléctrica

* Indistintamente identificaban la ley con dos nombres * Además, delimitaban a dos las empresa distribuidoras, ignorando la existencia de otras

Edgard Barberena

Setenta y cinco diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ayer el veto parcial a la Ley de Industria Eléctrica, con lo cual reconocieron públicamente haber cometido inconsistencias al momento de aprobar dicha norma.
Los miembros de la Comisión de Infraestructura del Parlamento dieron la razón al Ejecutivo en el correspondiente dictamen, en el sentido de que la ley contenía algunas inconsistencias de carácter formal, las que fueron superadas ayer con la aprobación del veto.
“Tal como lo expresa el Presidente en el veto, lo realizado por algunas inconsistencias de carácter formal, que de no ser corregidas afectarían la aplicación eficiente de la Ley. En el artículo uno define a qué tipo de precios internacionales del petróleo se refiere”, anota.
En el artículo dos se agrega en el segundo párrafo al final, que se den a conocer los resultados de la evaluación que realice el ente regulador, entre los incrementos internacionales de los derivados del petróleo y los precios nacionales.
Aunque la ley cambió la denominación de emergencia energética por “crisis energética”, el artículo tres mantuvo el nombre original, lo que trata de corregir el veto. El artículo cuatro cambia la alusión a las empresas distribuidoras Disnorte y Dissur por “distribuidoras”, dado que existen otras distribuidoras en la Costa Caribe.
La autocrítica
“En el artículo cinco cambiamos en todo el texto de la Ley Intendencia de Energía por “ente regulador”, sin embargo, en el artículo cinco se nos pasó por alto y quedó como Consejo Directivo de la Superintendencia de Servicios Públicos, que ahora lo manda a cambiar por ente regulador”, agrega el dictamen.
Establece que el ente regulador de la energía, de manera temporal, deberá asegurar que la cadena de suministros de hidrocarburos establezca inventarios especiales mínimos, que deberán mantener a fin de garantizar el adecuado abastecimiento de hidrocarburos al país.
“El ente regulador deberá evaluar, en consulta con representantes del sector privado y a lo inmediato, la correspondencia entre el incremento internacional de los precios del petróleo y sus derivados con los incrementos de precios internos al consumidor final. La evaluación que efectúe el ente regulador deberá considerar que los márgenes de comercialización estén en correspondencia con los niveles de una operación óptima”, indica.
“Si de esta evaluación se determinan excedentes de una operación no óptima, el 50% de dichos excedentes deberán ser reducidos a los precios internos, y el otro 50% será destinado al Fondo de Crisis Energética creado en esta Ley. El ente regulador deberá hacer público los resultados de la evaluación”, agrega.