Política

“Razones” de Bolaños bajo fuego

* “Opinión publica tiene derecho a esperar que los magistrados de la CCJ renuncien a sus cargos por razones de decoro”, valora

Edgard Barberena

El jurista Sergio García Quintero aseguró que las “razones de Estado” que utilizaron Nerón para pegarle fuego a Roma, Herodes para mandar a matar niños, Hitler para invadir Polonia y Checoslovaquia y los asesinatos a John F. Kennedy y Salvador Allende, podrían ser comparadas con las que utilizaron recientemente para diseñar en la Presidencia de la República y aprobar la Ley Marco.
El jurista considera que la “Ley Marco” violentó todo el orden jurídico del Estado, dejando planteado el dilema: “Es Nicaragua un auténtico Estado de Derecho, o por el contrario, no pasa de ser solamente un pueblo gitanesco, una comunidad tribal, en los que el derecho, la ley y la Constitución Política no son más que elementos ornamentales y secundarios que, manejados al capricho por los capos de las oligarquías políticas, económicas o religiosas, pueden estirarse como melcochas, o encogerse, disminuirse…”.
Dijo que “Las razones de Estado” que alegaron por el llamado bien común fueron para asegurar la gobernabilidad y la democracia, tal a como lo anunció el presidente Enrique Bolaños, una afirmación que la comparó con la que se hizo durante la Edad Media cuando las monarquías de la época para emprender las guerras santas declaradas por el Vaticano en contra de los pueblos musulmanes eran para tranquilidad de la nación.
La bendición del adefesio
El jurista dijo que monseñor Eddy Montenegro, a nombre de la Conferencia Episcopal, bendijo la Ley Marco “para parar una guerra con un cese al fuego”, como lo declaró el diputado Jaime Morales Carazo, o “por los intereses de la patria”, como las enjuició el ex - canciller Ernesto Leal.
“Los prestidigitadores” de la Ley Marco, a juicio del jurista, sacaron la repuesta del adefesio jurídico como un conejo o una paloma del sombrero, después que vociferaban contra las reformas constitucionales que al final Bolaños salió aceptando (con el congelamiento de las enmiendas hasta el 20 de enero de 2007) y echando al traste de la basura el aferramiento que tuvo hacia la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que había declarado la inaplicabilidad de las reformas.
En sus declaraciones a EL NUEVO DIARIO, el jurista afirmó que las “razones de Estado”, que por nefastas e inmorales y bajo el peso de su descrédito, creía uno que ya sólo constituían amargas y dolorosas referencias históricas, “irrumpieron en los últimos días en Nicaragua, proclamadas por un presidente irresponsable que con su actuación delincuencial en contra de la Constitución, sienta un gravísimo precedente, para que en el futuro, esgrimiendo la enseña de “las razones de Estado”, puedan desconocerse las leyes y cometerse los mayores desmanes y atropellos en contra de nuestro pueblo”, dijo.
También por “razones de Estado” el presidente de Chile, Salvador Allende, es derrocado y asesinado, lo mismo que hizo el general Anastasio Somoza García para mandar a asesinar a Sandino en 1934.
Expuesto lo anterior y ubicados en el escenario actual en el que por razones de Estado se promulgó la Ley Marco “necesariamente tenemos que formularnos el siguiente dilema: si un acuerdo, un decreto, o una ley son ilegales, nulas, ilegítimas, y por ende inexistentes, no pueden generar de manera alguna efectos legales de ningún orden, y por lo tanto no es el caso de que puedan suspenderse los efectos legales de las mismas, por no existir éstos; para que puedan suspenderse efectos legales de una ley”.
Emplazamiento a CCJ
Planteada tal situación, la opinión pública tiene derecho a esperar que los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (firmantes de la sentencia contra las reformas) renuncien a sus cargos por razones de decoro, de dignidad personal o, en su defecto, que el gobierno de Nicaragua proceda a denunciar que el Protocolo de Tegucigalpa “ya no tiene ningún rol que jugar por lo que hace a nuestro sistema de justicia”.