Política

Propuesta para elecciones creíbles


Sergio Aguirre

Ética y Transparencia (EyT) y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) dieron a conocer ayer cinco requisitos mínimos para que las elecciones de 2006 sean legítimas, relacionadas a la auditoría y depuración del padrón electoral, avances en la cedulación, financiamiento electoral transparente, campañas electorales limpias y sin inhibiciones fraudulentas, así como acceso a la observación electoral.
Mauricio Zúñiga, Director Ejecutivo de Ipade, aseguró que los márgenes de error del padrón alcanzan niveles tan altos, que el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) los estima en unos 500 mil registros.
Sumado a esto está la disposición del Poder Electoral en 2004 de no permitir el voto a personas que no aparecen en el correspondiente padrón, aunque la dirección en su cédula lo habilite. Como resultado a unos 40 mil ciudadanos que acudieron a votar en las pasadas elecciones municipales no se les permitió ejercer su derecho.
“Dado los mayores índices de participación, este total podría duplicarse en las elecciones de noviembre de 2006. Estas abstenciones forzadas podrían ser determinantes en las votaciones presidenciales y más probablemente, en numerosas diputaciones. El peligro de un padrón sin depurar, que afectaría la legitimidad del proceso, debe ser eliminado”, afirmó.
Sobre los avances en el proceso de cedulación, Zúñiga comentó que aunque este proceso tiene cobertura superior al 90% entre varios grupos étnicos, algunos sectores geográficos, como la Costa Caribe y en particular ciudadanos entre 16 y 25 años de edad, muestran a la fecha una limitada cobertura del 64%.
Mientras reforman Ley Electoral
Roberto Courtney, Director Ejecutivo de EyT, dijo que los ciudadanos tienen derecho a conocer los vínculos o compromisos financieros de los candidatos presidenciales, antes de elegir, para después dar seguimiento a las políticas y contrataciones públicas.
“Las deficiencias del marco regulatorio y la opaca historia de las rendiciones de cuentas de los candidatos y partidos políticos, en los procesos electorales pasados, deben dar paso a un régimen voluntario de revelación pública previa a las elecciones de los montos y fuentes de financiamiento privado, acompañado de un monitoreo más estrecho de los órganos de control del Estado y el CSE”, enfatizó.
Courtney señaló que en la historia electoral reciente, los indicios de inhibiciones fraudulentas y las campañas de desprestigio internacional, amenazan al menos a tres precandidatos a la presidencia, atentando contra una genuina competencia electoral. Por ello, propuso materializar un compromiso de los actores políticos de no utilizar manipulaciones institucionales o juicios prefabricados para eliminar candidaturas, como un respeto al derecho a elegir.
Zúñiga y Courtney coincidieron en la necesidad de que se subsanen estos problemas, en el marco electoral nicaragüense, de cara a las elecciones de 2006, a la espera de una reforma a fondo de la Ley Electoral como lo demandan diversos organismos de observación electoral tanto nacionales como internacionales.
Observaron que medidas como las elecciones primarias y un referendo a las reformas constitucionales no garantizan la legitimidad de las elecciones del próximo año, como consideran que lo hará el aplicar los cinco puntos planteados.