Política

Desaforación es tema cerrado

Partidos políticos con representación parlamentaria instauraron esta tarde el diálogo político para afinar la aprobación de leyes estructurales

El Parlamento nicaragüense rechazó esta mañana la petición de un juez local de desafuero en contra del presidente, Enrique Bolaños, para que enfrente un juicio por supuestos delitos electorales, informó una fuente legislativa.
El jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Enrique Quiñonez, informó a ACAN-EFE de que 43 diputados liberales y de la oficialista bancada Azul y Blanco, votaron en contra del desafuero del gobernante.
"Hemos rechazado el desafuero porque creemos que tenemos que darle un mensaje de estabilidad y gobernabilidad al país y a la comunidad internacional", dijo Quiñonez.
Indicó que de los 38 diputados del Frente Sandinista (FSLN) que estuvieron presentes en el Parlamento, 17 se abstuvieron de votar y el resto no ejerció su derecho al voto.
Para aprobar el desafuero del gobernante se necesitaba el voto a favor de 56 de los 91 legisladores que integran el Parlamento.
El presidente Enrique Bolaños y más de 30 personas vinculadas al PLC fueron acusados por la Fiscalía General en octubre de 2002 de delitos electorales, después de que indagaciones de ese órgano judicial revelaron que la campaña del ahora gobernante pudo haber sido financiada con dinero del Estado.
Un acuerdo político alcanzado hace dos semanas, y concretado por la aprobación de la Ley Marco, suspendiendo las reformas constitucionales, acabó por ahora las hostilidades entre el Ejecutivo y Legislativo, lo que ha incidido sobre la misma naturaleza de los juicios a seis ministros, también acusados por delitos electorales, que pasaron de indiciados a meros testigos.
La relativa estabilidad está reflejada en la instauración de un diálogo político, que arrancó desde las tres de la tarde en la Presidencia de la República, con la presencia de todos los partidos que tienen asientos en el Legislativo, y en donde afinarán la aprobación de un paquete de leyes estructurales, que demanda el Poder Ejecutivo.