Política

“Reformas no deben aceptarse como válidas”

* Insisten que enmiendas constitucionales son “ilegales e ilegítimas” y proponen referendo en elecciones de noviembre de 2006 * Aplauden convocatoria a Diálogo Nacional y piden integración de “alianzas políticas, sociedad civil organizada y grupos cívicos comprometidos”

Sergio Aguirre

Representantes del Movimiento por Nicaragua reiteraron ayer el criterio de que las reformas constitucionales son ilegales e ilegítimas, en tanto su aprobación no fue consultada a la ciudadanía, por lo que proponen realizar un referendo simultáneo durante las elecciones nacionales de 2006. A la vez, consideran que la suspensión temporal de estas reformas, a través de una “Ley Marco”, es un paréntesis en la crisis institucional y no una solución válida y permanente.
En un comunicado consideran que en todo caso la “Ley Marco” debe contar con la garantía adicional del enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), e incluir como punto prioritario del Diálogo Nacional propuestas concretas que garanticen un proceso electoral justo, transparente y sin inhibiciones, tanto para las elecciones regionales como para las nacionales de 2006.
Instaron a todos los sectores sociales a unirse al esfuerzo del diálogo amplio e incluyente, y solicitaron a la Asamblea Nacional que agilice las leyes económicas necesarias para lograr un acuerdo con los organismos multilaterales y países donantes, de manera que pronto vengan al país los fondos necesarios para el desarrollo del país y la reducción de la pobreza.
A criterio de este movimiento, en un diálogo amplio e incluyente deben estar presentes las alianzas y agrupaciones políticas, sociedad civil organizada, empresarios, productores y grupos cívicos comprometidos que luchan contra el pacto y abogan por la construcción de una república basada en principios democráticos, en el equilibrio entre los poderes del Estado, la ética y moral.
Carlos Tünnermann, directivo del Movimiento por Nicaragua, comentó que esa agrupación está inconforme con la “Ley Marco” acordada entre el secretario general del FSLN, Daniel Ortega, y el presidente Enrique Bolaños, como mecanismo para “congelar” las reformas constitucionales.
“Precisamente, por considerarlas ilegítimas e ilegales, recurrimos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSE) con más de un centenar de recursos, en los que alegamos que bajo el disfraz de reforma parcial hicieron un cambio fundamental en el sistema de gobierno, rompieron el equilibrio entre los poderes del Estado, además que se introdujo un seudoparlamentarismo sin las garantías propias que genera ese tipo de sistema”, explicó.
Recordó que la Ley de Participación Ciudadana establece la consulta para este tipo de iniciativas, “algo que nunca ocurrió en esos términos. Seguimos creyendo que no gozan de legitimidad, en el sentido que según las encuestas, la gran mayoría del pueblo nicaragüense las rechaza. Creemos que son la fuente de la crisis institucional que vive el Estado de Nicaragua”, agregó Tünnermann.
Consideró que “no basta suspender las reformas hasta el año 2007, sino que no deben aceptarse como válidas a menos que una vez referidas a las elecciones de noviembre de 2006, el pueblo las acepte con su voto en un referendo, o se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva Constitución, de acuerdo al mandato que se les dé a los legisladores integrantes de la misma”, anotó.