Política

Insisten en “impuesto patriótico”

* Proyecto de ley será consensuado con Cancillería, aseguran diputados

Edgard Barberena

El proyecto de ley que establecerá el arancel del 35 por ciento que Nicaragua aplicará a los productos y servicios procedentes de Costa Rica, será dictaminado y aprobado por la Asamblea Nacional en consulta con la Cancillería, pese a que las autoridades de Relaciones Exteriores estarían en desacuerdo.
El segundo secretario de la Asamblea Nacional, Edwin Castro, dijo que la iniciativa presentada el pasado 30 de septiembre por los diputados Wilfredo Navarro, Enrique Quiñónez, Vladimir Pineda y Miguel Rosales Ortega, será remitida a la comisión económica para que proceda a realizar las consultas pertinentes.
Castro estimó que será de utilidad el asesoramiento que puedan dar los ex cancilleres de la República, convocados por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Norman Caldera, quienes con sus experiencias ilustrarán a los diputados sobre las pretensiones costarricenses para que sus militares naveguen armados por el río San Juan.
Reciprocidad en cobro de visados
Simultáneamente, el Gobierno prevé la aprobación de un decreto para cobrar 20 dólares por la visa que se otorgue a cada ciudadano costarricense que ingresa a Nicaragua, en reciprocidad porque también los nicaragüenses que viajan al vecino país están obligados a pagar una cantidad similar en el consulado tico.
Datos oficiales revelan que cada año más de cien mil costarricenses ingresan a territorio nicaragüense, y que con el cobro de los 20 dólares por cada visado se obtendrán aproximadamente dos millones de dólares anuales.
Estos fondos recaudados serían destinados a pagar los costos de la demanda que Costa Rica interpuso contra nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya, Holanda, considerando los cálculos hechos por el canciller Norman Caldera, quien estima que ese proceso costará a Nicaragua un millón y medio de dólares anuales.
Caldera se reunió el pasado viernes con el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, y el vicepresidente, Wilfredo Navarro, para definir una estrategia común de defensa de nuestra soberanía nacional frente a las pretensiones costarricenses.
La iniciativa de cobrar el 35 por ciento a los productos ticos surgió de la Asamblea Nacional, pero el Poder Ejecutivo se ha opuesto a que se tome esa medida porque la consideran “equivocada”, declaró Caldera, luego de la reunión con los directivos parlamentarios.
Igualmente, los miembros de la Junta Directivo del Consejo Superior de la Empresa Privada, que cerraron filas alrededor de la Cancillería para la defensa de la soberanía nacional, expresaron sus reservas en cuanto a la imposición de ese arancel.
No obstante, Núñez declaró que todavía sigue en vigencia la iniciativa de proponer el cobro del 35 por ciento a los productos de bienes y servicios que ingresan a Nicaragua.