Política

Caputo: “Opinar no significa injerencia”


Edgard Barberena

El enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, justificó ayer las virulentas declaraciones del subsecretario de Estado estadounidense, Robert Zoellick, contra los líderes del PLC y FSLN, aunque admitió que constituye injerencia la amenaza de suspender el desembolso de 175 millones de dólares de la Cuenta del Milenio, en caso que se profundice la crisis institucional.
Caputo desestimó que las declaraciones de Zoellick constituyan una intromisión en los asuntos internos de Nicaragua, porque según él, “opinar no significa injerencia, sino que actuar”.
No obstante, reconoció que la amenaza de suspender la ayuda económica es una injerencia que “está en todo el mundo. Cada vez que se ponen condicionalidades cualquier organismo financiero internacional, y de hecho hay injerencia”, dice.
Estimó que hay condiciones para restablecer el diálogo tripartito, porque cuenta con repuestas formales de los poderes del Estado, y reiteró que mientras sea necesario y conveniente, la OEA seguirá apoyando a Nicaragua.
Núñez responde a Insulza
Caputo brindó sus declaraciones luego de reunirse con el presidente del Parlamento, René Núñez, quien le entregó la respuesta oficial del Legislativo a la misiva del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en que invita a restablecer el diálogo para encontrarle una salida a la crisis política.
Núñez destaca en su respuesta que el Legislativo está por un diálogo sincero, en que las partes discutan todos los puntos que se planteen, e insistió en la presencia del cardenal Miguel Obando como garante y el representante de la OEA como facilitador.
Manifiesta que las reformas constitucionales “fueron presentadas, discutidas y aprobadas de acuerdo a la Constitución, las leyes, estatutos y reglamentos de la Asamblea Nacional”.
Recuerda que la suspensión de la inmunidad de los funcionarios públicos “no implica juicio ni condena o absolución, ni pérdida de su cargo, es simplemente la suspensión de un privilegio que la ley le otorga a un funcionario público, y dicha suspensión se realiza para que éste responda como cualquier ciudadano ante los tribunales de justicia, sobre supuestos delitos cometidos”.