Opinión

La convención sobre la nińez y nuestra legislación


— Anna Benicia Vanegas Ramos* —

Los recientes acontecimientos que sacudieron la conciencia nacional del país, con el asesinato de un Diputado, y por el cual el autor confeso, pretendiendo evadir la aplicación de la justicia penal de los adultos, afirmaba tener menos de dieciocho ańos, han originado una intensa polémica acerca de la necesidad de reformar el Código de la Nińez para unos, o de su derogación, para otros.;


Con este artículo, el cual pretende ser el primero de una serie relativa al tema de la justicia penal especializada, pretendemos poner de relieve lo que podemos denominar, los antecedentes mediatos del Código de la Nińez y la Adolescencia, a través de las obligaciones asumidas por Nicaragua, con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Nińo en 1990, los mecanismos de protección establecidos en ella y el reconocimiento de la misma en el artículo 71 de la Constitución Política reformada en 1995.;


Las obligaciones de los Estados según la Convención. Refirámonos primero a lo que ordena la Convención a los Estados, es decir al tipo de obligaciones que éstos se comprometieron a cumplir. Prácticamente, la mayoría de ellas se refieren a la adopción de medidas para el cumplimiento de la Convención. Estas medidas son de diversa índole. Así por ejemplo, el Art. 3 estipula que los Estados deben adoptar medidas administrativas y legislativas que aseguren la efectividad de los derechos reconocidos en la Convención. Este es quizás uno de los artículos más significativos, por cuanto les seńala a los Estados la obligación fundamental de lograr la Ťefectividadť de los derechos reconocidos. Esta, podría decirse, es la base fundamental convencional, del Código de la Nińez y la Adolescencia, tan discutido en estos días. Igualmente, el art. 19 establece que los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para la protección del nińo contra toda forma de maltrato.;


En otras cláusulas de la Convención, las obligaciones son más generales, como lo demuestran los artículos 2, inc. 1 que seńala a los Estados la obligación de Ťtomar las medidas apropiadasť para garantizar a los nińos la protección contra toda discriminación; el art. 11 que impone a los Estados la obligación de Ťadoptar medidasť contra los traslados ilícitos de nińos al extranjero, o el art. 22 que seńala a los Estados el deber de adoptar medidas Ťadecuadasť para el logro del estatuto de refugiado de los nińos que lo soliciten, o aún el art. 33 que expresa que los Estados Ťadoptarán todas las medidas apropiadasť para la protección de los nińos contra el uso ilícito de estupefacientes. En estos casos, la Convención no especifica qué tipos de medidas deben ser tomadas.;


Un segundo tipo de obligaciones se refiere, a que los Estados deben respetar o garantizar ciertos derechos de los nińos, o velar por su cumplimiento. Tales son los casos por ejemplo de los artículos 5, 8, 9, 12, 14, 18, 37, 38, referentes a las responsabilidades, derechos y deberes de los padres; el derecho del nińo a preservar su identidad; que el nińo no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos; el derecho de opinión y de libertad de pensamiento; el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta al desarrollo del nińo, etc.;


Mecanismos de protección: Como es casi costumbre en los tratados internacionales relativos a derechos humanos, la Convención estipula como mecanismos de protección de los derechos y las obligaciones reconocidas, la presentación de informes. Como lo seńala el art. 44 de la Convención, los Estados se comprometen a presentar al Comité de los Derechos del Nińo, informes sobre las medidas que hayan adoptado, para dar efecto a los derechos reconocidos en la misma, y sobre el progreso que hayan logrado en cuanto al goce de esos derechos.;


Este Comité tiene la facultad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la Convención. A su vez, el Comité debe presentar cada dos ańos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un informe de sus actividades.;


Como podemos ver, el mecanismo de protección no contiene sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones, pues la obligación de los Estados se agota con la presentación de informes. Sin embargo, dos aspectos deben ser seńalados: en primer lugar, a pesar de la falta de Ťcoercibilidadť para hacer efectivas las obligaciones, los Estados no pueden sustraerse del cumplimiento del principio rector de toda obligación internacional, de que éstas se cumplen de buena fe. Y en segundo lugar, si bien es cierto hay ausencia de sanciones en los términos utilizados en los derechos internos, sin embargo en los casos de incumplimiento de las obligaciones, la sanción es más bien de orden moral, en la medida en que la Comisión, al seńalar en su informe la falta de cumplimiento de un Estado, en esa medida está llamando la atención de la opinión pública mundial sobre el comportamiento Ťviolatorioť del Estado en causa.;


El reconocimiento de la Convención en la Constitución. De una forma un tanto poco común, las reformas a la Constitución Política de 1995, establecieron una disposición según la cual, Ťla Convención Internacional de los Derechos del Nińo y de la Nińa tiene plena vigenciať. En realidad éste es un tipo de disposición sobrancera, porque a partir del momento en que Nicaragua ratificó la Convención ya vigente, desde ese momento la misma adquiría Ťplena vigenciať, pues recuérdese que de conformidad con el artículo 182 Cn. las leyes y tratados, tienen el mismo rango dentro de nuestra jerarquía normativa. Al ser en consecuencia el tratado una ley de la República, sus disposiciones se convertían en obligaciones de ineludible cumplimiento para el Estado.;


Ahora bien, esta Convención por su naturaleza no establece mecanismos de protección para la categoría de personas a quienes se dirige, por lo que la disposición del artículo cuatro, de que los Estados adopten medidas legislativas para la efectividad de los Derechos reconocidos en la Convención, se concretiza a través de la aprobación en nuestro país del Código de la Nińez y la Adolescencia. Este Código es pues, el cumplimiento de una obligación internacional asumida por el Estado. Debe ser reformado o derogado? Esta cuestión no es únicamente de naturaleza doméstica, sino que tiene que ver con nuestros compromisos.;


*Juez Penal de Adolescentes.;