Opinión

El dilema del transporte público


— Hugo Vélez Astacio* —

Con mucha razón en los últimos días, el tema del transporte público ha sido noticia diaria en casi todos los medios de comunicación tanto hablado como escritos: Muerte atroz por salvajes del volante; Triple choque entre gigantes del volante; Asalto a pasajeros en ruta Urbana; Buseros y cobradores abusivos con los usuarios; Policía será estricta con los conductores de buses; Se firma acuerdo MTI-Policía para frenar abuso de los buseros; Se multarán a los buseros; Si el negocio no les da, que le den paso a otros transportistas, dice titular del MTI, etc. Lo anterior son los titulares y noticias, que pretenden de alguna manera reflejar el problema y que en principio tienden a seńalar los efectos de un problema mayor y más complejo, pendiente aún de resolver.;


Lo cierto es que los medios de comunicación, de alguna manera están tomando muy en cuenta a un actor del sistema de transporte, como son los usuarios, quienes tradicionalmente han sido sujetos pasivos de un asunto que les atańe fundamentalmente, al ser un servicio básico de interés público, cuya responsabilidad consignada en la Constitución de la República al Estado, no es asumida con seriedad por los Gobiernos al no darle prioridad y atención al asignar partidas presupuestarias ridículas que no se corresponden con su importancia, limitándose a resolver los diferentes problemas de manera casuística y conforme las circunstancias políticas del momento. Lo anterior ha dado como resultado que cada cierto período de tiempo, se tensen las posiciones entre los transportistas y el Gobierno, con resultados de dańos graves a la economía nacional, desprestigio y afectación de imagen en el exterior, y lo peor aún con pérdidas humanas que lamentar.;


Al abordar el problema, lo actuado ha estado marcado con un alto sesgo y miopía en cuanto a su aspecto integral, obviando el interés de los usuarios en general. El Gobierno manifestando la culpa exclusiva a los transportistas, que no hacen nada para mejorar el servicio, que las utilidades del negocio lo utilizan para otras cosas y no para renovar las unidades, que son irresponsables en la conducción y responsables directos en el alto grado de accidentalidad y muerte ocasionada, y por el lado de los transportistas y principalmente por sus profesionales dirigentes gremiales, pegando gritos que la culpa es del Gobierno por tener funcionarios incapaces y deshonestos, que otorgan concesiones y autorizaciones sólo a quienes muestran la Ťmagníficať del partido gobernante; culpable por no adoptar políticas de subsidios ante los altos costos de operación, provocados en gran manera por el impuesto que grava los combustibles, principalmente el diesel, que es el componente que utilizan los autobuses del servicio urbano e interurbano.;


Total, ante intereses encontrados, con posiciones y acciones antagónicas, ha dado como resultado asonadas, paros, dańos a la economía, destrucción y muerte.;
En medio de esto, que bien puede llamársele conflicto, está el usuario, esa población, quien además de tener interés que se resuelva este problema que a diario le afecta, tiene todo el derecho a ser sujeto activo, con participación con voz y coto en la aprobación de los programas y políticas de desarrollo, como de regulación, que logren hacer del servicio del transporte algo digno y con calidad.;


De momento, la obcecación e intereses políticos y particulares tanto del Gobierno como de los transportistas, no han permitido tratar el asunto con profesionalidad, por lo que es nuestra apreciación que debe iniciarse con un estudio que diagnostique, actualizando los problemas de fondo, a fin de que se elabore un programa de acciones que posibiliten, incentivar la industria de este sub-sector, y logre solventar de manera fundamental los problemas de la inseguridad en la transportación, alivie los altos costos de operación, contribuya a mejorar la calidad y trato en el servicio, y permita establecer un marco jurídico que indique y tipifique con claridad las normas de operación de los concesionarios, así como la actuación de los funcionarios, eliminando las discrecionalidades para ejercer las facultades que le otorga la ley, de manera profesional, técnica y económica en cuanto a sus actuaciones y autorizaciones cuando sea necesario crear un nuevo servicio de transporte en una ruta.;


En consecuencia con lo antes indicado, pretendemos contribuir en sus enfoques que coadyuven hacia la solución de los problemas de este servicio básico de mucha importancia para la mayoría de la población.;


Managua, septiembre de 1999;


* Consultor independiente;


Ex-Director Gral. de Transp. Terrestre;