Opinión

¿Institucionalizarán el espionaje financiero?


— Eloisa Ibarra —

De aprobarse tal como fueron presentados los tres proyectos de leyes financieras, por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, los diputados estarían institucionalizando en el país el ŤEspionaje Financieroť lo que, indudablemente, se convertiría en un arma más peligrosa que el terrorismo fiscal practicado por la Dirección General de Ingresos(DGI)en los últimos ańos.;
Los proyectos de Ley Orgánica del Banco Central, Ley de General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos financieros y la Ley de la Superintendencia de Bancos otorgan un excesivo poder al Ejecutivo, según el análisis de expertos de distintos sectores financieros del país.;


La propuesta legal, que dejaría al superintendente de bancos, reducido a un simple Ťmonigoteť del Ejecutivo, ha sido defendida por el presidente del Banco Central, doctor Noel Ramírez, quien ha sostenido que el objetivo es fortalecer la gestión de la Superintendencia de Bancos, la del Banco Central, del Sistema Financiero y democratizar el crédito.;


No obstante analistas financieros y banqueros han expresado el temor de que se rompa peligrosamente el sigilo bancario que debe existir sobre las cuentas de los depositantes a la vez que se oponen a que se limite a un máximo de 10 por ciento la tendencia de acciones en un banco.;


Las preocupación es más que válida si, además, tomamos en consideración la total discreción que ya tiene el Ejecutivo con la Ley 285 en lo relativo al delito de lavado de dinero.;


El Poder Ejecutivo por medio del Consejo Nacional de Lucha contra la Droga, La Comisión de Análisis Financiero y la Secretaría Técnica, goza de discreción total para recabar de las instancias públicas toda la información financiera proveniente de las entidades gubernamentales, como de particulares, relacionada con las transacciones comerciales que puedan tener vinculación con el lavado de dinero.;


Además, de acuerdo a la Ley 285, las instancias mencionadas tienen la facultad de formar un banco de datos y centro de información con capacidad legal para requerir, recopilar y procesar estadísticas financieras cuando tengan sospechas de que existe lavado de dinero. Y sólo con el informe de dichas comisiones se podría iniciar un proceso judicial por dicho delito.;


Con ese conjunto de leyes, el Poder Ejecutivo podrá ejercer Ťespionaje financieroť sobre el sistema financiero, la empresa privada y los particulares y utilizarla de acuerdo a sus intereses políticos, igual que desde la DGI se ha ejercido chantaje y coersión contra los opositores y las instituciones que como la Contraloría General de la República, tienen la obligación de velar por el buen uso de los fondos públicos.;


Lo anterior resulta aún más preocupante, cuando ya se comenta en círculos políticos, que las leyes pretenden tener bajo control a poderosos grupos económicos, que han expresado su decisión de apoyar a un candidato que no sea del gobernante PLC para los próximos comicios.;


Y mientras el Ejecutivo estaría facultado para escudrińar las finanzas del gran capital privado, tendría a su favor una coraza que le permitiría actuar a manos sueltas sin estar bajo el examen de institución alguna.;


Qué se podría esperar de un Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos, nombrado por el presidente de la República, en un caso como el BANIC, donde los presuntos desmanes en el manejo de los créditos fue de parte de funcionarios allegados al Ejecutivo.;


Y cabe preguntarse porque el Ejecutivo propuso las leyes hasta después de que, mediante una dudosa privatización, el control accionario del BANIC, en un 50 por ciento, quedó en manos de correligionarios y allegados del presidente.;


De aprobarse las leyes, todas las transacciones que en el BANIC se realicen quedarían fuera de un verdadero control, pues basta con observar que aún sin las reformas financieras los miembros de la junta directiva del BANIC, algunos de ellos socios del ex presidente de la junta, Donald Spencer y otros socios y allegados del presidente, Arnoldo Alemán, le han impedido a la Contraloría la entrada para iniciar una auditoría.;


Los diputados tienen la obligación de velar porque las leyes sean aprobadas, sólo, después de cercenar todos los artículos que otorgan un poder, casi, ilimitado al Ejecutivo, que pretende tener bajo un malsano control todas las instituciones públicas y ahora también las privadas, como los bancos y empresarios.;