Opinión

Breves notas sobre las "leyes financieras".


— Alejandro Aguilar Altamirano* —

-Salamanca, 4 de septiembre de 1999-;


He leído algunas versiones y reacciones relacionadas con los;
tres proyectos de ley que bajo la denominación de "leyes;
financieras" se discuten actualmente en la Asamblea Nacional.;
Me refiero a los proyectos de "Ley de la Superintendencia de;
Bancos y de otras Instituciones Financieras", la "Ley General;
de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos;
Financieros" y la "Ley Orgánica del Banco Central" (llamémosle;
provisionalmente LSB, LGB y LOBC).;


Para nuestro infortunio, no pocas versiones de prensa mezclan;
asuntos que seguramente corresponden a uno u otro proyecto de;
ley, y puesto que algunos medios no hacen estas diferencias en;
el análisis, lejos de informarnos contribuyen a que muchos;
lectores ni nos enteremos de lo que está sucediendo. Por eso;
he de advertir que sólo pretendo -por ahora- hacer unos breves;
comentarios de carácter general sobre dichas "leyes;
financieras", esperando no confundir más a los lectores -y por;
el contrario- acercarlos a tan relevante debate, pero sin;
detenerme en el análisis particular de cada proyecto de ley.;


En primer lugar, es obvio que no asistimos a una simple,;
puntual e intrascendente reforma legal, sino a la aprobación;
casi simultánea de tres leyes (LSB, LGB y LOBC), que vendrán a;
configurar un "nuevo marco legal institucional para todo el;
sistema financiero" del país. Lo único que -al parecer-;
quedaría fuera de la reforma es lo relacionado con los;
mercados de valores, que se encuentran regulados por un;
"simple" reglamento (contenido en el Decreto 33-93, de 21 de;
junio de 1993), y dado que en Nicaragua no existe una entidad;
pública "especializada" en supervisar e inspeccionar los;
mercados de valores, dichas funciones las asume -hasta hoy- la;
Superintendencia de Bancos, por lo que de producirse alguna;
modificación, imagino que llegaría de manera indirecta por vía;
de su reforma.;


La relevancia del debate radica en que de este "nuevo marco;
legal" dependerá, en gran medida, la solidez o la fragilidad;
de todas y cada una de las instituciones del sistema;
financiero nacional, principales intermediarios de los;
recursos monetarios y dinerarios de nuestra economía. Pero;
además, de dicho marco legal dependerá, no sólo la solidez o;
fragilidad de aquellas entidades que (como los bancos) captan;
dinero del público, sino el futuro de casi cualquier otra;
entidad de financiación (existente o no), desde las;
"instituciones financieras no bancarias" hasta las pequeńas;
"cooperativas de ahorro y crédito".;


Así que la reforma supone una gran oportunidad para superar;
los desajustes, las incoherencias y la fragilidad del;
entramado institucional de un sistema financiero nacional;
heredero de los traumas de la nacionalización de la banca;
emprendida en 1979, de las precipitadas adaptaciones legales;
iniciadas en 1991, y de las más recientes experiencias, que;
sin ánimo de ser exactos se resumen en la incursión de varios;
bancos y financieras privadas, algunos "cambios accionariales";
acompańados de pequeńos "sustos", la intervención y -al;
parecer- absorción de dos bancos privados; un proceso de;
liquidación del más grande banco estatal y un oscuro proceso;
de "capitalización-privatización" del segundo banco público;
más importante del país, declarado como nulo por la CGR.;


Pero de la misma manera que la reforma es una gran;
oportunidad, cierto es que una "reforma global al marco legal;
institucional" de nuestro readaptado -y en ciertos casos;
parchado, obsoleto e improvisado- sistema financiero;
(conformado por el Banco Central y la Superintendencia de;
Bancos como entes públicos/autoridades; por una parte, y los;
Bancos y demás Entidades de financiación, por otra) entrańa;
también una gran cantidad de riesgos, tales como: la;
posibilidad de una centralización personal a cambio de una;
poco recomendable dispersión institucional, la duplicación de;
funciones y funcionarios, los vacíos facultativos, el;
incremento del autoritarismo y del abuso institucional frente;
a la ausencia de dispositivos eficientes y modernos de;
supervisión y vigilancia, la ausencia de una tipificación;
precisa de las infracciones y sanciones debidamente;
jerarquizadas tanto para los bancos como para las demás;
entidades financieras, la ausencia de una imprescindible;
coordinación institucional, o la inexistencia de;
procedimientos administrativos precisos, etc.;


Así que paradójicamente, los riesgos son tales, que dicha;
reforma podría terminar no sólo como un esfuerzo inútil, sino;
lo que es peor, incrementando los desajustes, las;
incoherencias, la fragilidad e incluso la obsolescencia del;
actual marco legal institucional, con el que estas;
instituciones habían venido (aunque con mucha dificultad);
navegando, equilibrándose y aguantándose, hasta el punto;
sortear algunas crisis y evitar un pánico generalizado.;


La cuestión es que la reforma se presenta como "urgente", y;
aunque tal vez no sea tan improvisada, no deja preocupar y;
llamar la atención que coincida precisamente con el;
entendimiento político PLC-FSLN y la salida del;
Superintendente Navarro, quien fue, dentro del sistema;
institucional, la única voz (al menos con cierto eco) no;
alineada al Ejecutivo. De más esta decir, que la complejidad;
de este tipo de proyectos no aconseja que se aborden con la;
premura que impera en el ambiente parlamentario y mucho menos,;
que su redacción de deje exclusivamente en manos de los;
técnicos, o que por el contrario los políticos ignoren;
totalmente lo que aquellos aconsejan.;


Los legisladores deberían pensar que quizá ha llegado el;
momento de equilibrar (Ąpor fin!), aunque sólo sea lo;
estrictamente necesario, la balanza de los intereses en juego;
en el sector financiero, admitiendo que dentro del sistema hay;
intereses -permanentemente olvidados- ajenos a los;
exclusivamente privados de cada banco o grupo de control;
accionario (que son legítimos pero no únicos), y que merecen;
también ser tutelados por el Estado.;


En primer lugar, y en una posición jerárquica privilegiada,;
los intereses de un público muy amplio, sencillos y esforzados;
"ahorrantes", que en la mayoría de los casos carecen de la;
información, los datos y hasta los conocimientos necesarios;
para evaluar la solidez y la solvencia del banco que han;
elegido para "guardar" su dinero. En segundo lugar, los;
intereses del resto de "depositantes" (nacionales y;
extranjeros, empresarios o no), que al igual que aquellos,;
confían ciegamente en la buena fe y en la transparencia de las;
entidades bancarias tanto en el manejo de sus cuentas;
corrientes, como al colocar sus inversiones o cumplir sus;
órdenes de pago (recuérdese que las entidades son;
intermediarias en muchos pagos), así como al solicitar un;
crédito o servicio, o incluso reconocer un saldo insoluto.;


Por otra parte, también están los intereses de los;
"accionistas minoritarios" quienes generalmente se ven;
totalmente excluidos de las decisiones que marcaran el rumbo;
del banco del que son socios, y que son tomadas;
-exclusivamente- por el grupo de control; y finalmente, el;
interés del "conjunto de la economía", debido a la posición;
medular que asumen los bancos en todos los mecanismos de pago;
y en la intermediación de los recursos.;


Todos estos intereses deberían estar de manera equilibrada;
protegidos dentro del marco legal e institucional. No se;
trata, de incorporar a dichos proyectos (LSB, LGB, LOBC);
normas propias de una legislación societaria o contractual,;
dado que obviamente no son estas las leyes o los instrumentos;
jurídicos para tal fin, sino de eliminar de la legislación;
actual los injustificados y excesivos desequilibrios, que como;
consecuencia del actual ordenamiento se producen diariamente;
en las relaciones cliente-banco, y no precisamente a favor del;
primero, que supone ser la parte débil de la relación;
contractual.;


Se trata por otra parte -a la luz de la experiencia;
internacional y nacional- de someter a las entidades;
financieras (en general) a un "régimen especial de vigilancia;
y supervisión administrativa", que necesariamente debe ser;
mucho más estricto e intenso que el soporta cualquier otro;
sector de la economía, de manera que la entidad supervisora;
(Superintendencia) disponga de una plena, completa, pronta y;
veraz información sobre la situación de cada una de las;
entidades financieras y su evolución. Mientras que por otra;
parte el sistema disponga de un conjunto de normas que de;
manera precisa, limiten o prohíban cualquier tipo de prácticas;
u operaciones que incrementen los riesgos de insolvencia o la;
falta de liquidez de los bancos, y por el contrario refuercen;
sus propios recursos, para atender tales riesgos.;


De ahí pues que se presenten como necesarias, coherentes y;
nada arbitrarias medidas tendentes a incrementar su capital;
social mínimo (respetando siempre un período de adaptación;
para los que están operando), o facultar a la Superintendencia;
para autorizar, y en ciertos casos incluso controlar y hasta;
evitar determinadas "operaciones" o "participaciones de;
control" en el capital de los bancos, de manera que las;
verdaderas relaciones de dominio (es decir, quién o quiénes;
controlan qué banco o entidad financiera) no se encuentren en;
la sombra, y que el sistema impida la incursión en los;
negocios financieros de esos personajes sin rostro, o incluso;
de aquellos inversores de paja, con capitales de dudosa;
procedencia, que nadie sabe de que planeta han llegado,;
conocen "a todo el mundo", y un buen día renuncian o;
desaparecen bajo el pretexto que "tienen otros negocios que;
atender".;


Este tipo de medidas, lejos de tener consecuencias negativas;
para los bancos y sus profesionales, se revertirían, sin duda;
alguna, a mediano y largo plazo, en unos incalculables;
beneficios para la transparencia de las entidades, la solidez;
del sistema financiero, los intereses de su clientela y la;
economía en general.;


*Abogado, especializado en Derecho Mercantil.