Opinión

Pinochet en La Haya: Lo jurídico y lo político


— Augusto Zamora R. —

El anuncio del gobierno de Chile, de que puede someter a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el conflicto suscitado por el enjuciamiento en Espańa del ex dictador Augusto Pinochet, abre una vía inesperada y sugerente a este caso. ;


Sería el primero en su género sometido a un tribunal internacional. Por tal motivo, deben descartarse tanto las descalificaciones como el temor a un fallo automático a favor del ex dictador. Dados los principios y normas en juego, el caso ha despertado expectación, así como inquietud en cuanto a sus fundamentos jurídicos y consecuencias políticas. ;


El gobierno de Chile rechaza vehementemente la detención y enjuiciamiento de Pinochet, invocando principios de sólida raigambre en Derecho Internacional. ;


Entre ellos, la soberanía del Estado y la territorialidad de las leyes penales. ;
Se responde desde Espańa con el principio de la jurisdicción universal, con base en la naturaleza de los crímenes cometidos durante la dictadura pinochetista. El gobierno espańol, por su parte, alega la separación de poderes y la imposibilidad del Poder Ejecutivo de interferir en las actividades del Poder Judicial. ;


Estamos, por tanto, ante una controversia internacional entre Chile y Espańa. ;
Cabe recordar, al respecto, dos cuestiones básicas. Primero, que el Derecho Internacional prevalece sobre el Derecho interno, de forma que la existencia de una norma interna no puede justificar la violación de una obligación internacional. Segundo, que aunque el origen de la controversia sea un órgano independiente del Poder Ejecutivo, éste debe asumirla como órgano que representa al Estado como tal. El Derecho Internacional no se ocupa de la organización y funcionamiento interno de un Estado. Le importa que ese Estado respete sus obligaciones y compromisos internacionales.;


Junto con la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza y la no intervención (principios gravemente dańados en Yugoslavia), uno de los grandes logros del Derecho Internacional y de Naciones Unidas (NN UU) es la obligación de resolver pacíficamente las controversias. Con ese propósito se creó la CIJ. ;


Que el gobierno chileno, luego del injustificado rechazo por Espańa de una solución arbitral, opte por acudir al Ťórgano judicial principalť de NN UU, debe aplaudirse. Políticamente, porque desactiva la crisis bilateral, transfiriendo el caso al órgano más fiable del sistema internacional. ;


Jurídicamente, porque permitirá, si acaso se inicia y llega hasta el final (de lo que debe dudarse), establecer un marco de equilibrio entre soberanía del Estado y territorialidad de la ley penal y la, hasta hoy, inaplicada y teórica jurisdicción universal.;


La decisión chilena resulta sugerente por otro hecho que debe considerarse. Nada garantiza a Chile el triunfo de sus tesis. Ser el demandante permite llevar la iniciativa, no asegurar el éxito. No cabe descartar que la CIJ pueda adoptar una decisión contraria, decidiendo, por ejemplo, que las llamadas Ťleyes de punto finalť son violatorias del Derecho Internacional humanitario. ;


En esa situación, Chile quedaría obligado a derogar tales leyes. Aunque denunciara posteriormente los instrumentos internacionales violados, la obligación de perseguir y castigar los crímenes de lesa humanidad forma parte del ius cogens o derecho imperativo. Chile no podría burlar esas obligaciones sin incurrir en responsabilidad internacional. La CIJ, así mismo, podría legitimar la jurisdicción universal y determinar que Pinochet puede ser juzgado por cualquier tribunal, sea chileno, espańol o británico. El juicio en La Haya permitiría llenar las notables lagunas e interrogantes que existen en este campo.;


Al margen de simpatías y antipatías, las objeciones políticas que rodean el caso son importantes. Gobiernos tan disímiles como los de Argentina, Cuba y México han manifestado reservas sobre el procesamiento de Pinochet. Sería absurdo pensar que México o Cuba están a favor del ex dictador. Las reservas se originan en las consecuencias del caso. Desde Latinoamérica se observa con un ojo a Espańa y con tres a EE UU, país que lleva más de una década intentando imponer la extraterritorialidad de sus leyes y tribunales. No se trata solamente de la conocida y repudiada Ley Helms-Burton. En diciembre de 1989 invadieron Panamá, capturaron a su presidente, le subieron a un avión militar y le procesaron ante un tribunal de Miami, que le condenó a cadena perpetua. A pocos importó que fuera una Ťpersona internacionalmente protegidať por un convenio de Naciones Unidas ratificado por Panamá y EE UU.;


En 1992, en una sentencia calificada por uno de los jueces disidentes como Ťmonstruosať, el Tribunal Supremo de EE UU consideró que el secuestro del ciudadano mexicano Humberto Álvarez-Machain, realizado por agentes del FBI en territorio mexicano, sin autorización de México, no impedía juzgar en EE UU al secuestrado. La imposición a Colombia de la extradición a EE UU de nacionales colombianos acusados de narcotráfico, para ser juzgados por tribunales norteamericanos, provocó en ese país una brutal espiral de violencia. En el caso Lockerbie, se impusieron graves e ilegales sanciones a Libia, para obligarla a entregar a los sospechosos del atentado a tribunales norteamericanos o británicos. En 1998, Paraguay demandó a EE UU por la condena a muerte del ciudadano paraguayo Ángel Francisco Breard, en un proceso que violaba la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En abril de ese ańo la CIJ requirió a EE UU detener la ejecución del paraguayo. Un tribunal de EE UU, en una decisión insólita, rechazó la orden de la CIJ, haciendo primar el derecho interno sobre una obligación internacional de EE UU. Breard fue ejecutado. En marzo de 1999, Alemania demandó a EE UU ante la CIJ por la condena a muerte de dos ciudadanos alemanes, por transgresión de la citada Convención de Viena. ;


No se trata únicamente del ex dictador chileno. Se juega la apertura de una puerta que, por una parte, permitiría que Jefes de Estado de los países del Tercer Mundo (nadie admitiría nunca el procesamiento de un presidente norteamericano, francés o alemán) fuesen juzgados por tribunales primermundistas. Por otra, abriría una autopista sin fin para permitir que tribunales nacionales (del Primer Mundo) sometieran a su jurisdicción un abanico arbitrario de temas, como viene sucediendo en EE UU. Si ya la soberanía de los países pobres es poco más que una bandera, la imprecisa e incierta jurisdicción universal (como las intervenciones Ťhumanitariasť, compárense Yugoslavia y Timor) pueden mutarse en un nuevo medio de opresión o de manipulación perversa de un objetivo noble.;


Por ello no puede obviarse el doble rasero internacional. El genocidio marroquí en el Sahara (provincia de Espańa, jurídicamente hablando, hasta poco antes de su infame reparto) no ha merecido atención de ningún juez o tribunal espańol, no obstante que buena parte de los saharauis desaparecidos eran, técnicamente, ciudadanos espańoles. Marruecos es un país estratégico para Espańa y sus gobernantes no caerían nunca dentro de la jurisdicción universal. Mobutu y Suharto, responsables notorios de genocidio, gozaron de plácidos retiros. Pero en EE UU son muchas las voces que piden procesar a Fidel Castro, culpable de ser antiimperialista y, si se quiere, dictador (que no es delito), pero exento de esas culpas.;


Un hecho reciente ilustra el riesgo y el doble rasero. Un tribunal yugoslavo citó a declarar hace pocos días a Javier Solana, secretario general de la OTAN, en relación con la brutal agresión sufrida por Yugoslavia. Contra ese país se perpetraron, aunque disguste admitirlo, crímenes de lesa humanidad. Abel Matutes rechazó tajantemente el requerimiento judicial. Los tribunales yugoslavos son Ťbárbarosť. ŤCivilizadosť serían algunos europeos. ;


Por tales motivos, la alternativa óptima al caso Pinochet es la Corte Internacional de Justicia, foro donde pueden defenderse enérgicamente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario, sin lesionar derechos fundamentales de los Estados, que, en el caso de los países pobres y débiles, son víctimas permanentes del proceso de demolición que sufre el Derecho Internacional desde los centros de poder. No en vano fue la CIJ la que, en 1949, advirtió que, dejado el derecho en manos de los poderosos Ťpodría con facilidad conducir a falsear la propia administración de la justicia internacionalť.;