Opinión

Legitimidad y legalidad presupuestaria


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Doctor Antonio Morgan;


Asesor Legal;


Ministerio de Hacienda y Crédito Público;


El Presupuesto General de la República es una ley con vigencia de un ańo y su objeto es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la Administración Pública, art. 112 Cn., cuya ejecución y cumplimiento se encuentra desarrollada en la Ley No. 51, Ley de Régimen Presupuestario, por lo que existe distribución de competencias en cuanto al Presupuesto se refiere.;


La Constitución fija la existencia del Presupuesto y lo define, pero, la ley No. 51 amplía el concepto y desarrolla la norma constitucional, estableciendo la tácita reconducción presupuestaria, por la que se permite la ejecución del presupuesto, en el entendido que siempre debe estar en ejecución un Presupuesto.;


En el caso concreto del Proyecto de Ley presentado ante la Asamblea Nacional para su aprobación, ni la norma constitucional, art. 112 Cn., ni la Ley que la desarrolla, Ley No. 51, Ley de Régimen Presupuestario, ni la Ley General del Presupuesto General de la República del ańo 1998, ordenan, mandan o preceptúan que, por la no aprobación del nuevo Presupuesto, deba entenderse derogado al ordenamiento jurídico fiscal que da vida al Presupuesto. A manera de ejemplo no podríamos decir al pagar la factura comercial que no se incluya el IGV por que no existe Presupuesto.;


Ya mencioné en párrafo anterior que en el Arto. 41 de la Ley No. 51, se encuentra contenida la llamada tácita reconducción presupuestaria, que establece la legalidad del Gasto Público durante un período que fija y que ella misma prorroga tácitamente, en razón de: La excepción al Principio Anticipación presupuestaria, y del principio de derecho administrativo de que, en ausencia de una norma que ha dejado de existir, en este caso el Proyecto de Presupuesto, el funcionario debe seguir aplicándola hasta la aprobación de una nueva disposición que la sustituya.;


Ahora bien, si la ley No. 51, Ley de Régimen Presupuestario autoriza la asignación del Gasto, es posible concluir que el Presupuesto deba seguirse ejecutando ya que, en algún momento la Asamblea Nacional por razón de competencia deberá conocer de él y tendrá que aprobarlo o no.;


Es causa lícita, legítima y legal por encontrarse fundada en el ordenamiento jurídico fiscal que el Gobierno de Nicaragua asuma su obligación de dar asistencia a los ciudadanos en los ramos de salud, seguridad, educación, transporte, comunicaciones, etc., ante la ausencia del voto legislativo que ha descargado así en el Poder Ejecutivo la responsabilidad en cuanto a la realización presupuestaria. ;