Opinión

6% para universidades


— Francisco Laínez —

Para resolver un problema, hay que saber cuál es el problema, cómo se originó. El 6% nació en el tira y encoge de la política criolla con las reformas constitucionales de 1995.;


Ante la opinión pública las élites lo muestran hoy como la confrontación de un ángel contra el demonio, como la destrucción del país, la violencia contra la paloma de la paz, como la necesidad de mostrar al mundo que en la sociedad nicaragüense convivimos en unidad y amor, aunque vivamos como perros y gatos.;


El 6% ha alcanzado un momento de crisis peligrosa, a mi entender un caldero que por cuatro ańos ha venido calentándose y podría explotar, ¿por qué?;
Hay causas y efectos, y debemos manejar siempre la verdad con lógica, para no perderse en el laberinto que teje el ramaje del bosque, porque ese ambiente distorsiona la razón, genera confusión y ha probado que beneficia únicamente a grupos de nuestra sociedad, como son las élites, del dinero, de la política, religiosas y militar.;


Hechos. La Constitución Política de Nicaragua manda entregar a las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior, igual que al Poder Judicial, porcentajes concretos del Presupuesto General de la República, contenidos en los artos. 125 (6%) y 159 (no menos del 4%).;


El Presupuesto General de la República es una Ley conforme el arto. 112 de la C.P. que tiene vigencia anual y Ťsu objeto es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinariosť.;


Es una Ley que aprueba el Poder Legislativo cada ańo, y como tal, debe cumplirse. La C.P. en su arto. 183 dice: ŤNingún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la Repúblicať.;


Al enumerar las atribuciones del Presidente de la República en el arto. 150, inciso 1) establece: ŤCumplir la Constitución Política y las leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también las cumplanť.;


A mi entender, la Constitución Política es puntual, categórica en su mandato y no da lugar a interpretaciones. No es confusa, su texto es muy claro, extraordinario es extraordinario en idioma castellano. Su texto es el que conoce el ciudadano al publicarse en el Diario Oficial, lo demás, puros cuentos.;


Que la ley no es correcta, que es una barbaridad, una estupidez, bueno, pero es la ley que debe cumplirse mientras no se reforme o derogue.;


No corresponde al Presidente de la República interpretar o calificar la Ley de Presupuesto. Tampoco ningún ciudadano goza de privilegio para ignorar la Ley, o para celebrar acuerdos al margen de la ley o traficar con subterfugios. Aceptar semejante conducta es caer en anarquía, es aceptar que la sociedad se gobierne por la ley del más fuerte.;


Lo que ocurra con la Ley de Presupuesto General de la República, su incumplimiento, bien puede ocurrir con otras leyes, y cabría entonces mejor suprimir al Poder Legislativo que entre su principal función está la de elaborar y aprobar leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.;


¿Cuál es el problema, entonces?, que la ley no la cumple quien por la C.P. está obligado a cumplirla. Que el Poder Legislativo no cumple con la Constitución al aprobar la Ley de Presupuesto, y tampoco la cumple el Poder Judicial al aceptar un porcentaje menor al indicado en la C.P.;


Los únicos que han reclamado su derecho Constitucional han sido las universidades con la solidaridad de sus estudiantes, pagando el país un costo doloroso, luego de 4 ańos de reclamos, porque el Presidente de la República ha actuado como dueńo de la verdad absoluta, ha jugado política y aparentar magnanimidad.;


La ley debe cumplirse al pie de la letra, aunque no guste, por ilógica que fuere. La solución únicamente debe ser legal, y si fuere del caso su reforma o derogación, recorrer la misma vía que le dio vigencia.;


La Ley y los hechos debieran llevar a reflexión a sectores elitistas que reclaman un Estado de Derecho sólo para sus intereses, ignoran la esencia del problema, publican comunicados de condena, en lugar de hacer aportes para que la Ley se cumpla y se consulte al único poder calificado, como es el poder soberano del pueblo.;


Es mi criterio alrededor del 6% para las Universidades, criterio de un ciudadano que trabaja por una nueva Nicaragua. Otros tendrán los suyos, muy bien, pero la ley debe acatarse, por injusta que la ley fuere.;


Managua, 26 de abril de 1999