Opinión

Interrogantes sobre una “militarización” de Sinapred


Equipo de Seguridad y Defensa del Ieepp

Durante el acto de conmemoración del 31 aniversario del Ejército de Nicaragua, tanto el General Julio César Avilés, jefe de la institución militar, como el Presidente de la República, Daniel Ortega, declararon que están trabajando en una reforma del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), con el fin –según ellos- de fortalecerlo y darle mayor integralidad al objeto y principios que lo rigen. Sin embargo, ha trascendido a los medios de comunicación que el interés detrás del discurso oficial sería otorgarle mayor control al Ejército de Nicaragua –a través del Estado Mayor de la Defensa Civil- sobre el funcionamiento y coordinación del citado Sistema.
A consideración del Ieepp, si esta situación llegara a materializarse tal y como se ha especulado, obliga a plantear nuevamente en la agenda pública la necesidad de un debate que aborde algunas de las cuestiones que hoy en día están también en las agendas de otros países, en relación con los intentos de los ejércitos de ampliar sus competencias en el interior de los estados, lo que implica un paso atrás en la consolidación de instituciones civiles.
No cabe duda de que estas nuevas competencias tienen asidero legal -figuran en el Código Militar- y doctrinario, pues están acordes con el enfoque multidimensional de la seguridad que se incluye tanto en el Tratado Marco de Seguridad Democrática como en lo aprobado por la Conferencia Especial de Seguridad de la OEA realizada en México en 2003. No obstante, este catálogo de amenazas a la seguridad –que van desde el SIDA hasta la pobreza, pasando por el Crimen Organizado-, viene de la mano de un nuevo enfoque que parece haberse olvidado: la seguridad ya no es una competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas o las Policías, sino que incluye también a los gobiernos locales, a la sociedad civil y a otras instituciones del Estado que tienen un papel que desempeñar en este concepto amplio de Seguridad.
En cuanto a lo establecido en el Código Militar, donde se amplían las competencias del Ejército de Nicaragua en cierta manera al margen de lo restrictivo de la Constitución en este punto, no hay que olvidar que fue prácticamente elaborado por el propio Ejército –en esta ley se consagró el Instituto de Previsión Militar-, que como cualquier otro grupo de presión, intentó en aquellos años difíciles para la Institución, negociar con las élites políticas del momento y prepararse un futuro en el que su presencia fuera necesaria y le garantizara tanto un puesto de actor relevante en el país como un presupuesto adecuado para ello.
Con este nuevo rol, el Ejército sumaría a sus ya numerosas competencias -protección del medio ambiente, de lucha contraterrorista, contra el Crimen Organizado y Defensa Civil, entre otras- la gestión del Sistema de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Un análisis desapasionado sobre la eficacia de una institución con competencias tan amplias y dispares nos daría un resultado previsible y lógico, que nos plantea la primera cuestión sobre el tema de este artículo: ¿hay expertos en las Fuerzas Armadas en la prevención y mitigación de desastres naturales o habrá que formarlos, con el mismo costo que un experto civil? o, lo más probable, ¿se utilizará a los ya existentes, con una experiencia de diez años, pero ahora bajo el mando militar?
Junto a estas cuestiones surgen otras igualmente preocupantes: ¿cómo se articularía una doctrina militar, por naturaleza autoritaria, con una jerarquía vertical y donde no cabe el debate, en un sistema articulado con todas las instituciones incluidas en la Ley del Sinapred y que ha venido funcionando adecuadamente?, ¿qué quedaría del diseño reticular del actual sistema en el que se consagra la autonomía de los gobiernos municipales y regionales de la Costa Caribe y que cuenta con estructuras incluso a nivel municipal?, y lo más importante ¿se le daría prioridad a la prevención o se ceñirían a planes reactivos, para los que sí están realmente preparados los militares?, y por último y no menos importante ¿quién gestionaría el presupuesto para emergencias, las donaciones de ayuda post evento y el Fondo Nacional para Desastres?
Todas son preguntas que necesariamente deben plantearse en un debate abierto, tal y como se realizó durante la creación del actual Sistema de Prevención y Mitigación de Desastres. En aquella ocasión se decidió, tras numerosas consultas con diversos actores nacionales e internacionales y a pesar de las presiones del Ejército, que el papel de las Fuerzas Armadas, a través de Defensa civil, se ceñiría al ámbito de la búsqueda y rescate, para lo que sí se les considera un instrumento adecuado.
Si ahora se quiere cambiar este Sistema, sin conocer la evaluación que motiva esta decisión, es necesario abrir un nuevo debate donde prevalezcan los criterios de eficiencia y efectividad en la prevención, mitigación y atención de desastres, y no sólo se pretenda restablecer equilibrios políticos entre instituciones estatales.