Opinión

Las maras son un grito social


“Las maras son un grito social” afirmó, hondamente conmovido, Douglas Flores, ex miembro de la Mara 18 de El Salvador, durante una capacitación en temas de prevención de la violencia realizada la semana pasada en San Salvador, justo el día en que se aprobaba en ese país la Ley Antimaras, que declara ilícita la existencia de estas agrupaciones y perseguirá a quienes pertenezcan a ellas, hayan cometido o no delitos.
Hablando a duras penas, por las heridas sufridas que dañaron sus cuerdas vocales, Flores relató su dolorosa infancia, abandonado por sus padres y violentamente maltratado por sus tutores, su juventud afectada por la discriminación en Estados Unidos, donde luego de emigrar se integró a las maras y desde donde fue repatriado a su país como millares de jóvenes salvadoreños, y finalmente su recuperación, gracias al apoyo de organismos no gubernamentales y su trabajo actual para frenar la violencia, pese a lo cual, “puedo ser detenido en cualquier momento con esta nueva ley”.
Flores, como los demás participantes, coincidieron en que la Ley Antimaras no conseguirá disminuir la violencia, sino por el contrario podría ocasionar un repunte de la misma en un país donde cada día mueren violentamente unas 17 personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes y donde el impulso de una eficaz estrategia de prevención se vuelve un imperativo.
Este ex marero dijo que así como los niños lloran “nosotros actuamos violentamente para llamar la atención de la sociedad” y está convencido de que la causa de esta actuación reside en las profundas injusticias sociales, la violencia intrafamiliar, la discriminación social y racial, y un machismo exacerbado por la desocupación y la falta de oportunidades, por lo cual volver a las políticas de mano dura que han probado ser ineficaces en el pasado, no hará más que agravar el problema.
Flores opina que el diálogo entre el gobierno y las maras, es el camino adecuado para superar la violencia, y relató que cuando asumió el presidente Mauricio Funes, las maras suspendieron sus acciones por varios días solicitando al gobierno abrir un diálogo hacia la pacificación del país, pero que el gobierno les respondió “no dialogamos con criminales”.
Un taxista nos refería que “los salvadoreños ganamos en colones pero gastamos en dólares” en relación a los estragos sociales causados por la dolarización de la economía, pues mientras los precios se equiparan al de un país rico, el salario mínimo anda por los setenta dólares al mes.
A eso se debe, dijo Flores, que un joven de un barrio pobre, bombardeado por la publicidad que le insta a usar celulares de lujo, zapatos tenis de marca y consumir toda clase de productos inalcanzables para su bolsillo, se vea empujado a robar en una sociedad que no le ofrece empleo, oportunidades de superación y que no le permite ni de lejos tener un ingreso mínimo para adquirir todos aquellos bienes publicitados en forma abrumadora.
En este contexto de exacerbación del consumo de una parte y polarización y exclusión social de la otra, una ley que tiende a criminalizar a los jóvenes de escasos recursos puede resultar más bien una bomba de tiempo. En Nicaragua, la prevención impulsada por organismos de la sociedad civil, del Estado e incluso de la Policía Nacional, ha tenido gran efectividad para frenar la violencia, disminuir en numerosas comunidades las tasas de delitos y aportar a la construcción de una cultura de paz.
Muchos salvadoreños piensan que en su país esto no daría resultado por el nivel de organización y peligrosidad que han alcanzado las maras, pero más que todo por la campaña mediática que ha estigmatizado a estos grupos y por la secuela de las políticas de mano dura y super mano dura, impulsadas por los anteriores gobiernos que han contribuido a profundizar las divisiones sociales al criminalizar la pobreza.
En medio de esta crítica situación, los funcionarios públicos y de la sociedad civil coincidieron en que no sólo es posible, sino también urgente, impulsar una efectiva estrategia de prevención de la violencia en El Salvador.
Dicha estrategia debería evitar que la aplicación de esta nueva ley se convierta en un instrumento de represión indiscriminada acompañándola de esfuerzos conjuntos entre instituciones y los organismos de la sociedad civil en ámbitos como la familia, las instituciones, la escuela y la comunidad.
Transformar los modelos de crianza autoritarios y violentos, promover alianzas para propiciar la pacificación a nivel comunitario, impulsar políticas de empleo o iniciativas de pequeña empresa en zonas críticamente afectadas por la violencia, crear políticas de salud y educación para prevenir y tratar las adicciones, impulsar un mayor control del tráfico ilegal de armas, desalentar el uso de armas de juguetes y la programación violenta en la televisión, promover el desarme en zonas afectadas por la violencia, sensibilizar a la policía, a funcionarios del sistema judicial y penitenciario y fomentar ampliamente políticas de género que eduquen una masculinidad desligada de la violencia, podrían ser aspectos importantes de esa estrategia de prevención.
Ojalá el gobierno salvadoreño escuche a los diversos sectores de ese país que manifiestan un hondo escepticismo respecto a los beneficios de la nueva ley y escuche ese “grito social” de millares de jóvenes vinculados a las maras, que podrían ser reinsertados a la vida económica, a la educación y a la sociedad, en vez de ser utilizados por el crimen transnacional.

*Directora, Centro de Prevención de la Violencia, Ceprev