Opinión

Concepción jurídica del matrimonio en Nicaragua

Si en Nicaragua existe interés de “modernizarse” jurídicamente y de estar a la par de otros países que han legislado en el sentido de permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, habría que pasar por una reforma parcial a nuestra Constitución para que se permita esa unión homosexual, porque como está redactada su espíritu es que sólo el hombre con una mujer pueden unirse en matrimonio civil

El matrimonio es una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida misma de todas las personas. Su configuración es tan antigua desde la primera unión de la pareja humana, partiendo de esa unión todas las investigaciones sobre el origen de la vida y desarrollo humano. Es tenida como la base de la familia y como la clave para la existencia perpetua del género humano. Por supuesto que la familia que nace del vínculo matrimonial no es la única, ya que el término familia implica la posible existencia de otros modelos, como la familia monoparental o la familia formada no por los cónyuges, sino por los abuelos y abuelas con sus nietos y nietas.
Para la religión es un sacramento y para el derecho es un contrato. Se configura con el consentimiento de un hombre y de una mujer para establecer entre ellos una unión, regulada por la ley, y en el caso de la concepción religiosa también es la unión entre un hombre y una mujer se unen perpetuamente conforme las disposiciones religiosas. De esto vemos claramente que para la religión la unión es perpetua, no así para la civil, que es regulada por la ley.
En sus orígenes, la unión entre hombre y mujer fue promiscua, dificultándose la estructura de una familia formal, por lo que la filiación de los hijos se fijaba por la línea de la mujer. La paternidad no se determinaba fácilmente. Más adelante surgen los matrimonios por grupos los que limitaban las uniones entre hombres y mujeres pertenecientes a la misma gens o tribu, persistiendo la filiación materna, porque siempre había promiscuidad intergrupal.
Hubo también etapas en donde las mujeres eran tomadas por los vencedores de la guerra como botín y se unían a ellas. Finalmente, como consecuencia del desarrollo del género humano, la familia se va consolidando en el sentido de que esas uniones pasaron a ser monógamas, por lo cual el hombre toma una mujer que es considerada de su propiedad, estando sometida a la voluntad del hombre. En este tipo de unión es que surge la filiación por la línea paterna.
Con el desarrollo de la sociedad el matrimonio es una decisión libre y soberana de los interesados, que siguen siendo un hombre y una mujer, para unirse, ya sea por la ley civil o por los preceptos religiosos. Vale recordar que el matrimonio que surte plenos efectos para el ejercicio de los derechos de familia es el matrimonio civil.
El matrimonio es el contrato solemne por medio del cual un hombre y una mujer se unen por toda la vida, teniendo por objeto la procreación y el mutuo auxilio (Art. 94 Código Civil). Esta unión impone a los cónyuges la obligación de mantener, educar, e instruir a los hijos comunes (Art.158 Código Civil). El cónyuge es el marido o la mujer que entre sí están unidos en matrimonio. Naturalmente que en cuanto a los deberes y derechos que nacen del matrimonio se debe considerar todo lo establecido en otras disposiciones jurídicas vigentes que regulan la materia del Derecho de Familia. La disolución del vínculo matrimonial se realiza conforme las causas que determina la ley la que fija de igual manera el procedimiento para ello.
Fija la ley impedimentos absolutos para la unión matrimonial, por lo que no podrán unirse en matrimonio o casarse civilmente: a) La persona que esté ligada por un matrimonio anterior; b) Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad legítima o ilegítima; c) Los hermanos; y d) El que haya matado a uno de los cónyuges, o su cómplice, con el cónyuge sobreviviente.-
Por su parte, nuestra Constitución Política en lo que respecta a los Derechos de la Familia y en especial cuando aborda el asunto del matrimonio y la unión de hecho estable, nos deja la posibilidad de una interpretación amplia en cuanto a la unión de un hombre con una mujer para casarse civilmente, o que sean del mismo sexo para el vínculo matrimonial, ya que al parecer no es contundente en su redacción y contenido, tal como lo es nuestro Código Civil, según lo expuesto en párrafos anteriores.
La norma constitucional dice que “el matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado.” La unión de hecho estable es la unión sin estar casados legalmente, pero con la misma finalidad, es decir que la pareja convive como si estuviera unida conforme la ley y socialmente así es vista. No es una relación eventual o temporal, o de días. Se trata de la vida en común, la vida en familia. La unión de hecho estable no la tenemos regulada por una ley especial. Continúa diciendo la norma constitucional que “el matrimonio y la unión de hecho estable descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer.” La pregunta es ¿cuál es el contexto de ese acuerdo del hombre y la mujer? Algunos podrán interpretarla en el sentido amplio de que el hombre y la mujer, por sí o en conjunto con otros pares tienen el derecho de decidir si unen de forma heterosexual o de forma homosexual ante la ley.
La interpretación objetiva es que el matrimonio descansa en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer para unirse entre sí ante la ley, y que también ellos deciden si conviven en unión de hecho estable. En ambas situaciones la disolución de esas uniones será por su mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes.
La situación misma de no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo no significa que se violenten los derechos constitucionales de ese grupo de personas que tienen esa preferencia sexual. El ser transexual, travestí, gay o lesbiana, no es en la actualidad reprochable jurídicamente y tienen la misma igualdad y protección de la ley.
Distinto es que a una persona que evidentemente es gay o lesbiana no se le permita trabajar, o estudiar, se le prohíba asistir a cultos o reuniones religiosas, no se le den oportunidades de superación en todos los aspectos de la vida normal; entonces ahí sí estamos frente a la violación de algunos de sus derechos consagrados en nuestra Constitución Política y en ese caso tiene todo el derecho de ejercer su acción correspondiente en contra del sujeto responsable de esa violación.
Si en Nicaragua existe interés de “modernizarse” jurídicamente y de estar a la par de otros países que han legislado en el sentido de permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, habría que pasar por una reforma parcial a nuestra Constitución para que se permita esa unión homosexual, porque como está redactada su espíritu es que sólo el hombre con una mujer pueden unirse en matrimonio civil. De no ser posible una reforma en ese sentido, los interesados en el tema hasta podrían pedir una interpretación auténtica del artículo constitucional referido, conforme la posible interpretación amplia. Todo esto generaría un conflicto político, social y religioso en nuestro medio. ¿Será necesario y de utilidad pública que los nicaragüenses nos centremos en esa discusión en estos momentos precarios que tenemos en lo social, económico, político y jurídico? Todos tenemos derecho a nuestra libertad individual, al reconocimiento de nuestra personalidad y capacidad jurídica, tenemos derecho a nuestra vida privada y al respeto a nuestra honra y reputación.
El amor que exista entre personas del mismo sexo podrá ser hermoso entre ellos mismos, pero el intento de su legalización en nuestras actuales condiciones implicaría más que un beneficio general un conflicto social estéril. Pero al final, son nuestros dirigentes políticos y diputados los que tienen la ultima palabra previa consulta con la sociedad.

*Abogado y Notario