Opinión

¿Por qué fracasan los Planes Nacionales de Educación en Nicaragua?


La educación de un país es la principal fortaleza que provee una mayor competitividad, mayores índices de desarrollo humano y brinda acceso a mejores oportunidades de empleo y prosperidad económica.
La realidad anteriormente expuesta adquiere una dimensión fundamental en el eje de los programas de gobierno que de manera integradora buscan equilibrar las asignaciones presupuestarias en la búsqueda de establecer estrategias coherentes y eficaces que ataquen las causas del problema de la pobreza y el rezago económico y no solo las consecuencias que se van perpetuando sin cesar como producto de desafortunadas estrategias de atención social de los gobiernos que se basan fundamentalmente en los aspectos asistencialistas, es decir remediales, y no en acciones y programas estructurados y coherentes de inversión en educación, por ejemplo.
De este modo, cada gobierno puede asumir un enfoque estratégico en temas de inversión del gasto social, principalmente en educación, que se oriente hacia una de las dos tendencias: una estrategia de acción o bien, una estrategia de reacción. La primera es un tipo de articulación estratégica que implica una serie de diagnósticos situacionales que darán orígen a planes de mediano y largo plazo que se enfocarán en la búsqueda de soluciones inteligentes a las causas que provocan la situación actual, generalmente crítica, en educación que se ve reflejada en los resultados tangibles y medibles: elevada tasa de desersión escolar, poca cobertura en educación básica y secundaria, entre otras realidades.
El segundo enfoque estratégico, el de la reacción, es una forma de abordar el problema educativo desde una perspectiva poco o nada planificada. Es una estrategia que se basa en las contingencias y en la gestión de las urgencias en materia de necesidades educativas con una total omisión de los aspectos programáticos que son necesarios para solventar de fondo los problemas.
Una estrategia nacional de educación debe ser un proyecto de nación al que estén llamados todos los sectores de la sociedad. No se puede, desde ningún punto de vista, pretender que sea el gobierno quien provea una solución universal, sostenible, inclusiva y trascendente al problema educativo sin la necesaria colaboración y compromiso de la sociedad en su conjunto.
En Nicaragua a lo largo de los últimos tres gobiernos (Arnoldo Alemán 1997-2002, Enrique Bolaños 2002-2007, Daniel Ortega 2007-2012) el Estado nicaragüense ha ensayado muchas estrategias para solventar los principales problemas del sector educativo, a saber: cobertura de educación primaria universal incompleta, cobertura de la educación secundaria muy baja a nivel nacional, desarticulación de los subsistemas de educación principalmente la educación superior.
Desde el auge de la autonomía escolar que buscaba una mayor implicación de la sociedad en la gestión escolar, pasando por el plan nacional de educación del gobierno de Bolaños, confeccionado al tenor de la estrategia reforzada para la reducción de la pobreza, hasta la supresión de la autonomía escolar por el gobierno de Ortega, con el consecuente retorno del Estado todopoderoso capaz de resolver todo; enfoque político que estuvo a cargo de un intelectual de la educación nacional, Miguel de Castilla, y que a la postre sólo le significó el descrédito, el ridículo y el escarnio público a este importante académico. Absolutamente todas las estrategias han fracasado.
Si buscamos las razones de este lamentable fracaso, la principal es la falta de integración estratégica de la sociedad y la ausencia de un diálogo franco con el gobierno para abordar los temas educativos. Otro elemento ha sido la ausencia de coherencia presupuestaria para atender las necesidades fundamentales del sector educativo principalmente el el medio rural. Haremos una breve pausa aquí para preguntarnos ¿cuántas escuelas nuevas ha construido o rehabilitado el gobierno de Ortega en las zonas rurales o aún en zonas de alta concentración urbana?
La principal causa de fracaso de las estrategias educativas ha sido la fragmentación de los subsistemas integrantes. Ello ha acarreado una serie de dificultades para establecer sistemas de referencia y contrareferencia para garantizar la calidad en cada susbsitema educativo. La educación preescolar está desconectada de la educación primaria y ésta de la secundaria y así sucesivamente.
En países como México, el sistema de educación superior está bajo la dirección de la Secretaría de Educación quien es la encargada de dar seguimiento a los planes y programas educativos multinivel. Esta secretaría aplica pruebas estandarizadas para evaluar el desempeño y la calidad en cada subsistema, las llamadas pruebas “Enlace”. Para que un estudiante promueva de un subsistema a otro, ya sea que estudie en una escuela del gobierno o privada, debe aprobar satisfactoriamente la prueba estandarizada de calidad académica que define la secretaría, así sea un estudiante que se gradua de primaria o de la universidad debe someterse a esta prueba oficial.
Este sistema permite detectar falencias, dificultades y armonizar los subsistemas educativos.
En Nicaragua el control de calidad y la articulación sistémica sigue siendo una quimera. No se puede ni siquiera llegar a sugerir que la educación superior deba rendirle cuentas al Estado vía el Ministerio de Educación. El sistema de educación superior es, por decir lo menos, anárquico. ¿Alguien está en capacidad, acaso, de decir cuál es la calidad de los graduados de una universidad en relación con otra? ¿Existe acaso alguna referencia oficial sobre la calidad académica que deben tener los graduados univerisitarios de cada especialidad? Cada quien hace como mejor le parece y el resultado es un lucrativo negocio de universidades de garaje. Este simple ejemplo sobre la educación superior en nuestro país es revelador del estado en que se encuentra el sistema.
Para concluir, podemos afirmar que es necesario cimentar la estrategia de educación en la inclusión y participación de la sociedad en su conjunto, en una coherencia presupestaria y en una articulación sistémica que esté bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación.

*Especialista en Economía Gubernamental y Administración financiera Pública.