Opinión

¿A quién protege la liquidación forzosa?


Es obvio que en nuestro país la liquidación Forzosa a quien protege es al acreedor, ya que según José Santo, centraliza bajo el principio de comunidad de pérdida donde todos los acreedores se abalanzan en contra del deudor en un procedimiento de ejecución colectiva de carácter forzoso, lo que le permite ir en busca del patrimonio del deudor para ejercer el pago de lo que se les debe, pero ¿es correcto que la liquidación forzosa sea tan accesible para el acreedor y no ponga más obstáculos a éste?
Cuando el patrimonio de un empresario o un particular tiene un desequilibrio y sus pasivos son mayores que sus activos comienza a estar en un estado de iliquidez, donde sus pasivos se inclinan sobre sus activos devorando poco a poco la empresa y produciendo en el particular o en el empresario, la insolvencia de sus deudas.
Es por ello que el acreedor viéndose amenazado su patrimonio puede ir en busca del juez a solicitar que se le declare insolvente su deuda, pero esto conllevará una serie de medidas en las cuales el deudor puede llegar a ser perjudicado especialmente si la declaración de insolvencia fue hecha, ya que esto puede provocar en sus acreedores desconfianza, y como sabemos para la población si eres sospechoso, eres culpable, pero a la hora de una sentencia que dicta lo contrario no se limpia a la persona de dicha culpa.
Nuestra constitución protege la libertad de empresa pero como podemos observar la liquidación Forzosa en nuestro sistema procesal es de carácter liquidativo, es la búsqueda de liquidación de los activos de la empresa para pagar la deuda exigida pero no se preocupa por crear para el empresario o el particular una alternativa de superación de la baja que se haya sufrido.
El Estado como garante de la economía no se ha preocupado por crear un medio de ayuda para las empresas o particulares que han caído en estas dificultades, es una falta de interés que puede causar en la economía bajas si se produce de forma consecutivas la pérdida de empresas, sabemos que somos un país tercermundista pero la quiebra de empresas puede causar una baja mayor en la economía, más empobrecimiento y más desempleo.
Por ello es una obligación del Estado no sólo proteger al acreedor en la liquidación Forzosa sino, ayudar al particular, al empresario a mantener la empresa a pasar las etapas de iliquidez, a tomar un carácter conservativo, especialmente si la empresa tiene la posibilidad de salvación.
El hecho también que nuestra legislación esta dispersa en códigos y leyes complementarias no ayuda a la utilización de la justicia, por el contrario, la hace inaplicable y en ocasiones obsoleta la legislación, es necesaria en nuestra legislación, la modernización y la ayuda de manera igualitaria para ambas partes del caso, porque como acreedor me gusta el hecho de que la ley me proteja, pero como empresario me encantaría que el Estado se preocupara por ayudarme.
Es claro que es necesaria la creación de algún instituto o ente que se preocupe por la inspección real de las empresas, de manera que evalúen si esta tiene salvación y aporte estrategias, también un fondo del Estado para ayudar a las empresas de manera transparente (sin usura), no pasar directamente a la liquidación de la empresa. Esto crearía estabilidad empresarial y mayor seguridad para el particular e incluso para los inversionistas.

* Estudiantes de tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Centroamericana, UCA.