Opinión

Los partidos políticos como instrumentos de explotación


Nuestra historia política nos enseña que, desde la independencia de Nicaragua a la administración de Daniel Ortega, los partidos políticos en nuestro desarrollo de nación, han servido como un instrumento más de explotación, utilizado por el político o el grupo social que administra o ha administrado la cosa pública, para su beneficio.
Si se lee con detenimiento a los historiadores nacionales Ayón, Gamez, Pérez, Ortega Arancibia, el lector podrá comprender, cómo y porqué acaecieron los hechos históricos del momento narrados por estos en nuestra vida nacional. Sin embargo, es necesario estar conciente de que cada autor da su observación subjetiva sobre las razones del porqué se dieron esos hechos históricos, pero las narraciones históricas son similares. Estos narradores son veraces y atestan nuestro pasado nacional. De sus narraciones se extrae que desde antes de nuestra independencia de España y de la unión Centroamericana, ya existían en Nicaragua agrupaciones ideológicas, sociales y políticas. Las llamadas “tertulias” de Granada, los “legitimistas”, los “democráticos”, los “coquimbos” morazanistas, los “timbucos”, “los calandracas” y, en nuestra historia contemporánea, los “conservadores”, los “liberales”, los “socialistas” y los marxistas son algunas de las organizaciones políticas que han dirigido y dirigen nuestro quehacer social de nación.
Es correcto afirmar que, en el inicio de nuestra vida independiente como nación, las organizaciones políticas carecían de una estructura legal y de las regulaciones que el Estado nicaragüense exige actualmente a esa clase de organizaciones. Sus miembros se asociaban más por los lazos consanguíneos que existían entre sus miembros y por la clase social a la que pertenecían y, es con posteridad a la independencia que, las corrientes filosóficas políticas europeas se importaron a la vida política nacional.
Las organizaciones políticas criollas, de aquel entonces, como las actuales, siempre han representado, y representan, los intereses de una clase/grupo social o de un individuo, y de sus socios extranjeros, sean éstos ideológicos, sociales o económicos. Todas estas organizaciones políticas detentan, entre sí, un factor, un hecho, una afirmación común, todas sin excepción se autonombran “representantes del pueblo”, o actualmente, ser “el pueblo”.
En su obra “Historia de Nicaragua”, Tomás Ayón, al analizar las quejas e imperfectos del orden social político existente en ese entonces, expresa, Pág. 411: “mucho sobre el furor con que los partidos políticos se disputaron el poder en los primeros días de nuestra libertad, y sobre las violencias e intrigas que ponían en juego para conservarlo como propiedad de un círculo.” Por su parte, Ortega Arancibia, en su obra, “Cuarenta Años de Historia de Nicaragua” en las páginas 284/285, al referirse al mensaje que el Presidente Martínez enviará a las otra naciones centroamericanas, éste manifestaba: “Hemos derramado nuestra sangre; hemos gastado nuestras fuerzas por miserables pasiones, por mezquinos intereses, por ilusiones de Gobierno”.
Así, observamos que a través de nuestra historia el Partido Conservador fue creado para salvaguardar los intereses de la derecha oligarca consanguíneo y, sus aliados internacionales, principalmente con España y luego con los Estados Unidos de Norte América. En esa época el clero-iglesia católica además influía desmedidamente en lo político y lo económico. Con el surgimiento de la filosofía política liberal y la instauración de gobiernos liberales en este país, también se crearon organizaciones políticas, que en su inicio afirmaban representar a la ciudadanía, proteger los derechos humanos de la mayoría ciudadana y, velar por la existencia y respeto de la democracia. Terminando, además, con la hegemonía oprobiosa que la iglesia católica ejercía sobre el gobierno y los nacionales. La historia nos enseña como se han desvirtuado la ideología liberal y los partidos liberales. La revolución sandinista, ha instaurado una organización política-militar que solamente favorecen a un pequeño grupo de nicaragüenses --el Orteguismo-- y lo que los nicaragüenses llaman el “Pacto”, y, ya no protege totalmente, los intereses de los Estados Unidos, sino que, también los de países como Cuba, Venezuela, Irán, Libia y a un sin numero de organizaciones paramilitares, catalogadas como terroristas por la gran mayoría de las nacionales democráticas actuales.
Los políticos y las organizaciones que estos representan y controlan, a través de nuestro desarrollo de nación, reforman la constitución, crean leyes, reglamentos y todo un andamiaje organizativo pseudolegal, para tratar de legalizar y justificar su permanencia perpetua en el poder y, los ilícitos que cometen utilizando la posición de poder y la inmunidad personal que el poder político les concede. Permiten, además, la existencia de una iniciativa privada, sin existir organismos judiciales independientes, que en realidad protejan al ciudadano común de la avaricia y abusos de ambos. Esta contraparte de la política criolla, existe como un apéndice de la clase política criolla para justificar su existencia. Se le exige al ciudadano común obedecer las leyes y pagar impuestos, mientras que a sus dirigentes y sus apéndices, les son exigibles y aplicables favorablemente. Nuestra presente realidad está llena de ejemplos. Funcionarios públicos y personajes de la iniciativa privada actual que han delinquido se les concede de inmediato --en algunos casos-- procesos judiciales amañados y corruptos garantizándoles la libertad y el disfrute de las riquezas acumuladas mal habidas.
En la obra “Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana en Centroamérica: El caso de Nicaragua, publicada por CRIES, Dora María Téllez, p. 20., al referirse a los partidos políticos PLC y FSLN reconoce: “Los cambios dejaran como resultado un modelo constitucional basado en la centralización y el autoritarismo en el ejercicio del poder político que debilita aún más las ya frágiles instituciones, aumentan la corrupción y la impunidad entre los grupos participantes del poder político, en detrimento de las posibilidades de desarrollo del país y defensa de los derechos de los ciudadanos y la sociedad”.
Aldo Díaz Lacayo en su obra “El Frente Sandinista después de la derrota electoral”, enuncia ciertas razones por las que, esa organización, vive en crisis permanente, manifiesta el autor: “la pobreza cedió a la avaricia, la igualdad y la fraternidad dieron paso a la explotación, la fortaleza espiritual se rindió a la blandenguería”, p.186.
Aunque es lógico y permisible que el político subsista de la vida pública, no es legal, moral ni aceptable que, estos, utilizando las organizaciones políticas, se enriquezcan ilegalmente deprivando a los ciudadanos del beneficio que los impuestos están supuestos generar para el bien común de la colectividad. Y es aun menos aceptable que se les permita gozar libremente del enriquecimiento ilícito.
Yo me hago la siguiente pregunta: ¿Han sobrevivido los políticos nicaragüenses, en igualdad de circunstancias y dentro de la misma realidad que la mayoría de los nicaragüenses experimentan? La repuesta, sin lugar a dudas, es no. Antes de concluir los términos del servicio público por los que fueron electos, o designados, en la gran mayoría de los casos, el patrimonio personal del político nicaragüense, se incrementa vertiginosamente y, no existe relación entre los sueldos y otros beneficios que nosotros le concedemos, con la acumulación de las riquezas que estos ostentan abierta e ilegalmente a través de subterfugios legales que realizan para tratar de evitar ser descubiertos.
Es por eso que al aplicar la noción del “inconsciente colectivo” del que nos habla Carl Gustav Jung en su obra “Lo inconsciente”, páginas 83-85; la gran mayoría de los nicaragüenses desconfiamos de las organizaciones políticas criollas y de los injertos foráneos ideológicos introducidos por estos a la vida política nacional. Las organizaciones políticas criollas han atrasado considerablemente el desarrollo integral de nación por los errores e ilícitos cometidos por sus dirigentes.
Aunque este artículo sólo trata sobre la explotación por parte de los partidos políticos en nuestra vida de nación, y no profundiza sobre los remedios necesarios, tan solo puedo exteriorizar que en realidad, los únicos responsables de todas estas anomalías y crímenes, somos nosotros los nicaragüenses que permitimos que una minoría corrupta, sin la preparación académica que requiere el manejo de la cosa pública, y carentes de moralidad colectiva o individual, dirija tanto la vida pública como la vida institucional privada.
¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para terminar con este mal endémico que nos mantiene en la ignominia, la explotación y opresión?
Para comenzar, la desobediencia civil organizada. Este mecanismo ha demostrado en la historia mundial, ser un arma efectiva. Organizarse para negarse a obedecer, para no pagar impuestos, para no votar, para exigir el respeto de los derechos humanos, para exigir nuestra dignidad de nación, para terminar con las organizaciones coercitivas del estado que los mantienen en el poder y permiten la explotación de los ciudadanos, son algunos de los objetivos alcanzados por otras sociedades civiles organizadas en contra de organizaciones políticas y civiles explotadoras, utilizando el método propuesto.
Así como es necesario exigir que exista, en realidad, la independencia del poder del Estado nicaragüense, es imperante exigir mecanismos de mayor control, externo e interno, de cómo se organizan y administran los partidos políticos, de cómo se eligen y postulan candidatos para administrar el gobierno nacional. Las organizaciones políticas y, el Estado, existen por que así lo hemos decido nosotros los ciudadanos y los miembros de esas organizaciones, una vez electos a cargos públicos deben atender a las necesidades de la ciudadanía en general sin ninguna discriminación y sin utilizar la organización política y el estado nicaragüense como un instrumentos de explotación ilegal.
Eventualmente, los dirigentes políticos, las organizaciones políticas y la dependencia y subordinación de los poderes del Estado a la voluntad del “caudillo” de turno, nos conducen en el corto plazo, a otra confrontación armada. La deslegitimación de lo ilegitimo, es la única vía viable. La forma de lograr este objetivo, civil o militarmente, está en directa correlación a la conducta de los partidos políticos explotadores del momento y su contraparte de la iniciativa privada.