Opinión

Urge un diálogo patriótico


La semana pasada el país vivió momentos difíciles de violencia, producto de las ambiciones reeleccionistas del actual Presidente de la República.
Una clarísima disposición constitucional, la contenida en el artículo 147 Cn se lo impide. Dicho artículo establece que “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República el que ejerciere o hubiese ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”. Éste es, precisamente, el caso del Presidente Daniel Ortega.
Frente a esta disposición no tiene ningún valor la sentencia dictada por seis magistrados orteguistas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes para favorecer las ambiciones del Presidente, declararon, sin ninguna autoridad ni fundamento legal, inaplicable dicho artículo. La opinión pública nacional e internacional ha rechazado semejante engendro.
Siempre en la línea reeleccionista, el Presidente dictó en enero pasado, extralimitándose en sus facultades, el decreto 03-2010, por el cual, violando flagrantemente la Constitución, prorrogó el período de los magistrados del CSE, la CSJ y otros funcionarios, mientras la Asamblea Nacional no elija a quienes deban sustituirlos.
En la misma línea reeleccionista, y para tratar de justificar la permanencia en sus cargos de los magistrados y funcionarios a quienes se les venció su período constitucional, surgió el insólito descubrimiento del Presidente de la Asamblea Nacional, quien en una operación de verdadera arqueología jurídica, trató de resucitar el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución de 1987, cuyo carácter fue eminentemente transitorio y dejó de tener vigencia hace más de veinte años.
Ante la falta de razón, vino la apelación a la violencia, cuando los diputados de la oposición, al serles impedido su ingreso al recinto de la Asamblea Nacional por las turbas orteguistas, se reunieron cumpliendo todos los requisitos legales en el Hotel Holiday Inn y procedieron a pasar a la Comisión Judicial de la Asamblea el proyecto de ley que deroga el decreto presidencial 03-2010. Mientras esto ocurría, las turbas apedrearon y morterearon el edificio del Hotel y agredieron a tres diputados que salían del mismo. La violencia orteguista cobró más fuerza al secuestrar por varias horas a los diputados de las bancadas democráticas reunidos en la Casa del Movimiento Vamos con Eduardo.
Es evidente que cuando falta la razón se apela a la fuerza. Eso es lo que vimos la semana pasada.
Como resultado de la voluntad reeleccionista, el país dejó de ser un Estado de Derecho. Las instituciones se han degradado en un nivel quizás nunca antes visto en la historia de nuestra desafortunada Nicaragua. Estamos en presencia de una Procuraduría de Derechos Humanos encabezada por un funcionario que no ha sido electo ni ratificado en su cargo por la Asamblea Nacional; la Contraloría General de la República funciona de facto en manos de contralores a quienes se les venció su período y deberían irse para sus casas; en el Consejo Supremo Electoral, un Magistrado actúa de facto y en la Corte Suprema de Justicia, dos abogados insisten en desempeñarse como magistrados, cuando sus períodos ya concluyeron. Varios Ministros, Viceministros y Embajadores están nombrados de facto, ya que el Presidente de la República, desatendiendo la reforma constitucional que él mismo propició, no ha sometido esos nombramientos a la ratificación de la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, y ante la gravedad de la crisis, se han escuchado voces sensatas que abogan por un diálogo nacional que permita encontrar una vía civilizada a desastrosa situación institucional en que nos encontramos, con grave daño para la imagen del país, la economía y la lucha contra el desempleo y la pobreza. La generosa cooperación internacional, tan necesaria, comienza a retirarse y los inversionistas, nacionales y extranjeros tendrán serias dudas para invertir en un país cuyas instituciones funcionan de facto.
Es absolutamente claro que todo este caos es causado por la pretensión presidencial de perpetuarse en el poder.
La respetable Conferencia Episcopal, en un lúcido pronunciamiento, hizo un llamamiento al diálogo, pero advirtiendo que “sería inaceptable intentar resolver la crisis conspirando a espaldas del pueblo, a través de pactos de cúpulas que buscan solo sus propios intereses y la repartición de cuotas de poder o con medios violentos para intimidar y forzar a pactar”. En un comunicado conjunto de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), AMCHAM y COSEP, manifestaron también su apoyo a la propuesta de diálogo “para la solución de los conflictos políticos, a fin de contribuir al fortalecimiento de la cohesión social y mejoramiento del clima de negocios”.
En principio, nadie que tenga un mínimo de patriotismo, debería estar en contra de la iniciativa de diálogo, siempre que éste no conduzca a un nuevo pacto entre los caudillos, que resuelvan la crisis mediante el reparto de prebendas. Además, tendría que ser un diálogo incluyente, en el que participe el gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil organizada y los sectores empresariales y laborales. Y que no se repita la triste experiencia del Diálogo Nacional de 1997, cuyos acuerdos fueron incumplidos y desembocó en un pacto entre los caudillos.