Opinión

Conveniencias e inconveniencias de las unidades elites


Durante las últimas semanas he leído y escuchado diversas publicaciones y comentarios no oficiales sobre el cierre o compactación de la denominada Unidad Anticorrupción de la Policía Nacional. Desde mi modesta experiencia y conocimiento, no tanto de las causas concretas de tal decisión que son legítimas en la medida de quien decide tiene tal facultad, sino de la naturaleza, origen, conveniencia e inconveniencia de este tipo de “unidades especializadas”, calificada como de “elite”, comparto con ustedes algunas opiniones técnicas. Sobre este asunto, como suele ser común en la discusión de los más disímiles tópicos, según nuestra costumbre cotidiana “todo mundo escupe en rueda”.
Mi posición personal, expresada desde cuando era miembro activo de la Policía Nacional, ha sido y sigue siendo que la existencia de tales unidades y particularmente la antes mencionada, solamente podría ser apropiada si se desarrollaba dentro y no fuera del funcionamiento institucional; su vigencia debía ser temporal y orientada a abordar problemáticas específicas. La ley 228 (1996) establece que corresponde a la Dirección de Investigaciones Económicas DIE (arto. 8, inciso 2 y arto. 24) la investigación de los “delitos económicos” que incluye una amplia gama de tipicidades, entre ellas, las propios de los funcionarios públicos (fraude, peculado, malversación, otros), el contrabando, la defraudación fiscal y aduanera, la legitimización ilegal de capitales y los categorizados como “delitos de cuello blanco”. Esta especialidad nacional existente desde 1982, realiza la labor de inteligencia en ese ámbito, al igual que en lo relativo a drogas lo hace la Dirección de Investigación de Drogas. Ambas áreas de la Policía Nacional deben ser las encargadas de la búsqueda y el análisis de la información que permita conocer y actuar sobre los delitos de corrupción pública, narcotráfico y otros según su competencia. La Unidad Anticorrupción, al crearse en 2006 (aunque inició su concepción desde 1999 como una instancia de coordinación interinstitucional que incluía a Policía, Fiscalía y Procuraduría, terminó siendo una unidad policial operativa), fuera de la Dirección de Investigaciones Económicas, desde mi opinión profesional, creaba mecanismos paralelos e inadecuados a los legítimamente establecidos por la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Las consecuencias de esto podrían ser: la fragmentación del trabajo de inteligencia, la duplicación de esfuerzos y la afectación del funcionamiento de la organización y de la política salarial. La U.A. era parte de la Policía, el personal que la integraba provenía de la misma Policía, sin embargo, recibía, afortunadamente, asistencia técnica, apoyo operativo, medios tecnológicos y complemento salarial de agencias de cooperación norteamericana. Es indudable que el apoyo e intercambio de información es necesario para la Policía, dadas las limitaciones presupuestarias del país, el nivel de desarrollo institucional y la necesidad de la cooperación internacional para enfrentar la creciente complejidad de la delincuencia organizada, nacional y transnacional. El “complemento económico” que se pudiera entregar a los funcionarios, los ubicaba en un nivel distinto al resto del personal de igual categoría, lo cual generaba “incomodidades” internas y desajustes para el traslado y la promoción institucional.
En general, podemos afirmar que las llamadas unidades elites deberían establecerse con un carácter temporal, misiones específicas especializadas y no al margen del funcionamiento orgánico. Aunque el apoyo económico, técnico, y el intercambio de inteligencia con agencias extranjeras (operativas y de desarrollo) son importantes y necesarios, no deberían alterar la dinámica administrativa y operativa interna para no generar distorsiones que después resulta difícil enmendar. En todo caso, debe darse en correspondencia con los procesos legales, organizativos y administrativos institucionales.
Hemos conocido las experiencias de unidades similares para distintos fines (principalmente contra el narcotráfico, corrupción, extorsión, secuestro, etc.) en Bolivia, Guatemala y El Salvador; algunas de ellas, al ser financiadas parcialmente por agencias extranjeras, aunque pueden alcanzar ciertos éxitos operativos, también producen distorsiones internas y fragmentan la organización afectando los resultados operativos, tal y como quedó mencionado en los hallazgos del Diagnóstico realizado a la Policía Nacional Civil de El Salvador (junio 2009). Perfectamente, es posible que estas unidades funcionen con eficacia como grupos operativos especializados dentro de las áreas policiales correspondientes sin crear estructuras adicionales o paralelas, y que sean creadas en el marco de la política criminal del Estado y soportadas principalmente por los recursos institucionales, aunque puedan contar, de ser posible, con apoyo técnico y económico externo, pero sin alterar los procesos organizativos, jerárquicos y normativos internos. Cada país y cada órgano policial (o el sistema de justicia y seguridad), a partir de su problemática delictiva, de la amenaza de algunas formas delictivas organizadas y de alto impacto y complejidad, puede crear tantos grupos operativos especializados, fuerzas de tarea o unidades elites como sea posible y necesario. Indudablemente, deben integrarse, como ha sido el caso de esta Unidad, con funcionarios idóneos, los más experimentados. Ello debe ser producto de la coordinación interinstitucional en el contexto de su política de persecución criminal. La organización policial debe tener la flexibilidad suficiente (pero no excesiva para que no proliferen estructuras dispersas e improvisadas) para hacer y deshacer este tipo de grupos operativos para enfrentar situaciones concretas de su competencia con algún nivel de gravedad sin que se altere la estructura y funcionamiento organizativo establecido en su ley orgánica.
A fin de cuentas, el asunto de la creación o no de este tipo de unidades, su continuidad o modificación, sostenibilidad, eficacia y eficiencia, obedece a los criterios estratégicos que cada estado establezca para enfrentar la problemática delictiva y de inseguridad en el marco del respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.

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