Opinión

La falacia, norma política del orteguismo


El agotamiento de los recursos políticos para imponer sus aberraciones inconstitucionales, ha llevado al orteguismo a utilizar el desesperado recurso de la irracionalidad jurídica para darle vigencia a disposiciones cuya transitoriedad fue agotada veinte años atrás. El orteguismo actúa como si ignorara el cambio de la realidad para la cual se había legislado, y también derogado, por otra disposición transitoria de la misma Asamblea Nacional que había probado el artículo 201 de la Constitución de 1987.
Este absurdo jurídico, contradictorio hasta de la lógica más simple, es al que está recurriendo el orteguismo con respecto al ex artículo 201 de la Constitución Política. Pretende darle vigencia a un artículo eliminado, no por una reforma neoliberal, como le gusta decir, sino por una reforma de la misma Asamblea Nacional de mayoría sandinista que le había dado vida.
¿Por qué la transitoriedad del artículo 201? Porque entonces el país no tenía Constitución Política, pues la revolución había sustituido el orden jurídico somocista con el Estatuto Fundamental de Garantías Constitucionales, cuya vigencia estaba muriendo con el nacimiento de la Constitución de 1987. Por lo tanto, había que crear ese trámite legal en el artículo 201 para el ascenso de los representantes del nuevo régimen: “El Presidente y el Vicepresidente de la República y los Representantes (diputados) ante la Asamblea Nacional, elegidos en el cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, ejercerán sus cargos en el período que termina el diez y el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno, respectivamente.”
¿Y qué tenia debía pasar con las otras autoridades estatales? Lo que prescribió la segunda parte del artículo 201: “Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos, de acuerdo a la Constitución.” La validez de este articulo, terminó en abril de 1990, al tomar posesión las nuevas autoridades.
Un dato que desnuda la falacia orteguista: el secretario de aquella Asamblea Nacional que aprobó y derogó el artículo 201, Rafael Solís, es el mismo señor que con irresponsabilidad y descaro, declaró hace pocos días su voluntad de seguir en el cargo… ¡por respeto a la Constitución!
Para medir la irracionalidad de esta actitud, basta recordar que los hechos posteriores al 25 de febrero del 90, forzaron a la Asamblea Nacional –con el mismo Solís como secretario— a cambiar el artículo transitorio 201 original, por otro artículo transitorio, para ajustarlo a la nueva realidad política: “Arto.201.- Los diputados de la Asamblea Nacional electos el 25 de febrero de 1990, serán instalados por el Consejo Supremo Electoral el 24 de abril de este mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el 4 de noviembre de 1984 y cumplir su propio período conforme el artículo 136 Cn.”
“El Presidente y el Vicepresidente de la República electos el 25 de febrero de 1990, tomarán posesión de sus cargos prestando la promesa de ley ante el Presidente de la Asamblea Nacional el 25 de abril de este mismo año, para finalizar el período de los que fueron elegidos el 4 de noviembre de 1984 y cumplir su propio período, conforme el artículo 148 Cn.”
¿Qué motiva que un presidente y un magistrado protagonistas de los sucesos entre 1987 y 1990, ahora, veinte años después, aleguen algo opuesto? ¿Por qué razón omiten el segundo artículo transitorio muerto el 24 de abril de 1990 para desenterrar y pretender darle vida al primer artículo transitorio, muerto el 6 de marzo de 1990? El único motivo, es la disposición de Daniel Ortega y su camarilla de pasar por sobre cualquier ley jurídica y moral para satisfacer sus ambiciones continuistas.
Las respuestas a las preguntas en torno a este absurdo jurídico-moral pueden ser muchas más, pero todas, al final, reposarían en la misma razón: un orteguismo desesperado por seguir detentando el poder. Y para quien dude de su felonía, aquí está otra prueba: en el texto de la Constitución Política que se terminó de imprimir en abril de 2008, bajo la actual presidencia de Daniel Ortega, no aparece el artículo 201 transitorio original, sino el artículo transitorio –ya también fenecido—, con una nota aclaratoria (impresa dentro de un recuadro con tinta azul), que dice: “Reformado por Ley de Reforma Constitucional para las elecciones del 25 de febrero de 1990, publicada en La Gaceta No. 46 del 6 de marzo de 1990.”
Los orteguistas no sólo desenterraron el muerto equivocado, sino que, además, omitieron la presencia del muerto que tenía encima. No se detienen ante nada, y recurren a las mentiras más inauditas, de las formas más descaradas. Lo han intentado todo y continuarán intentándolo con todo, sin límites ni frenos que atemperen sus absurdos. Están provocando una crisis política durante la cual los falsos opositores vean oportuno acelerar el viejo o un nuevo pacto. Y si no logran eso, ya amenazaron tomar medidas fuera del orden constitucional, como recurrir a lo insinuado por el mismo esbirro jurista: echar al Ejército contra los que defiendan el respeto a la Constitución y las leyes. Para sus violadores, serían los “cabezas calientes”, dignos de represión. Otro absurdo: los ilegales, reprimiendo a los legalistas
La situación anárquica que gesta el orteguismo con sus falacias inconstitucionales, plantea la necesidad de practicar una nueva acción política anti-reelección y pro Constitución, porque sin orden constitucional no valen como paliativos los arreglos políticos de cúpulas, ni las elecciones amañadas, ni siquiera los planes económicos de relativo éxito. ¿Por qué? Porque las áreas administrativas del Estado seguirían sin transparencia, igual que el manejo de la colaboración internacional y la impunidad de la corrupción.
Todo seguiría propicio para las prácticas ilegales, el tráfico de influencias, la confusión de los intereses privados con los del Estado, el amiguismo, el incondicionalismo partidario, el nepotismo y los cargos públicos negociados según la obsecuencia de los candidatos respecto a los caciques de sus partidos. Se plantea, pues, la ruptura definitiva y radical con las prácticas políticas tradicionales que ni la revolución pudo erradicar, sino que más bien un sector de su dirigencia se incorporó a la tradición, y hasta aporta sus propios vicios.
Se trata de una acción revolucionaria –sin más armas que las de la crítica y la presión popular—, que cambie los vicios viejos y nuevos en la función estatal, del gobierno autoritario y excluyente, por nuevos y honestos estilos de un gobierno amplio, democrático, respetuoso de las libertades políticas y de los derechos humanos. Y, al mismo tiempo, un gobierno intolerante con la corrupción, y castigador de los corruptos de acuerdo a las leyes y por medio de tribunales de justicia libres del manipuleo político y partidista actual.
A la falacia orteguista, hay que responder con la legalidad constitucional.