Opinión

El derecho de petición en la vía administrativa como presupuesto del amparo


El Derecho de Petición o Ius Petitum, el ilustre jurista Guillermo Cabanellas lo define como la facultad que algunas constituciones conceden a todos los ciudadanos para dirigir peticiones a los poderes públicos en forma individual o colectiva. Sobre la base de este concepto, nuestra constitución política en su arto.52 consigna este derecho pero a su vez lo subsume a la existencia de un acto condición traducido en la existencia de una litis o proceso contencioso, en donde se discuta el “tuyo o el mío” (causa petendi), en el sentido expreso de que se concede al ciudadano el derecho de obtener una pronta resolución y que se le comunique lo resuelto en los plazos que la Ley establezca.
Como puede observarse, esta disposición así como muchas otras contenidas en nuestra Carta Magna son de carácter programático, es decir, sujetas en su aplicación a la posibilidad real y material de que una Ley Ordinaria regule esa materia. En este caso, se colige que el derecho de petición también está condicionado al agotamiento de ciertas etapas y procedimientos específicos establecidos por leyes aplicables según el caso objeto de la petición, porque si esto no fuese así, las normas programáticas constitucionales tendrían que ser cumplidas por el Estado en forma absoluta e inobjetable.
Por ejemplo, si bien es cierto que la Constitución Política de nuestro país permite la libre movilización por motivos de concentración y protesta política, ese derecho no puede ser ejercido en forma absoluta y discrecional por parte de los particulares, ya que se debe solicitar permiso a las autoridades competentes para que la marcha, concentración o manifestación se lleve a efecto.
Es decir, el Derecho de Petición para su pleno ejercicio se encuentra condicionado a la remoción de un eventual impedimento legal en beneficio de un particular, para que éste pueda disfrutar de ese derecho preexistente, cuyo ejercicio se encuentra restringido por razones del deber de tutela del interés general. De manera que sólo hasta que el sujeto beneficiario satisface determinados requisitos es que la Administración permite el ejercicio de ese derecho previo.
En tal sentido, también el Derecho de Petición es aplicable con relación al cumplimiento de los plazos y procedimientos que la ley establece en los casos de reclamo del particular contra la Administración, para poder hacer uso de la vía jurisdiccional una vez agotada la vía administrativa; de tal forma que jamás podría tener asidero jurídico el afirmar que el agotamiento de la vía administrativa con relación al Derecho de Petición es inconstitucional, antes bien, el Derecho de Petición en sede administrativa, se fortalece aún más por el uso de los mecanismos de resolución de controversias de este tipo en la vía administrativa y posteriormente en la vía jurisdiccional.
El amparo, por su parte, es una institución jurídica de control constitucional que se ve reflejado en un procedimiento independiente y de carácter contencioso, de cuyo objeto se desprende el invalidar cualquier acto emanado de la Administración que inobservando las garantías constitucionales cause perjuicio al gobernado.
La Ley No.49, conocida como “Ley de Amparo,”tiene por objeto de conformidad con su arto.1 el regular los recursos por inconstitucionalidad, amparo y exhibición personal (habeas corpus). En el arto.3 de dicha norma se establece que el recurso de amparo procede en contra de todo acto, disposición o resolución emanado de cualquier autoridad, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.
El escrito de amparo del recurrente debe contener su nombre, nombre del causante del agravio, disposición o acto causante del agravio, las leyes constitucionales presuntamente infringidas, la legitimidad de personería, el haberse agotado los recursos ordinarios y señalamiento de domicilio conocido.
Si estos presupuestos de admisibilidad no se cumplen, su admisión equivale a un acto de prevaricación por parte del órgano jurisdiccional, de manera que habría evidente violación de la misma Ley de Amparo, y por ende, la sentencia posterior que se refiere al fondo de la litis es nula e inexistente.
Sin embargo, en el supuesto caso de que el recurso de amparo cumpla con los presupuestos de agotamiento de la vía administrativa, es necesario que la sentencia del tribunal sobre el fondo de la litis, armonice la base legal concomitante al cumplimiento del fallo con las condiciones materiales que posibiliten su ejecución; por cuanto si bien es cierto, el amparo al ser la expresión concreta del ius petitum como uno de los principales medios e instrumentos de control de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, también lo es, la plena certeza de la preeminencia del interés general representado en el Estado sobre el particular, de modo que la jurisdicción debe con sumo cuidado observar que su fallo en aras de otorgar la efectiva tutela del recurrente no lesione, por ejemplo, el peculio nacional, el cual es parte integral del interés general.
En todo caso, si esto llegare a concretarse, como anteriormente se hizo con un fallo descabellado de ese tipo ocurrido en el año 2006, en el que se dejó sin efecto la vía administrativa como presupuesto necesario del ámbito jurisdiccional, tanto dicho acto como sus efectos, serían ilegales, ilícitos e inexistentes; y como lo que no existe, es improbable que sea de ineludible cumplimiento, los órganos afectados por la nonata sentencia antes referida solamente están obligados a cumplir con lo que preceptúan nuestra Carta Magna y las leyes de la República.

El autor es Abogado y Notario*
Máster en Administración Pública.