Opinión

El Nuevo Diario y las cédulas


Salvo en circunstancias especiales, no debe ocultar o disimular su calidad de periodista para lograr informaciones que de otra
manera se la hubieran negado.

Niceto Blázquez

El resultado de las indagaciones efectuadas por el equipo periodístico de El Nuevo Diario, encabezado por Carlos Larios, relacionadas con la existencia de casas de citas, donde adolescentes y menores son prostituidas, reveló la existencia de otro tipo de corrupción: otorgar cédulas personales en el Consejo Supremo Electoral, sin requerir los documentos necesarios para realizar legalmente la emisión de este documento. Los alcances de la investigación muestran distintas aristas de un mismo fenómeno. A la adulteración de cédulas con el ánimo de beneficiar a los partidos políticos, un tema permanentemente denunciado en los medios escritos, radiales y televisivos, El Nuevo Diario ha venido a poner en evidencia que el mal es todavía mucho mayor.
El silencio de las autoridades del Consejo Supremo Electoral, cuando se hicieron las primeras denuncias y constataciones, fue la peor manera de enfrentar la situación. La condescendencia con que actuó este poder del Estado, ha resultado demasiado costosa para sus propios intereses. Uno de los peligros más grandes que se ciernen sobre Nicaragua, viene a ser el acecho que mantienen las organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Sus intentos por tratar de penetrar, halagar, extorsionar, comprar e inclinar a su favor a los diferentes aparatos de Estado, incluyendo a la Policía y Ejército Nacional, han sido reiterados. El caso de Walpa Siksa mostró la fragilidad de la Dirección General de Cedulación. Para operar con impunidad, el colombiano Amaru Paud Ruiz, logró forjarse una identidad nicaragüense. Desde ese mismo momento la luz roja quedó encendida.
La Policía Nacional encontró cédulas emitidas por la Delegación Departamental de Masaya. Las denuncias exigían un proceso amplio, orientado a conocer y desterrar el mal. Una grave equivocación de los medios fue no dar seguimiento a este descubrimiento. Desde entonces se requería una indagación a fondo. El tema del narcotráfico figura como una de las preocupaciones más sentidas en la agenda nacional. El llamado de las autoridades ha sido el combate abierto, franco y decidido, para evitar que Nicaragua quede atrapada en las redes de los carteles de la droga. Se trata de una inquietud compartida por todos los países del mundo. El énfasis mediático ha estado centrado básicamente en poner en alto relieve a Centro América como zona de paso hacia los Estados Unidos.
El avance progresivo de las diferentes organizaciones de narcotraficantes en el istmo centroamericano, revela interés por crear bases permanentes en la región. Las autoridades del Ejército y la Policía han insistido que para maniobrar exitosamente, los narcotraficantes requieren de la complicidad de distintos estamentos sociales, administrativos, políticos, judiciales, militares y policiales. Nadie está a salvo de sus asedios. La derrama de dólares, en un país empobrecido, donde los empleados y funcionarios devengan bajos salarios, los operadores locales de estas redes buscan como cooptarlos con ofertas tentadoras. La experiencia continental muestra que han sido capaces de seducir a presidentes de la república, altos mandos del ejército y la policía; así como también a funcionarios de distinto rango. La entrega de grandes sumas de dinero constituye el principal mecanismo de captación de jueces y magistrados, políticos y funcionarios, policías y militares.
En diversas ocasiones los mandos policiales han advertido los riesgos que supone para Nicaragua que los narcos logren establecer una cabeza de playa en el territorio nacional. Frente a esta realidad la labor de fiscalización de los medios debe multiplicarse. Aunque el trabajo periodístico no es similar al que despliegan los órganos policiales, se parecen en cuanto ambos se proponen evitar que el tejido social nicaragüense se engangrene. Ambos tratan de prevenir la catástrofe. Los hallazgos recientes de El Nuevo Diario merecen ser analizados a profundidad, tanto por el Ministerio Público como por la Policía Nacional. La existencia de centros de perversión de menores, continúa creciendo a lo largo y ancho del país, disfrazada bajo diferentes formas y modalidades.
En este contexto el centro de la atención debería estar dirigido a desenrollar el ovillo descubierto por El Nuevo Diario y no a enjuiciar a la joven Daysi Ramírez Larios, quien tuvo la valentía de comprometerse en la investigación periodística con la finalidad de demostrar – no había otra manera de hacerlo - el comportamiento irregular en que incurren algunos funcionarios de la Dirección General de Cedulación, cuyas acciones violentan la seguridad jurídica del mismo Consejo Supremo Electoral. Se trata de un delito grave de consecuencias múltiples e irreversibles, piedra de escándalo de una organización en la que pocos creen, debido a la falta de independencia con que actúa y a la lenidad de algunos funcionarios. Nadie está más llamado a volver por su prestigio, que las autoridades supremas de este poder del Estado.
En un país literalmente de niñas y adolescentes, las constantes denuncias formuladas por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de la niñez, alcanzan un matiz especial cuando se refieren a casos de proxenetismo y tráfico de menores. El envilecimiento y ultrajes a su dignidad producen lesiones incurables. Lo ocurrido en la ciudad de Granada resulta emblemático. La pornografía infantil ha estado presente en los titulares de los periódicos y en los noticieros de radio y televisión. Llama la atención que estas instituciones no se hayan manifestado sobre el tema. El Código de la Niñez y Adolescencia responsabiliza al Estado en garantizar el desarrollo pleno -libre de lacras- de la niñez, adolescencia y juventud nicaragüense. La saga escrita por el periodista Carlos Larios, constituye una advertencia que la sociedad nicaragüense debe tomarse muy en serio.
El saneamiento institucional en este poder del Estado se impone. No se puede confiar en funcionarios proclives a entregar cédulas alteradas a sabiendas que transgreden la ley, además de conocer de antemano los efectos perniciosos de sus actos. Las autoridades del Consejo Supremo Electoral erraron de tiro. En vez de sentar un precedente encaminado a restituir la credibilidad pérdida, actuaron de la manera menos esperada. Metidos en una crisis de la que no logran salir, optaron por acusar a la joven Ramírez Larios, obviando que las personas que emitieron la cédula tenían que solicitarle de previo su partida de nacimiento. ¿Se han preguntado porqué no lo hicieron? ¿Acaso no resulta sospechosa su conducta? ¿Esta es la forma en que proceden para emitir las cédulas?
Una de las tareas fundamentales de las oficinas de prensa y relaciones públicas, es la manera que manejan las crisis. Su existencia se justifica en la medida que contribuyen a mantener o mejorar la imagen de las instituciones para quienes laboran. Desconozco lo que recomendó el periodista Félix Navarrete, en su carácter de Jefe de Prensa del Consejo Supremo Electoral. Por lo visto, leído y escuchado, su incidencia ha sido tangencial o casi nula. ¿Será que no atienden sus consejos? ¿Su labor se ve entorpecida ante la creencia equivocada de algunos funcionarios que piensan que el trabajo desarrollado por las oficinas de prensa resulta secundario? ¿Parten del criterio de que ya nada queda por hacer con los medios, porque suponen que se trata de campañas mediáticas encaminadas a desprestigiar aun más al Consejo Supremo Electoral, pese a las evidencias encontradas? ¿Entre sus recomendaciones figura la separación definitiva de los funcionarios que actuaron indebidamente poniendo en entredicho la pureza con que debe manejarse la entrega de cédulas?
El caso ameritaba una reacción enérgica de las autoridades superiores del Consejo Supremo Electoral, para disolver cualquier vestigio de complacencia y evitar situaciones como las que están viviendo ahora; para que jamás vuelvan a presentarse. Su defensa ha sido pobre. Con su actitud parecieran avalar los señalamientos de los partidos políticos y organizaciones de observación electoral, que en distintos momentos han puesto en tela de duda la honradez de los funcionarios encargados de emitir las cédulas. Tampoco deben obviar las recientes denuncias de casos similares en la Costa Caribe, con la finalidad de favorecer a determinada fuerza política, en la elección de las autoridades regionales el 7 de marzo de 2010.
En términos estrictamente mediáticos, la investigación de El Nuevo Diario ratifica la importancia que tiene para la sanidad de Nicaragua, continuar propiciando e impulsando el periodismo investigativo, esa forma superior de fiscalización de los poderes públicos y privados que tantos beneficios genera, guardando siempre principios éticos. Actitudes como estas únicamente se justifican cuando está comprometido el interés público. Es en estos casos excepcionales que los periodistas pueden ocultar su identidad. Pero jamás debe abusarse de este método. La acusación contra la joven Ramírez Larios, lejos de abonar en la confianza de los nicaragüenses hacia la institución encargada de contar los votos, viene a ensombrecer la transparencia con que debería actuar. La ciudadanía sabe leer entre líneas. Sabe que cuando se revienta el pus, hay funcionarios que en vez de buscar la cura del enfermo, acusan de manera errónea y precipitada a quienes descubren y diagnostican las purulencias existentes sobre el cuerpo social, político, económico y jurídico de Nicaragua. ¿Habrá manera de curar este otro mal?